El próximo 28 de octubre se someterá a Audiencia Pública el aumento de la tarifa de energía eléctrica, sin tener en cuenta, que desde la privatización del servicio público de electricidad, se ha establecido un sistema perverso de obra pública y subsidios que habría que modificar.

Fernando Meiter

El proceso general de privatizaciones se inicia en el año 1989 alcanzando tanto a las empresas productivas y de servicios, los activos públicos como las reservas de petróleo, hasta actividades de regulación y de control social como la emisión de los documentos de identidad.

Todo el proceso estuvo dirigido técnica y financieramente por los organismos financieros internacionales como parte de una política global para la región. El FMI, el BID y el Banco Mundial delinearon la reestructuración y reforma de todos los sectores teniendo como premisa el beneficio para los acreedores externos para quienes se les abrían nuevas áreas de inversión en mercados abastecidos hasta el momento por el Estado.

Asimismo bajo el mecanismo de capitalización de la deuda externa, los acreedores también se vieron beneficiados en el cobro de parte del capital de la deuda.

El contexto de crisis general dejó el espacio abierto para la aceptación por parte de la población de todo este proceso:

La hiperinflación generada durante los años previos que afectó sustancialmente la economía de las familias trabajadoras, instaló la necesidad de estabilidad. El gobierno identificaba a las empresas públicas como una de las causas fundamentales de la crisis y del déficit fiscal.

Se planteó que con la privatización de las empresas públicas, el déficit fiscal se reduciría a través del mecanismo de capitalización de la deuda externa. Además se argumentó que el hecho de cancelar parte de la deuda era una señal positiva para los gobiernos de los países desarrollados y se atraerían inversiones externas y locales, lo que acarrearía mayor crecimiento económico y bienestar para la población.

En la misma línea, se argumentó que el Estado no tenía capacidad para encarar la transformación tecnológica necesaria para brindar mejor calidad de los servicios, por lo que la inversión privada aseguraría la modernización necesaria de los servicios y una baja en las tarifas.

Por último se identificó al Estado como incapaz para administrar eficientemente las empresas ya que fomentaba la burocracia y la corrupción.

Todas estas cuestiones tenían consecuencias reales sobre la población: la crisis económica, la hiperinflación, la corrupción, la mala calidad de los servicios afectaban concretamente la vida cotidiana. Pero todo el proceso fue diseñado bajo las premisas de las necesidades de los acreedores externos de abrir nuevas áreas de inversión, de apoderarse de mercados cautivos y garantizarse amplios niveles de ganancias.

La discusión se va a centralizar en las tarifas correspondientes a Edenor y Edesur y solamente va a comprender el sector de Transporte y Distribución.

Algunos datos interesantes para comprender la magnitud de la discusión.

En Argentina existen 45 generadoras, 8 transportistas, 42 distribuidoras y 800 cooperativas, 396 usuarios GUMA (Grandes usuarios Mayores) 2128 GUME (Grandes usuarios menores), 6 comercializadoras y 14.000.000 millones de usuarios, equivalente al 99 % de la población argentina.

El 60 % de la demanda eléctrica corresponde a clientes pequeños y el 40 % restante a usuarios residenciales.

La tarifa que pagamos en nuestra cuenta de luz incluye el costo de generación, el costo de transporte, el costo de distribución, operación y mantenimiento de la red, y una rentabilidad justa y razonable para todos los actores.

Los matices de este sistema los encontramos cuando como por ejemplo comparamos sobre quien recae el pago de la transmisión en Argentina comparado con otros países de la región, mientras que en Argentina la demanda paga el 46 % de la transmisión, en Chile, en donde la electricidad es un bien escaso se paga el 20 %, la rentabilidad con la que se calculan las tarifas en Argentina es a 5 años, mientras que en el resto del mundo es a 20 años, el plazo de recupero de la inversión en Argentina está calculado entre los 5 y 7 años, mientras que en el resto del mundo ese plazo mínimo es de 20 años.

Otro dato para tener en cuenta es que al año 2016 el 63 % de la generación térmica es a base de combustibles fósiles (Petróleo y derivados), 30 % hidroeléctrica y apenas 1.7 % de energías renovables. El actual marco regulatorio no contempla una nueva modalidad que se llama generación distribuida, en donde los hogares e industrias, pueden producir su propia electricidad y volcarla al sistema.

Donde está la trampa, todos los costos calculados que abona la demanda, solo corresponden a operación y manteamiento de la red, no así de las ampliaciones ni de las reposiciones de materiales, es decir, que el Estado Argentino, a través de la obra pública es el único que tiene la atribución de proyectar, contratar y ejecutar cualquier expansión del sistema, sin ninguna intervención de los privados, dando lugar a importantes irregularidades como las que estamos descubriendo en los últimos meses.

Otro dato a tener en cuenta de lo que se debería discutir en algún momento es la carga impositiva de cada factura que llega a los usuarios, dado que aproximadamente se paga un 50 % de consumo propiamente dicho, y el resto son impuestos nacionales, provinciales, municipales y tasas de diversas índoles, por ejemplo se da el caso que en Ushuaia y en Córdoba, dentro de la factura de energía eléctrica se cobra un cargo extra para mantener a los bomberos de la provincias involucradas.

En definitiva, la estructura tarifaria, después del aumento que ya fue decidido, y que se va a discutir en la audiencia pública como un mero trámite formal, mantendrá desigualdades manifiestas entre los habitantes de CABA y Gran Buenos Aires con respecto al resto del país, por ejemplo, sobre un consumo base de 500 KW por bimestre, un cliente de Edenor o Edesur pagara 289 pesos por mes más impuestos, mientras que un usuario de la provincia de Córdoba pagara 612 pesos por mes más impuestos, mientras que un cliente de la Ciudad de Santa Fe abonará 597 pesos por mes más impuestos.

En definitiva, con esta adecuación de precios, se les da un poco de aire a las Cias. Transportistas y distribuidoras, pero no se soluciona el problema de infraestructura del sector eléctrico argentino.

El Ministerio de Energía, planea incorporar 10.000 MG de capacidad instalada para el año 2025, pero por el momento no ha dicho nada como va a hacer para que esa cantidad de electricidad pueda ser volcada al sistema