El ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció en la mañana de ayer el envío al Congreso del proyecto de ley para la Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa, y como en su primera conferencia de prensa volvió a cargar las tintas sobre la herencia recibida: “Lo que se ha hecho con la deuda es un desastre. En dos años se rifó el acceso al mercado de crédito internacional”, sostuvo.

Y agregó: “Aumentó brutalmente el endeudamiento y el país no generó un aumento de su capacidad productiva, con lo cual generar los dólares para hacer frente a los compromisos que el país había tomado”.

Claramente, los repetidos fracasos de política económica en los últimos 10 u 11 años en particular, fueron minando la capacidad del segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como el de Mauricio Macri, para acceder a los mercados de deuda internacionales en condiciones beneficiosas para el crecimiento del país, fenómeno que se reflejó en la escalada del índice de riesgo soberano, primero desde la zona de 400 a 900 puntos básicos (entre 4% y 9% anual adicional a la tasa de interés que pagaba un bono del Tesoro de los EEUU), hasta casi 2.000 pb en la actualidad.

La prueba más contundente es el sostenido “camino al cielo” de la deuda del conjunto del sector público, con algunas excepciones, como fueron las quitas de capital e intereses acordadas con acreedores en los canjes de 2005 y 2010, y cancelaciones forzosas del REPO con un grupo de bancos en 2019; y las elevadas sobretasas de interés que debió aceptar la Argentina respecto del promedio que pagan países vecinos, como Brasil, Chile o Uruguay, entre 3 y 5 veces más en términos efectivo.

Y pese a que en las últimas décadas los diferentes gobiernos, independiente de la orientación política, apelaron al sostenido aumento de los impuestos, en general no han podido prescindir del financiamiento interno y externo, ante la resistencia a encarar una profunda reforma del Estado que contribuyera a acelerar la disminución del déficit fiscal, vía recorte del gasto público corriente en términos reales, principal impulsor de la deuda pública.

En 2005 la deuda del sector público, interna y externa ascendía, a USD 154.270 millones, después de una quita monumental en el primer canje de los títulos que habían sido declarados en cesación de pagos a fines de 2001, principios de 2002, y que fuera aceptado por el 72% de los acreedores.

Y pese a que en los años siguientes la economía mantenía superávit fiscal base caja, los ingresos por la recaudación y rentas de las reservas y de la Anses eran superiores a los gastos pagados, no necesariamente los ejecutados y comprometidos, el ritmo de la deuda volvió a crecer, y las tasas pagadas en las muy pocas emisiones pasaron de un rango de 7,7% a 10,7% anual en 2007 a una franja de 12,9% a 14,8% anual en el siguiente.

Pasada la turbulencia de la crisis financiera internacional de 2008 y 2009, por la imposibilidad de pago de las deudas hipotecarias en los EEUU y también en Europa, tras la suba de las tasas de interés, la Argentina encontró espacio para la reapertura del canje de la deuda, sobre el cierre del primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El resultado fue el regreso de tasas de un dígito anual en dólares en el promedio de las 30 emisiones de títulos por año; pero no pudo evitar que el endeudamiento neto pasar a crecer a ritmo de 11 dígitos: USD 17.211 millones en 2010; y USD 14.632 millones el siguiente.

A partir de ahí, comenzó a gestarse la idea del cepo cambiario y restricciones de las importaciones a los sectores capaces de generar divisas a través de acuerdos con exportadores que comenzó a ponerse en práctica en los últimos meses de 2011, tras un triunfo contundente de la presidente Cristina Fernández de Kirchner para un segundo gobierno. Pero ya no se pudo ocultar la aceleración del déficit fiscal, principal responsable del sostenido aumento de la deuda pública. Ahora, en el comienzo del gobierno del Frente de Todos, parece iniciarse el recorrido de un camino similar.

De ahí que comienzan a cerrarse los mercados internacionales, fenómeno que se manifiesta en la desaceleración de las emisiones de bonos y suben alrededor de un punto porcentual las tasas de interés, a un rango de hasta 9% anual.

Factores inerciales, pre cepo cambiario, junto con el aumento del desequilibrio de las finanzas públicas, determinaron que en 2012 se mantuviera un abultado crecimiento de la deuda pública, para entonces ascendía al equivalente a USD 216.920 millones, pero se desaceleró bruscamente el año siguiente; repuntó en 2014 por el impacto negativo de la devaluación, y volvió a resultar mínima en 2015, cuando sobre el cierre del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no sólo se acumularon atrasos en los pagos a los acreedores, sino que además se hicieron operaciones de venta de dólares a futuro que debió honrar la administración de Mauricio Macri. Aún así, la deuda ya había escalado a USD 240.665 millones.

La regulación de atrasos, el cierre del default remanente de 2001, y el pago de las compensaciones de las ventas de dólares a futuros a precios muy inferiores a los de mercado, más la inercia que arrastraba el déficit fiscal, provocaron que la deuda registrara en 2016 y 2017 picos de incrementos de USD 44.275 millones y USD 51.080 millones; pero el costo de las nuevas emisiones se redujo en más de un punto porcentual, a un máximo de 7,625% anual, según la serie de datos de la Secretaría de Finanzas.

A partir de ahí, y luego de las reformas tributarias y acuerdo con el FMI en junio de 2018, primero y ampliado tres meses después, el ritmo de aumento del endeudamiento de la Administración Central se desacelera notablemente, e incluso en 2019 disminuye en USD 9.081 millones, a USD 323.177 millones, pese a que en el primer mes de gobierno del Frente de Todos registra un incremento de casi USD 12.000 millones; y que las muy pocas emisiones de bonos se pactaron con tasas superiores en hasta 2 puntos porcentuales más que el año previo, entre 7,625% y 8,75% anual, no obstante que por las devaluaciones de esos dos años el monto del déficit fiscal disminuyó apreciablemente.

Sin embargo, la pérdida de confianza de los acreedores, en particular luego del resultado de las PASO, el 11 de agosto, provocó no sólo un violento salto del índice de riesgo país, pasó de 900 pb a más de 1.800 pb, sino que también se duplicó la relación de la deuda en términos de PBI y “se tornó impagable”, según dijo el ministro Guzmán, por efecto principalmente de la licuación del valor del producto bruto interno convertido a dólar, luego de la devaluación del peso de $40 a $60 por unidad de la moneda norteamericana.

Ahora el ministro de Economía se propone una nueva renegociación de deuda, con al menos el logro de 2 de 3 condiciones: reducir capital, disminuir las tasas de interés y extender los plazos de repago, de modo de no volver a caer en un “aumento brutalmente el endeudamiento, no tanto en el equivalente en dólares, como en relación al PBI”, para eso será clave que el plan económico integral: fiscal, monetario, financiero, comercial y desarrollo, que aún está pendiente de presentación resulte consistente y aprobado no sólo por el conjunto de los acreedores, sino también de la sociedad argentina.

Ante esas incógnitas, y el hecho de que al gobierno actual se lo conoce más por el pasado reciente de gran parte de sus miembros, que por su presente y expectativas de futuro, la calificadora de riesgo soberano Standard & Poor´s resolvió ayer bajar la nota de la deuda en pesos de la Argentina, por considerar que el canje de Letras fue “en condiciones desfavorrables”, mientras mantuvo en perspectiva negativa la deuda nominada en moneda extranjera.