Desde casi el primer día las máximas autoridades del Gobierno anticiparon su propósito de encarar una profunda reforma tributaria y laboral como caminos obligados para allanar el tránsito de las inversiones productivas e infraestructura a lo largo y ancho de todo el país.

Sin embargo, pasado el primer año de gestión, la llegada de inversiones productivas, principalmente del resto del mundo, no logró pasar más allá de las primeras planas de algunos diarios y de la página de internet de cabecera del ahora Ministerio de Hacienda que encabeza Nicolás Dujovne.

Peor aún, ya próximo a terminar enero, ese site no acusa variación de los 59.511 millones de dólares que ya había alcanzado antes del cierre de 2016, cuando esa cartera estaba al frente de Alfonso Prat-Gay.

En el informe reservado 35 que circula por las oficinas de la Casa Rosada y también por los 21 ministerios desde el inicio de la primera quincena de enero, por el contrario, se resalta el boom de inversiones extranjeras directas, con un crecimiento de 93%, a paupérrimos 2.605 millones de dólares, cuando en realidad sumaron poco más de seis mil millones de dólares, casi la mitad de los 11.979 millones de dólares que registró el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en 2015 en el resultado final del balance de pagos.

A la espera de los beneficios del cambio

Semejante contracción de la IED tiene diversas explicaciones, pero una es contundente: los inversores esperan que el Gobierno logre la aprobación legislativa de los proyectos que prevé enviar al Congreso de las reformas tributarias y laborales, sobre todo después de que no se cumpliera la intención del presidente Mauricio Macri de incluirlas en las pautas del presupuesto 2017, para asegurar no sólo rentabilidad a los proyectos, sino principalmente allanar el camino a la ganancia de competitividad, independientemente del nivel de un tipo de cambio que se ha decidido que se mueva por debajo de la tasa de inflación, para favorecer la denominada “baja de la nominalidad de la economía en su conjunto”.

El presidente Mauricio Macri había manifestado su intención de incluir las reformas tributaria y laboral en el presupuesto 2017, pero se atrasó
Si bien se trata de un viejo reclamo de los sectores de la producción, y en especial de los que tienen aspiraciones de conquistar mercados de exportación, el anuncio exageradamente anticipado de esas iniciativas, lejos de constituir una señal positiva para elaborar proyectos en perspectiva, parece haber generado el costo de diferir la ejecución de los planes que están en estado avanzado, porque se sabe que cualquier medida que se tome no tendrá efecto retroactivo.

De ahí que en general pareciera que las empresas, que en conjunto anunciaron proyectos para el cuatrienio 2016 a 2019 por casi sesenta mil millones de dólares, de los cuales unos 45 mil millones corresponderían a inversiones extranjeras directas, decidieron esperar para iniciar su ejecución.

Las escasas excepciones serían los casos de emprendimientos que ofrecen amplias tasas de retorno y de quienes consideraron ventajosos los efectos de la fuerte desaceleración de la tasa de inflación, y consecuentemente de las tasas de interés, más alguna baja de la presión tributaria, para el caso de las pymes, que se les dio más plazo para liquidar el pago de IVA, y de ese modo pudieron neutralizar el efecto de la apreciación cambiaria, del orden del 5% real según las estimaciones del Banco Central (luego de la significativa devaluación inicial que representó la unificación del mercado de cambios en el primer mes de Gobierno).

Por tanto, si el Gobierno quiere realmente impulsar la inversión productiva, más allá de la inercial vinculada con la necesidad de reposición del agotamiento de los equipos y las tecnologías, se considera fundamental que avance aceleradamente con medidas concretas que contribuyan a la disminución de la presión tributaria y el alto costo laboral.

Pero, además, pareciera necesario abandonar el gradualismo fiscal y acelerar el proceso de reducción del déficit de las finanzas públicas, porque un gasto público que volvió a crecer a un ritmo más acelerado que el de los recursos corrientes, incluido el aporte extraordinario del blanqueo de activos, provocó que el desequilibrio prácticamente se duplicara, esto es, creció más del doble que la tasa de inflación, contribuye a generar incertidumbre, que es el principal enemigo de la inversión en la economía real, porque es mayor que el riesgo de tal o cual negocio.

 

Por Daniel Sticco