El Sector Público Nacional (SPN) registró en mayo un resultado primario deficitario de $251.287 millones, se multiplicó casi por 10 respecto del registrado un año antes, pese a que la inflación se redujo a menos de 45% en ese período. El pago de intereses de la deuda pública ascendió a $56.932 millones, y elevó el rojo financiero a $308.219 millones.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional sumaron $328.120 millones, apenas se elevaron 2,4%. Al respecto, el informe de la Secretaría de Hacienda destaca: “Este comportamiento de los recursos está explicado por los efectos contractivos del ASPO sobre los volúmenes de producción, consumo, inversión y comercio exterior. En ese sentido, los ingresos tributarios retrocedieron 3,3% respecto a mayo de 2019 (caída de 36,2% de los derechos de exportación, 7,9% de la recaudación de IVA –neto de reintegros– y 5,1% del impuesto sobre los débitos y créditos)”.

Contribuyeron a disminuir semejante efecto negativo en términos reales de más de 29% el desempeño de los ingresos tributarios, los ingresos no habituales por el vencimiento anual de bienes personales declarados fuera del país, ascendió a $2.705 millones (subió 1.191%), y el impuesto PAIS que no existía el año anterior, el cual aportó $6.774 millones.

Por el contrario, el gasto primario virtualmente se duplicó en los últimos 12 meses, sumó $579.507 millones, como consecuencia principalmente de “las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional para sostener los ingresos de las familias ($80.000 millones), el empleo y la producción y compensar la caída de recaudación de las administraciones provinciales ($53.327 millones”, explicó la Secretaría de Hacienda.

Claramente, se repitió el escenario de los dos meses anteriores, cuando el Gobierno nacional decretó desde el 20 de marzo la cuarentena, con el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), porque derivó en el plano de las finanzas públicas en un movimiento de pinzas: por un lado fuerte disminución de los recursos tributarios y por el otro, notable incremento del gasto social derivado de las medidas paliativas que implementó el Gobierno para los sectores más vulnerables.

El informe diario de ejecución del Presupuesto de la Administración Central ya había anticipado un severo deterioro de las finanzas públicas, con 43,3% del total previsto para todo el año, según las partidas autorizadas hasta el presente por un total de $5,65 billones.

Cabe notar que al 31 de mayo al cabo de los primeros cinco meses de 2020 la Administración Central usó $2,45 billones del monto autorizado para el ejercicio de $5,65 billones, aunque en términos base caja, es decir efectivamente pagados en el período, totalizó $2,08 billones. En tanto los ingresos percibidos ascendieron a $2,17 billones.

El movimiento base caja del Sector Público No Financiero, esto es el resultado de ingresos percibidos y gastos efectivamente pagados, acumuló en los primeros cinco meses de 2020 un saldo negativo de $604.836 millones que contrastó con el superávit de $36.819 millones de un año antes; mientras que el financiero, con el agregado del pago del servicio de intereses de la deuda pública, concluyó con un déficit de $898.969 millones, multiplicó por 4,1 el registrado en igual tramo de 2019. Representó el equivalente a 4% del PBI.

Junio recargado

Aumento de jubilaciones de 6,12%, mucho menos que lo que hubiese correspondido por segunda vez en el año con la suspendida Ley de Movilidad de las Jubilaciones y Pensiones; más el pago del medio aguinaldo, juntamente con la extensión del pago del Ingreso Familiar de Emergencia a unos 9 millones de beneficiarios. Inicialmente para los perceptores de la Asignación Universal por Hijo, y desde mañana el resto que completó el registro de la Clave Bancaria Única (CBU).

Mientras que los ingresos tributarios mantienen la tendencia fuertemente contractiva de los dos meses previos, por ahora en el rango de 24% real, según la estimación preliminar del Instituto de Análisis de la Realidad Fiscal (Iaraf) que dirige el economista Nadín Agañaraz.

Nuevamente, el derrumbe de la actividad productiva y comercial que provocaron no sólo la extensión de la cuarentena, sino también, en el caso de las actividades que se fueron flexibilizando, los protocolos muy rigurosos, tanto en lo que respecta al distanciamiento de las personas, como al desplazamiento en medios de transporte público y, en el caso de los vehículos particulares, en el paso jurisdiccional, porque afectó tanto la demanda como la oferta de productos finales y de uso intermedio en la cadena industrial.