La reforma del impuesto se proyecta beneficiosa para unos, pero costosa para otros. Resultado negativo para la sociedad en su conjunto

La propuesta de cambios en el impuesto a las ganancias tiene como principal defecto desconocer una realidad social en la que un tercio de la población atraviesa por un inquietante nivel de pobreza, y que espera silenciosamente acciones  y gestos que contribuyan a sacarla de ese estado de angustia, pero sin contar con la adhesión de gran parte del resto de la sociedad, que siempre se mostró más dispuesta a sumarse a la causa de los asalariados que no deben, y por tanto no quieren, sufrir retenciones de ganancias.
Es cierta la ausencia de la vocación legislativa mayoritaria en los últimos 10 años para ocuparse por poner freno al crecimiento de un impuesto que se ha tornado alarmantemente regresivo, porque ha dejado de gravar las ganancias de las personas para convertirse en un impuesto a los ingresos de trabajadores que apenas logran superar el promedio de remuneración de los asalariados de toda la economía.

Es cierto que en campaña electoral el Gobierno había prometido la eliminación del impuesto a las ganancias, y que sólo se gravarían las altas rentas que perciben las posiciones más acomodadas de ingreso y los bonus que otorgan muchas empresas a las posiciones ejecutivas y directivas.
Pero a esta altura del año no se puede dudar de que revertir una situación de abultados desequilibrios en todos los frentes lleva tiempo; comenzando por una realidad social inquietante, siguiendo por los cepos al comercio exterior, el atraso tarifario que llevó al colapso en diversos servicios públicos y un desequilibrio fiscal que con su impacto sobre la inflación fue el principal generador de pobreza en la Argentina, porque atizó la presión fiscal, desanimó la inversión productiva y destruyó empleos privados. Dejó en claro que no puede resolverse de un día para otro como se hizo con la quita de cepos, la unificación del mercado de cambios y la eliminación de la mayor parte de las retenciones.

Mejores perspectivas que podrían desdibujarse
Con motivo del primer año de Gobierno, la mayor parte de los analistas políticos y económicos hicieron un balance y el resultado, con sus más y con sus menos, fue en general muy modesto, con más desaciertos que aciertos.
Pese a ese escenario, también se observa en general la expectativa de un próximo año notablemente mejor que el que finaliza, no sólo por la previsión de menor inflación y retorno a la senda positiva de la variación del PBI, sino por el impacto pleno de la eliminación de los cepos que se fueron levantando.
Sin embargo, ese cuadro podría desdibujarse, como ya se advierte en las correcciones de las estimaciones de los economistas, si la baja propuesta en el impuesto a las ganancias a muchos trabajadores excede lo tolerable por la fragilidad de las finanzas públicas; y, además, es acompañada por la creación de impuestos que, más allá de la dudosa efectividad en su recaudación, determinan la postergación de la ejecución de las abultadas inversiones anunciadas; pierden el empleo los sectores alcanzados por los nuevos gravámenes; y, sobre todo, se acelera la inflación, en los tres niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, porque los impuestos los pagan siempre los consumidores con aumento de los precios de la economía.
De ahí que, de convertirse en ley el proyecto que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, sin correcciones sustanciales como ahora impulsan gran parte de los gobernadores para que voten sus senadores, muchos asalariados formales se verán eximidos del pago de ganancias y la gran mayoría que se mantenga en el sistema, o ingrese con el próximo aumento de las remuneraciones, pagará muchísimo menos que con el régimen actual.
Pero la mayor parte de los trabajadores, los no registrados, autónomos y las empresas en su conjunto, comenzarán a percibir un deterioro de sus ingresos reales, porque serán afectados por algunas o todas las siguientes vías: el aumento de la inflación, con la suba del déficit fiscal, el crecimiento del costo del dinero para cualquier transacción y la destrucción de empleos en algunas actividades.
En ese escenario, el proyectado incremento del consumo con los 50 mil o 90 mil millones de pesos que se devuelvan al bolsillo de uno de cada cinco trabajadores a lo largo del año, a razón de unos 4 mil a 7.500 millones de pesos por mes, se licuará de modo acelerado, y con eso se desdibujará cualquier estimación de efecto derrame sobre el resto de la producción y la inversión.
Cabe notar que el proyecto oficial, que no admitió discusión en Diputados, al contemplar una nueva suba del 15% del mínimo no imponible, adicional a la que había dispuesto en la primera mitad del año después de más de una década sin variación, incluye no sólo modificaciones sustanciales en las escalas del excedente imponible, sino también una baja relevante en las tasas de entrada de cada tramo respecto de las vigentes.
De ahí que si bien con el próximo aumento de salarios en el curso de 2017 es muy probable que ingresen más asalariados al sistema de tributación, tanto los nuevos como los viejos, lo harán con valores que se reducen a un décimo o un quinto de la situación actual, y con eso contribuyen a que otros fondos potencialmente excedentes se destinen a reducir la pobreza, como máxima prioridad de responsabilidad social.

Daniel Sticco