Hasta hace muy pocas horas, Jaime Durán Barba, y su aliado Marcos Peña habían impuesto la Agenda Política que llevaba adelante el Gobierno de Mauricio Macri en las primeras semanas de gestión del 2017. Se trataba de una sucesión de anuncios que mostraban que el macrismo había decididos que la urgencia electoral era la que marcaba el ritmo de las iniciativas lanzadas.

Para muchos, era la confirmación de que la Administración Macrista había tomado conciencia que no podrá seguir gobernando desde una posición de debilidad política los próximos años y, menos, perpetuar al “proyecto”. Por eso necesitaba concentrar su apuesta en obtener un triunfo en la próxima elección legislativa. Sin embargo, todo parece haber cambiado durante el fin de semana. Veamos la secuencia de los hechos.

Con el regreso de Mauricio Macri de sus primeras vacaciones, el primer paso fue lanzar propuestas que diferenciaron a “Cambiemos” y al macrismo del resto de las fuerzas políticas. Se comenzó con el proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal de los menores, luego la decisión de no llamar a Sesiones Extraordinarias e imponer políticas públicas por DNU y con ese instrumento legal se avanzó con la eliminación de los “feriados puentes”, creando una disputa alrededor de la movilidad o no del 24/03, el 02/04 y el 20/06.

No importaba si los anuncios tuvieran ejecución verdadera o no. Si el DNU sobre migraciones es impracticable sin la reforma de la ley del Programa de la Patria Grande… ya se verá. Si el DNU sobre accidentes de riesgo de trabajo es impracticable mientras siga en firme un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que eliminó el nomenclador de las ARTs… es cuestión del futuro. Si el DNU sobre feriados-puente colisiona con todo el espacio ‘progresista’ con el que mantiene un complejo de inferioridad todo el mundo PRO, y en el choque siempre pierden los de color armarillo…. Durán Barba no está para esas nimiedades.

Hasta ahora, tanto el macrismo como el kirchnerismo usaban la polarización para crear identidad e impulsar a los votantes para que opte entre una y otra fuerza. Ese era el gran mandato 2017, en especial para canibalizar al Frente Renovador, que quedaba atrapado en la avenida del medio. Al PRO, esta estrategia le permitía seguir teniendo la mayor concentración del poder de decisión dentro de “Cambiemos”; y al Frente para la Victoria y sus aliados, les permitía pararse como claros opositores al Gobierno. De esta forma, dejaban al peronismo y al massismo como protagonistas menores de la discusión electoral y los obligaban a ponerse de un lado u otro en la discusión.

La inseguridad fue el siguiente foco hacia donde el oficialismo decidió apuntar todos sus cañones. El Gobierno sabe que necesita una rápida reactivación, aumento de poder adquisitivo del salario y suba del consumo para que una parte importante del electorado (aquella que vota con el bolsillo como principal impulsor de sus decisiones) se vuelque hacia los candidatos de “Cambiemos”. Sin embargo, hasta que los “brotes verdes” sean realidad y la recuperación se convierta en crecimiento real, otras demandas de la sociedad deben ser cubiertas para ganar su voto y la inseguridad ha sido una constante en el reclamo de los ciudadanos desde hace más de 20 años, en especial, entre actuales votantes macristas.

El avance del “garantismo” mal entendido, acompañado por los profundos “bandeos” económicos y las permisivas norma inmigratorias, sumado el desembarco de grandes grupos de traficantes de droga o productores de drogas sintéticas, han hecho aumentar en forma constante el nivel de delito. En ese marco, todos los gobiernos desde 1989 han intentado “reformas”, que en el mejor de los casos fueron “parches”, más o menos bien intencionados, mal o muy mal ejecutados.

Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri, sin hacer grandes promesas, pero tomando medidas y decisiones en diversos frentes, aparece como apuntando al tema inseguridad en forma integral, dado que no sólo promueve cambios en el Código Penal, sino también en los Códigos Procesales Penales de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, sino que suma normas de endurecimiento a nivel migratorio, buscar urbanizar villas y asentamientos (regularizando su funcionamiento), intenta integrar a los vecinos no delincuentes de esos barrios, pone énfasis en cubrir las cientos de vacantes que hay en el Poder Judicial y da incentivos para juzgar a aquellos jueces que aparece como corruptos o garantistas (con posiciones “pro reo”).

En ese sentido, quién mejor encontró el “relato” para hacer “palpable” las modificaciones fue el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, quien explica la reforma judicial como parte de un proceso de “atender a la víctima”, en vez de seguir dando ventajas para que los delincuentes obtengan rápida libertad, como se reveló esta semana al explicarse que en territorio bonaerense, hay hasta 8 instancias para que la persona que delinque pueda obtener una libertad provisoria.

A decir verdad, los legisladores bonaerense han sido muy favorables hacia las necesidades de los delincuentes en los últimos 20 años (todos ellos gobernados por el peronismo). Por ejemplo, desde la reforma que llevó adelante León Carlos Arslanián en 1998 en la Provincia de Buenos Aires (tema que lo obligó a presentar su renuncia un año más tarde, ante el pedido del candidato a Gobernador Carlos Ruckauf al Gobernador en funciones, Eduardo Duhalde), la Legislatura Bonaerense introdujo 30 modificaciones en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, en ninguno de los casos, pensando en la víctima o en punir más duramente al delincuente.

María Eugenia Vidal ya envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para introducir la figura legal del “arrepentido” y creó una Comisión para la Reforma Integral del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires que debe dar a conocer un nuevo texto antes del 15/09. Ahora promete otro proyecto de ley para reformular los “habeas corpus” para devolverlos a su sentido original (hoy se usan para cuestionar decisiones judiciales) y la reducción a no más de 3 o 4 instancias las posibilidades de apelación de un fallo.

Pero más allá del esfuerzo que pongan la Casa Rosada o la Gobernadora de Buenos Aires, queda pendiente conocer la voluntad de los legisladores nacionales y bonaerenses, que en principio, prometen ir en contra de las últimas medidas que tomó Mauricio Macri a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia y, en territorio bonaerense, falta conocer hasta qué punto el panperonismo quiere “regalar” a María Eugenia Vidal la concreción de su Agenda Legislativa en temas judiciales, dado que eso le puede aportar votos en las próximas elecciones.

Sin embargo, ante la llegada de las encuestas de la última semana, algo parece haber cambiado dentro de la estrategia oficial, dado que ahora se sostiene que Mauricio Macri firmará el lunes un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia para restablecer como feriados fijos el 24/03, el 02/04 y el 20/06, tal como habían reclamado organizaciones de derechos humanos, grupos de ex combatientes de Malvinas, gobernadores e intendentes peronistas, empresarios del sector turísticos y hasta el presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, José Corral, un “pichón” de Ernesto Sanz, uno de los socios mayores de “Cambiemos”.

¿Es verdad que el giro presidencial se produjo porque el ministro de Turismo, Gustavo Santos, un extraño radical delasotista de Córdoba amenazó con la renuncia ante el cambio del cronograma de los feriados, sin ser consultado? ¿O se tomó la medida porque fuentes parlamentarias indicaban que la oposición ya tenía los votos para no aprobar el DNU sobre cambio de feriados, junto con los cambios migratorios?

Cualquiera sea el caso, Mauricio Macri y el Gobierno del PRO volverá aparecer como cediendo a las presiones opositoras, dando una muestra de debilidad que ningún bien le hace al oficialismo y al Poder Ejecutivo en un año electoral, donde “Cambiemos” tiene que sumar la mayor cantidad de votos y de legisladores que se puedan obtener.

Poco antes de este giro, desde la Casa Rosada minimizaban las voces que se oponían al cambio de las tres fechas mencionadas para convertirlas en móviles. Decían que les servía al Gobierno en uno de sus objetivos claves en esta campaña electoral: mostrarse con debilidad legislativa, para reclamar el voto independiente, antiperonista (que todavía existe) y antikirchnerista para consolidar su bancada. Incluso, se sostenía que había un tema que la oposición no tenía en cuenta: Según las normas constitucionales, los Decretos de Necesidad y Urgencia rechazados por la Comisión Bicameral, hasta que no son votados en contra por ambas cámaras legislativas, siguen teniendo vigencia legal… aunque con estos DNU los recursos de amparo vienen al trote.

A lo largo de 2016, Mauricio Macri firmó 22 DNU que fueron validados por la Comisión Bicameral de Seguimiento. Pero hubo 5 que no pasaron el filtro de aliados y opositores y obligaron al Gobierno a tener que abandonar los temas tratados o a cambiar la forma de legislarlos, como fue la elección de dos nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, una modificación al Presupuesto Nacional, la eliminación de los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos, la promulgación parcial del Régimen Previsional para excombatientes y uno que dejaba sin efecto el Régimen Especial para Pequeños Refinadores. Pero como ninguno de los DNU rechazados fue votado en contra por ninguna de las dos cámaras, los mismos siguen teniendo vigencia y se aplican con más o menos fuerza.

Nadie tenía muy en claro cuántos votos aportarían al oficialismo esta estrategia de choque que había fijado Jaime Durán Barba, en complicidad con Marcos Peña, para la Agenda Política del Poder Ejecutivo, pero lo que sí es seguro, es que ahora Mauricio Macri ha vuelto a quedar como un Presidente de la Nación al que es fácil doblarle el brazo. Algo muy grave ante un peronismo que cuando “huele sangre” no suele tener piedad con los oficialismos de turno. Si no, que el asesor ecuatoriano le pregunte a Raúl Ricardo Alfonsín o a Fernando de la Rúa. Incluso, a Eduardo Duhalde.

Los riesgos de este cambio de estrategia son dos. Por un lado, que el peronismo supere sus divisiones internas ante un oficialismo débil que sería fácil de derrotar en las urnas. El otro es que la sociedad perciba a Mauricio Macri débil y ponga en duda la gobernabilidad.

El duranbarbismo actual coloca la figura del Presidente de la Nación lejos de lo que los argentinos tienen en sus mentes como la imagen de un Mandatario. No sea que por “humanizar” a Mauricio Macri, se le termine por “inyectar” una debilidad política que no tiene, ni puede darse el lujo de tener, si quiere terminar su mandato y competir por uno más. Arturo Humberto Illia sufrió este problema y terminó de la peor forma. No sea que el consultor ecuatoriano y estos cambios de estrategia terminen por ser como jugar con fuego y dañen más de lo que beneficien.