Mientras que el Gobierno intenta dejar sin argumentos a los bonistas bajo legislación extranjera para que continúen postergando la aceptación de la propuesta de reestructuración de vencimientos, con fuerte recorte de las tasas de interés, la actividad productiva desciende nuevos escalones, en particular en comparación con los ya bajos registros del año anterior.

Para revertir ese proceso muchos economistas observan que no bastará con cerrar un acuerdo con los acreedores y levantar la cuarentena que se inició el 20 de marzo y que parece eterna, sino una profunda transformación estructural, comenzando por la recuperación de las instituciones.

Jorge Vasconcelos, economista vicepresidente e investigador del Ieral de Fundación Mediterránea dialogó con Infobae y dio definiciones y recomendaciones muy simples, pero contundentes, sobre qué se debería hacer en la Argentina para poder superar la crítica situación actual, basado naturalmente en las enseñanzas de la teoría económica, pero fundamentalmente en el conocimiento de la realidad económico-social de las grandes jurisdicciones de la Argentina.

– Según The Economist América Latina vive “una tragedia económica”, ¿Qué piensa, es así, o es la consecuencia de la negación de las políticas que funcionan en la mayor parte del mundo?

– Tragedia económica remite a una generalización, con todos los países “en la misma bolsa”. Me parece que ayuda más al diagnóstico subrayar los matices. Después del boom de las materias primas, a partir de 2010/11, hubo claramente una “Década diferenciada” de América latina, como lo reflejé en un artículo de principios de 2019, en la que países como Brasil y la Argentina se estancaron, pero otros como Chile, Perú, Uruguay, siguieron creciendo. Y esa divergencia se explica por las políticas económicas, con Brasil y la Argentina insistiendo con el gasto público y el proteccionismo como instrumentos, a diferencia del otro pelotón, que buscó recuperar fuentes genuinas de competitividad.

Pero la pandemia del COVID-19 vuelve a interpelar a la región, y ahora afloran problemas estructurales, que en algunos casos subsisten y en otros se han agravado. Las tecnologías de la información y la industria del conocimiento están haciendo la diferencia en esta crisis, no sólo por lo que ayudan a resolver en las cuestiones sanitarias, sino también porque permiten que las empresas sigan funcionando en medio de las restricciones a circular y la educación no se interrumpa. Si bien en nuestros países tenemos “islas” bien adaptadas a estos requerimientos, no es algo generalizado, nos pasa factura el hecho que en nuestras sociedades conviven profundas asimetrías en cuanto a formación de recursos humanos, acceso a las tecnologías, salud pública y demás. No es un tema sólo de desigualdad de ingresos. Uruguay y Costa Rica navegan mejor esta crisis por esas razones.

En el caso particular de la Argentina, esto se agrava por la “macrocefalia”, con un tercio de la población del país viviendo en menos de 1% del territorio, lo que obliga a un trabajo “quirúrgico” en el plano sanitario, para no trabar cadenas productivas que tienen eslabones a ambos lados de la “frontera” que divide al AMBA del resto del país. Ese trabajo quirúrgico tampoco se hizo al nivel de países que enfrentaban similares desafíos por aglomeración urbana.

Y resolver esos problemas estructurales no es algo que pueda hacerse rápido. Ni tampoco con “más Estado”. Se necesita “mejor Estado”, que es algo muy diferente. Esta crisis hace crujir en la Argentina nuestro esquema “Federal”, que ya venía totalmente desfigurado, y desnuda que estamos en el peor de los mundos: tal como está, el régimen federal lo que hace es duplicar la presión impositiva (por la superposición de las distintas jurisdicciones), al mismo tiempo que diluye y hace más enmarañada la cadena de responsabilidades para resolver los problemas que se van presentando.

– ¿Por qué cree que ocurre eso, los trabajadores no se dan cuentan de que cada vez están peor, y las empresas, aún las pymes, no perciben que la ausencia de un modelo de largo plazo que trascienda al gobierno de turno los condena a perpetuarse en un sendero decadente?

– Hay varios factores, me parece, pero uno de los más relevantes es el Estado “cazando en el zoológico” en materia de recaudación impositiva y la competencia desleal que significa la evasión. Las provincias más dinámicas, que es donde se genera el 80% del valor agregado del país y el grueso de la recaudación que se coparticipa, cubren sólo una fracción de su gastos con las transferencias de coparticipación. Y sus actividades productivas son las que más aportan a los impuestos a la exportación (retenciones), que tampoco se coparticipan. Recurren, por tanto, a tributos propios, caso de Ingresos Brutos, que son tremendamente distorsivos. Tenemos así que los sectores privados más dinámicos ubicados en esas provincias son al mismo tiempo los más sofocados por la presión tributaria, sin que el gasto público compense esa exacción.

el esquema federal está armado de forma tal que las provincias más pobres, más intensivas en empleos públicos, tienen muy pocos incentivos para dedicarse a atraer inversiones y empleo privado. Con la paradoja que la duplicación de impuestos debilita la captura de recursos genuinos por parte del sector público: en la Argentina, para recaudar el equivalente a 7 puntos del PBI, el IVA “necesita” una alícuota de 21%, cuando en varios de los países de la región se obtienen esos 7 puntos con alícuotas del orden de 15%. Es un verdadero círculo vicioso.

– ¿Le inquietan la política del Banco Central y la fiscal? Un trabajo suyo de hace 3 meses para Ieral destacaba que le preocupaba más el encuadre del gasto público que la inflación ¿En el cuarto mes en cuarentena por el COVID-19 que exigió creciente asistencia del Estado, piensa lo mismo, o cabe esperar que cuando se flexibilice el ASPO se desacelere rápidamente el aumento del gasto público?

– Para poner en perspectiva lo que sucede en el plano cambiario, fiscal, monetario y crediticio, es útil comparar estos meses de 2020 con el período 2002/03. De hecho, hay funcionarios que confían en que la Argentina podrá recuperarse a partir de 2021 de un modo parecido a lo que ocurrió después de aquella crisis. Sin embargo, llaman la atención las diferencias.

Por empezar, a partir de 2002 el problema fiscal empezó a resolverse porque la recaudación impositiva seguía a la inflación, mientras el gasto quedó virtualmente congelado en términos nominales. Ahora, tenemos que en los cinco primeros meses de 2020 el gasto primario sube a un ritmo del 74% interanual, pero los recursos genuinos lo hacen sólo al 26 por ciento.

En aquella oportunidad, aumentaba rápidamente el stock de Lebac, como ahora las Leliq, pero en 2002/03 las Lebac esterilizaban pesos que se emitían para comprar dólares, por lo que eran la contrapartida de un activo (las reservas) que aumentaba en cabeza del Banco Central. Ahora, las Leliq, que son un pasivo remunerado del Central, son la contrapartida de otro pasivo del BCRA, aunque no remunerado, el de los pesos emitidos para financiar al fisco. Y la demanda de pesos está artificialmente sostenida por el cepo cambiario y por el (esperemos que transitorio) confinamiento. Si la Argentina mantiene las restricciones existentes en el mercado de cambios, se traba la entrada de divisas y, en el comercio exterior se desincentivan las exportaciones. Pero para abandonar el cepo hay que resolver el exceso de pesos de modo genuino. Quizá un instrumento adecuado sea formalizar el desdoblamiento cambiario.

Las Lebac de 2002/03 terminaron siendo el combustible que alimentó la demanda de crédito del sector privado, entre otras cosas porque el aumento de las reservas del Central y la recuperación del superávit primario por parte del sector público ayudaron a una paulatina recuperación de la confianza. En aquella oportunidad, la crisis recayó sobre las espaldas de los ahorristas, que sufrieron la pesificación de sus plazos fijos en dólares, pero el aparato productivo se mantuvo intacto, aunque es cierto que hubo cambios de titularidad empresaria, en aquellas firmas que no pudieron superar la brutal contracción de la demanda.

La crisis de 2001/02 fue tremenda, pero había semillas que fueron germinando, fertilizadas por el aumento de las reservas y la mejora de las cuentas fiscales, fenómeno este último que tuvo doble impacto positivo, por un lado, ayudando a recuperar confianza, por el otro, retirando al Estado de la demanda de crédito, dejando la “cancha despejada” para que empiece a fluir el crédito al sector privado.

– Después de 4 meses en cuarentena y profunda depresión económica ¿cómo cree que el gobierno debiera encarar la transición hacia la reactivación general y del empleo e ingreso de los trabajadores en particular?

– Dado que la actual crisis, además de las vidas involucradas, recae sobre las espaldas de las actividades productivas, de los cuentapropistas, los prestadores de servicios, incluido el turismo, la focalización de políticas pasa a ser fundamental, más cuando los instrumentos son escasos.

Y dado que hoy no están aquellas semillas de 2002/03 que ayudaron a estabilizar la macroeconomía, para llevar las expectativas a terreno positivo en lo económico, luce imprescindible que el Gobierno recurra a una especie de “andadores”, para avanzar en medio de la transición. Un arreglo de la deuda que deje muy pocos focos de litigios abiertos es uno. Otro sería avanzar hacia un crédito del FMI que, aunque no implique demasiada “plata fresca”, genere un horizonte más previsible para la política fiscal, desindexando el gasto hasta llegar en un tiempo razonable al equilibrio. Para eso, se necesita hacer una revisión integral del esquema federal, para comenzar a reducir la duplicación de presión impositiva existente, un objetivo que perfectamente puede ser financiado por una política de “garrote y zanahoria” para combatir la evasión, junto con la eliminación de funciones superpuestas entre Nación, provincias y municipios, que engordan el gasto público consolidado y enturbian la cadena de responsabilidades.

– ¿Qué opina del proceso de renegociación de la deuda, cree que la propuesta vigente hasta el 4 de agosto será la última? ¿Qué efectos cabe esperar sobre las finanzas públicas, primero, y la economía real, la de las empresas y trabajadores, después?

– El arreglo de la deuda no es suficiente, pero sí es muy importante para arrancar en una eventual agenda post COVID-19. La propuesta inicial del Gobierno, aquella presentada el 22 de abril, hizo más difícil las cosas. Planteaba una serie de cambios en las cláusulas legales y una quita de casi el 60% en valor presente que, al registrar una adhesión de menos del 20% de los acreedores, tendió a fortalecer y unificar las posiciones de los fondos mejor organizados. Quizá la oferta inicial fue tan agresiva porque el ministro de Economía esperaba que la pandemia arrastrara a numerosos países al default. Al contrario, las naciones con las cuentas fiscales más a o menos ordenadas empezaron a conseguir tasas cada vez menores, caso de Uruguay que hace días consiguió financiamiento al 2,5% anual. U otros como Ucrania y Turquía, cuyo riesgo país había subido y sus bonos rendían en torno al 10% anual, que ahora se han valorizado y pagan un 7% anual.

En ese contexto, y frente a un rechazo que no cierra la puerta e invita a seguir negociando por parte de fondos que dicen representar al 32% de los acreedores, al Gobierno le queda intentar una “fuga hacia adelante”. No solo ofrecer un poco más y dejar de encapricharse con cambiar las cláusulas legales, sino también avanzar en una serie de medidas que convenzan que el riesgo país de la Argentina puede bajar drásticamente y acercarse a los parámetros de Ucrania y Turquía en un tiempo razonable. La negociación sigue abierta y la ventana de oportunidad llega hasta el 4 de setiembre, cuando se canjean los bonos, si es que hay buena fe del lado de los acreedores.

En abril, el Gobierno aspiraba a una quita de 59% de valor presente de los bonos sobre una deuda nominal de USD 79.200 millones, incluyendo los bonos en moneda extranjera emitidos bajo ley argentina. En la última enmienda, la quita solicitada es del orden del 46% pero, mientras se daban las idas y venidas de la negociación argentina, prácticamente los mismos fondos de acreedores cerraban con Ecuador una restructuración con una quita de 41% de valor presente.

La señal que ha dado ese grupo de acreedores parece clara. La pregunta es si el Gobierno argentino habrá de estar dispuesto a resignar otros 5 puntos de quita en el valor presente, para equipararse con Ecuador, lo que implica también simplificar los términos legales de la propuesta.

Antes de arriesgar una respuesta, conviene advertir sobre una diferencia clave entre Ecuador y la Argentina. El gobierno de Quito está recorriendo su último año de mandato, mientras que al local le quedan más de tres años, y tiene una oposición política seguramente dispuesta a aprobar iniciativas de racionalidad económica. Un combo que incluya una fracción de mejora en la oferta de reestructuración, pero al mismo tiempo un paquete de medidas que den garantías respecto a que el riesgo país habrá de bajar en forma significativa parecen ser la mejor forma de “fuga hacia adelante” en esta encrucijada.

– ¿Y en cuanto a neutralizar efectos de la pandemia sobre el aparato productivo?

 El marco institucional para “arreglos entre privados” necesita ser aggiornado. Será necesario para aquellas firmas que ingresen en convocatoria de acreedores. Es imprescindible también que el Ministerio de Trabajo homologue acuerdos entre empresas y trabajadores, algo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso Latam. La recuperación de capital de trabajo será fundamental en muchos casos, por lo que garantías estatales a créditos bancarios no deberán ser abandonadas, y podrían establecerse criterios objetivos para su alcance, como por ejemplo una proporción de los salarios pagados por esas firmas en años previos.

En realidad, los impuestos pagados en el pasado deberían ser la referencia para calibrar las medidas de apoyo del sector público al privado en esta larga transición. Hay que movilizar activos ilíquidos, por lo que debería agilizarse el reconocimiento de créditos fiscales que se acumulan, así como el pago a proveedores del Estado. El bono que diseñó Córdoba para pago a proveedores, que sirve para cancelar deudas tributarias hasta cierta fecha (no para impuestos a vencer) debería ser generalizado al resto de las provincias, sin objeciones del gobierno nacional, que se resiste porque cree ver el renacer de las cuasimonedas (estos bonos no lo son).

– ¿Hace bien la Argentina en no ocuparse y preocuparse por el fortalecimiento del Mercosur, mientras que China va ganando participación en el manejo de las finanzas y del comercio internacional, y naturalmente de la Argentina? ¿Cómo ve ese proceso?

– En los años previos a la crisis 2020, el mundo ya venía creciendo en un andarivel inferior a la trayectoria que había tenido hasta 2008/09, y el comercio global había pasado a expandirse en una relación 1 a 1 con el PBI mundial, cuando antes lo hacía en una proporción 2 a 1. Un saldo previsible de esta crisis es que a nivel global habrá menos inversión por varios años, por el aumento de la capacidad instalada ociosa, por el endeudamiento de las empresas y por los cambios que se han acelerado en el comercio electrónico y en el trabajo a distancia. Para crecer habrá que hacerlo en base a más productividad, dada las limitaciones para la contribución del factor capital.

El desafío para la Argentina es enorme, porque según The Conference Board, el PBI por trabajador (medida de productividad por excelencia) cayó en la última década a un ritmo de 1,4% anual acumulativo, mientras en Corea del Sur, para usar una vara alta, crecía a 1,4% anual, aproximadamente.

Y si para algo sirve la integración comercial es para aumentar la productividad de los países que bajan sus barreras entre sí. La Argentina no debería mantener una actitud pasiva dentro del Mercosur, debería ser proactiva. En el actual contexto, una iniciativa para un acuerdo ambicioso entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico sería extraordinariamente motivador. De ese modo estaríamos mejor parados en capacidad de negociación para ese mundo complejo que bosquejan las recurrentes pulseadas entre los Estados Unidos y China.