Buenos Aires, Argentina
28/03/2020, 10:04 am
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La incertidumbre que genera la estrategia para reestructurar los vencimientos de la deuda pública llevó al presidente Alberto Fernández a comenzar el 2020 con las limitaciones de gastos y recursos previstas para el año anterior

Con datos al 29 de enero, la oficina de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía llevaba contabilizado en la ejecución de los programas de la Administración Central partidas por $110.176 millones, equivalente a sólo 2,27% del total permitido para el año y 38,8% de lo comprometido para el primer mes del año. Y de ese total únicamente había pagado 19,3%, menos de 1 cada 5 pesos devengado.

Sobre un Presupuesto de $4,86 billones para 2020, la partida comprometida para enero se fijó en $284.116 millones, equivalente a 5,85% del total; mientras que se estimaron recursos por $3,97 billones, de los cuales se llevaban ejecutados al 29 de enero 8,37 por ciento.

Claramente, el singular grado de subejecución del Presupuesto al comienzo de un gobierno se explica por la demora natural que lleva cubrir los cargos relevantes que hacen al funcionamiento de los diferentes organismos y Ministerios del Estado Nacional, al punto que diariamente el Boletín Oficial da cuenta de nombramientos con retroactividad al 1 de enero a nivel de direcciones nacionales generales.

Pero también la estadística de Hacienda refleja con nitidez el efecto del mensaje que desde el primer día dio al periodismo en conferencia de prensa el ministro Martín Guzmán de avanzar hacia el objetivo de equilibrio de las finanzas públicas, al menos previo al pago de intereses de la deuda pública, más allá de la limitación que se impuso el presidente Alberto Fernández de no tratar el Presupuesto 2020 hasta que se defina la reestructuración de la deuda pública.

Y si bien en general se advirtió una generalizada austeridad en la ejecución de las partidas presupuestarias, en los primeros 29 días de enero el informe diario de Hacienda permitió advertir diversas áreas activas en el uso de los recursos comprometidos para el mes. Se destacan, en términos relativos, pero también del monto de los programas para todo el año fiscal:

Obligaciones a cargo del Tesoro: Acuerdo Nación-Provincia, Ley 27.260 de Reparación Histórica a Jubilados, por $13.807 millones, aunque aún no pagado, con un grado de ejecución del 51,51%;

Asistencia Financiera a Empresas Públicas y otros entes del Ministerio de Obras Públicas $1.050 millones; 8,91 por ciento;

Anses: Pensión Universal para el Adulto Mayor 11,21%, con $2.048 millones, de los cuales pagó $1.937 millones; significó el 11,21 por ciento;

Ministerio de Educación: Desarrollo de la Educación Superior $12.437 millones, 8,33%, equivalente a la doceava parte del año, aunque aún no hizo efectiva la liquidación a los beneficiarios;

Agencia Nacional de Discapacidad: Pensiones no Contributivas por Invalidez Laborativa $15.167 millones, 11,87 por ciento;

Ministerio de Desarrollo Social: Políticas Alimentarias $2.962 millones, de las cuales abonó al 29 de enero $2.488 millones, representó 11,63% de la meta asignada;

Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiro y Pensiones Militares: Prestaciones de Previsión Social $4.131 millones, a esa fecha no se habían hecho efectiva; 7,39 por ciento;

Estado mayor del Ejército: Alistamiento Operacional $2.569 millones, 8,49%; formación y capacitación $514 millones; actividades centrales $386 millones; asistencia sanitaria $347 millones; significaron entre 8,5% y 6,6% del total de las partidas programadas;

Consejo de la Magistratura: Justicia Federal $2.539 millones, 14,71%; Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires $1.767 millones, 15,2 por ciento;

Gendarmería Nacional: Seguridad de Frontera $1.042 millones, 8,38%; Operaciones complementarias de Seguridad Interior $966 millones, 6,66 por ciento;

Policía Federal Argentina: Seguridad Federal $1.976 millones, 8,4 por ciento;

Estado Mayor General de la Armada: Alistamiento operacional $1.402 millones, 8,98 por ciento;

Prefectura Naval Argentina: Policía de Seguridad de la Navegación $1.414 millones; 8,85 por ciento;

Superintendencia de Servicios de Salud: Asistencia Financiera a Agentes del Seguro de Salud $1.098 millones, 6,04%; de los cuales pagó $651 millones;

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas: $1.369 millones, 8,42 por ciento;

Servicio Penitenciario Federal $908 millones, 8,39 por ciento;

Procuración Nacional de la Nación: $1.314 millones, 9,98 por ciento;

Senado de la Nación: Formación y sanción de leyes nacionales $885 millones, 8,89 por ciento;

Cámara de Diputados: Formación y sanción legislativa $85 4 millones, 8,83 por ciento;

Defensoría General de la Nación: Representación, Defensa y Curatela Pública Oficial $738 millones, 10,07%; y

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: Investigación aplicada, innovación, transferencias de tecnología, extensión y apoyo al desarrollo rural $471 millones, 7,98 por ciento.

Para completar el desempeño del total de las finanzas públicas en el primer mes pleno del Frente de Todos a los ingresos y egresos de la Administración Central deben agregarse los correspondientes a la Anses, y Empresas Públicas. Según el cronograma de publicación de Hacienda, el movimiento completo, base caja; ingresos percibidos y gastos pagados del total ejecutado, esos datos se difundirán sobre el cierre de la tercera semana del mes.