“Según el Ceamse, el 41,5% de la basura metropolitana corresponde a alimentos, a veces sin consumir. Otro dato revelador de las tareas pendientes para lograr objetivos en este terreno es que de los 7 millones de toneladas de residuos sólidos recolectadas durante el 2018 sólo se han reciclado 12.000 toneladas y compostado (transformado en humus) 4.300 toneladas, aproximadamente, valores que representan un retroceso en relación con años anteriores”, recuerda un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación, dirigida por el Maros Makón.

El gasto directo vinculado al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS 12) ascendía a noviembre de 2019 a $790 millones y el gasto devengado resultó 9% superior al de 2018, fundamentalmente destinado al Programa de Políticas para el Aumento de la Producción Productividad de las Cadenas Agroindustriales (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). El gasto indirecto, de $7.167 millones, estuvo prioritariamente asociado a actividades de investigación del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria).

El estudio revela que la pérdida y desperdicios de alimentos básicos se ubica en el rango de 12,5% de la producción de un año del conjunto de carnes, lácteos, cereales y oleaginosas, frutas, hortalizas y papas, poco más de 16 millones de toneladas, equivalentes a poco más de 355 por habitante, prácticamente un kilo de alimento de persona por día, en un momento en que la pobreza afecta largamente a más de 33% de los habitantes; y la indigencia, limitaciones severas de acceso a los productos básicos con los ingresos que generan, a 1 de cada 12 residentes; y el Gobierno ahora busca reducir con la entrega de la Tarjeta Alimentaria.

Si se tiene en cuenta el presupuesto directo de la Administración Central y el indirecto a cargo del INTA, se concluye que hoy en la Argentina se destina menos de 50 centavos de pesos por kilo de alimento perdido y desperdiciado, para reducir al mínimo esos índices a lo largo de todo el eslabón productivo, comercial y de llegada al punto final.

Dado que la mayor parte de la producción de cereales y oleaginosas se destina a la exportación, en términos relativos es el que registra menores pérdidas y desperdicios a lo largo de cadena desde la producción hasta el consumo final en los hogares, desde la cosecha; postcosecha, almacenamiento; procesamiento y envasado; distribución, aunque en valores absolutos representa más de la mitad.

También el informe de la OPC muestra que los desperdicios en el consumo, muchas veces por compras y procesado en hogares y restaurantes en exceso sobre el uso e ingesta óptima, al final del eslabón por parte de la población en su conjunto, representa casi el 10% del total, unos 35 kilos por habitante por año.

El trabajo de marras muestra que el segmento de las hortalizas y tubérculos es el que registra mayores porcentajes de pérdidas, por encima de 30% de su producción.

Por etapas de la cadena de suministro, los mayores desperdicios se detectaron en el estudio correspondiente a 2015, porque pese a la gravedad del problema no se disponen de recursos suficientes para promover un seguimiento riguroso de este problema que no es sólo nacional, pero que adquiere significación mientras se intenta ensayar una política de subsidios para combatir el hambre, se presenta en la producción primaria; seguida de la distribución en aquellos casos donde el producto es más sensible a la conservación o cadena de frío, como frutas, hortalizas, carnes y lácteos.

Objetivos y acciones

Los profesionales de la Oficina de Presupuesto del Congreso resaltan: “El objetivo de reducir la pérdida y desperdicio de alimentos está relacionado con otros enfrentamientos y problemáticas de enorme relevancia, tales como la seguridad alimentaria, el desarrollo rural y sistemas alimentarios eficientes e inclusivos”.

Y concluyen: “El cumplimiento de esta meta implica un enfoque transversal y un trabajo interdisciplinario. Mejorar los resultados dependerá de los esfuerzos destinados a garantizar el acceso a mejores tecnologías, procesos, sistemas alternativos para productos perecederos y de la concientización sobre la población y principales actores productivos en cuanto a la separación y reutilización de excedentes”.

En el último año, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca tuvo bajo su responsabilidad la ejecución de acciones orientadas al aumento de la producción y productividad en las Cadenas Agroindustriales en Forma Sostenible, con un presupuesto inicial de $683 millones, el cual sobrepasó en un 8%, según el informe de la OPC, pero más por efecto del desborde de la inflación que por necesidades reales.

La tarea de políticas con atención de gastos directos se concentró la formulación de políticas de los sectores pesquero y acuícola, y en menor medida en el régimen de recuperación de la ganadería ovina. Por el contrario, se detectó una notable subejeución de la partida de $14,1 millones para acciones en el sector lechero; de $23,1 millones asignados para las vinculadas con la agricultura extensiva e intensiva; y de $22,3 millones para políticas de la rama pecuaria.

Mientras que los programas con un gasto indirecto final de $501 millones registró en general altas tasas de ejecución, con excepción de las dirigidas al Desarrollo de la Agricultura Familiar y Territorial, 15%; Desarrollo y Apertura de Mercados 12%; e Investigación Fundamental e Innovación Tecnológica 83 por ciento.