Frente a los múltiples frentes abiertos que tiene la Argentina, desde el reperfilamiento de la deuda, para a partir de ahí, según sostiene el ministro de Hacienda Martín Guzmán, elaborar el Presupuesto 2020; la baja de la inflación y de la pobreza; la reanimación de una actividad que se quedó estancada en el nivel de 2010, y más atrás en términos por habitante, y la recreación de las fuentes de ahorro y de atracciones de inversiones productivas, se sumó otro que abarca a todos esos juntos y cuya maduración y extensión es aún desconocido, más aún en el país donde por la contraestación el mal apareció más tarde, y por tanto con menos difusión que en otras partes del mundo.

De ahí que resulte natural que el Gobierno reaccione con medidas y anuncios diarios tendientes a minimizar sus efectos sobre la población primero, y la economía en su conjunto después.

Una de las principales restricciones que impone ese escenario, es que tanto las finanzas del sector público, en sus tres niveles, Nación, provincias y municipios, como de las empresas, y más aún de las finanzas personales, en particular del amplio universo de quienes se desempeñan en la informalidad, o aún registrados pero en condiciones precarias, como los monotributistas de las escalas iniciales y personal de servicio doméstico, entre otros, se han debilitado al extremo, con vuelta al aumento del déficit fiscal en los primeros casos; aparición de abultadas pérdidas en las segundas, y caída de la capacidad consumo de las familias y de acceso al crédito, de más del 40% de los trabajadores.

Para peor, Juan Luis Bour, economista director de FIEL, ya alertaba en una entrevista con Infobae el 9 de junio de 2019 sobre “el aumento de la tasa de desocupación”, en perspectiva. Y ahora observa en un nuevo diálogo con este medio -vía telefónica por las recomendaciones del Gobierno de reducir la movilidad y el uso de medios públicos- que algunas de los paliativos que se está proponiendo en materia laboral “pueden llegar demasiado tarde para evitar la caída del empleo formal”.

– ¿Como economista especializado en el análisis del mercado laboral argentino, como ve los pasos que está dando el Gobierno para enfrentar el desafío que plantea la pandemia del coronavirus, en la materia?

– Desde fines de diciembre se vieron dos aproximaciones a la epidemia que surgía en China. Por un lado, la mayoría de los líderes políticos del mundo la minimizó, y sólo un puñado de países con experiencia previa en estas situaciones o visión de futuro tomaron las mayores precauciones. Sólo cuando el coronavirus los superó la mayoría reaccionó, tarde y en general tratando de frenar lo que ya para ese momento era difícil de contener.

En la Argentina el gobierno que asumió en diciembre tenía algunas decisiones tomadas sobre medidas de política económica que iba a aplicar, y en el plano del mercado laboral las instrumentó tras la aprobación de la Ley de Emergencia (solidaridad), que en general desalientan la contratación laboral (suspender reducciones impositivas o aumentar la carga en algunos segmentos, encarecer y virtualmente prohibir despidos -¿por seis meses?-, desalentar exportaciones, introducir controles cambiarios que alientan la informalidad empresaria, desalentar la inversión). Esas medidas están todavía vigentes y por lo tanto no favorecen el empleo formal.

En las últimas dos semanas y en particular en los últimos días se aceleró el uso de mecanismos de amortiguación de crisis vigentes, que tienen rezagos entre el momento que se detecta el problema y el paliativo. La decisión inmediata debería haber sido llevar a cero todas las contribuciones patronales, 60/90 días, a efectos de sostener el empleo formal, sin discriminar tamaño de empresas. La prioridad debe ser sostener el empleo formal, ya que los mecanismos actuales pueden llegar demasiado tarde y a demasiado pocos. Definir desde el Estado quiénes perdieron o ganaron con la pandemia -eligiendo empresas- es un acto de soberbia que puede costar muy caro. Puede ser que la baja de contribuciones tampoco alcance, pero sería una forma bien focalizada de apoyar el trabajo registrado en un evento generalizado, dando espacio para que la actividad se recupere rápido cuando -en algún momento – pase el pico de la pandemia.

– ¿Qué impacto cabe esperar en términos de productividad del trabajo personal de los incentivos al teletrabajo, para minimizar el efecto de contagio del coronavirus?

– Estimo una caída de productividad laboral en el corto plazo por la interrupción de procesos y la necesidad de adaptación y aprendizaje rápido. La interrupción forzada de la movilidad desploma en lo inmediato la producción. Cuando se conozcan los datos de PBI de China del primer trimestre y luego los del segundo nos daremos una idea acabada de la magnitud del impacto en economías complejas e interrelacionadas. En el mediano plazo habrá un primer impacto en términos de memoria: algunos, más que otros, recordarán la experiencia y eventualmente aprenderán a prepararse para enfrentar mejor los shocks. Eventualmente, perdedores en el corto plazo, podrán ser ganadores en el largo.

– ¿Es una oportunidad esta crisis provocada por la pandemia para impulsar el teletrabajo, no sólo en el sector de los programadores de aplicaciones y call centers, sino en muchas tareas administrativas en oficinas públicas y privadas, o la interacción personal es un componente relevante de la productividad del conjunto?

– Para que el paso del trabajo en oficinas se reemplace con ganancias de productividad por el teletrabajo se requiere infraestructura, flexibilidad de los individuos y de las organizaciones, y flexibilidad normativa. Es probable que en la Argentina haya muchos individuos y empresas flexibles, pero tengo dudas que la infraestructura física, la legal (regulaciones laborales) y la base política (sindicatos y políticos mirando al Sudeste, cuando se viene el ventarrón del Oeste) estén a la altura de las circunstancias.

Para sostener la actividad no basta con mandarnos a trabajar a todos nosotros desde la casa, si no hay buena infraestructura. En esto el problema es que la clase política ve a las empresas de servicios públicos como enemigos de la sociedad, cuando sólo se trata de tener regulaciones transparentes y buenas reglas que no puedan ser modificadas ad libitum para satisfacer objetivos políticos (frenar inflación, darle un regalo a mi clientela política, aprovecharse de las licitaciones públicas, etc.).

Pasado el flagelo, la pregunta es si se vuelve a lo anterior o se avanza en el teletrabajo. La respuesta está por verse en la Argentina, ya que en el resto del mundo no hay dudas: el paradigma del empleo ha cambiado. Pero aquí, y en Venezuela, la respuesta es: todo depende. El tradicional control político de obreros y empleados se realiza en el lugar de trabajo, mientras que es mucho más difícil sostenerlo cuando existen millones de unidades que operan y negocian en forma independiente.

En el plano económico el teletrabajo puede verse como una solución “de esquina”, la mejor forma contractual para algunas profesiones y actividades, y para algunos individuos y empresas. Pero por otro lado el trabajo en fábricas y oficinas seguirá siendo una forma de relación contractual en muchos casos. Más generalmente se puede esperar que -como muchos venimos haciendo- lo más probable es que toda persona ocupada realice una parte del trabajo en oficina y otra parte en forma remota, en un continuo de alternativas para cada persona y empresas. La solución no necesariamente tiene que ser de esquina (100% teletrabajo, 100% fábrica/oficina).

– Este fenómeno de la pandemia encuentra a la Argentina con altísimos índices de capacidad ociosa, en la producción, el comercio, y también en el sistema bancario, y el mercado laboral, con tasas de participación muy inferiores al promedio mundial, ¿Qué cabe esperar a partir de ahora, o al menos en esta transición hasta que se supere la pandemia en materia de productividad de las empresas y del trabajo personal?

– Tenemos que prever un fuerte descenso de la producción y del PBI, un pronunciado deterioro fiscal, y quizás el financiamiento con emisión del déficit, lo que en ese escenario implicaría aumento de desequilibrios en otros frentes (mayor brecha cambiaria e inflación). Los salarios reales no se van a recuperar en este contexto y la tasa de desempleo se va a mantener en torno del 10% o por arriba de ello en el segundo y tercer trimestres. No esperemos aumentos de productividad –medida como producto por ocupado-, en un contexto de fuerte caída de la generación de riqueza por el conjunto de los factores de producción de bienes y servicios.

– El mundo desarrollado está enfrentando esta crisis en materia económica con políticas monetarias y fiscales expansivas, ¿La Argentina está en condiciones de imitarlos, o dada la fragilidad de las instituciones y la debilidad de las finanzas públicas, podría desencadenar en una aceleración de la inflación y de la recesión?

– Argentina carece de fondos anticíclicos, y estando en situación de virtual default no hay margen para obtener financiamiento voluntario, de modo que el aumento del desequilibrio fiscal muy probablemente derive en mayor inflación.

– Frente a la esperada agudización de la caída de la recaudación de impuestos en términos reales, como se vio en enero y febrero, y de la necesidad de aumentar el gasto público en asistencia social de emergencia, ¿cree que el Gobierno debiera tomar medidas de austeridad fiscal en otras áreas, o tendría que alentar acciones contracíclicas en combinación con el sector privado, reduciendo regulaciones e impuestos?

– Las medidas de ajuste estructural deben plantearse como políticas de largo plazo, no son medidas para la emergencia, más allá de que sean interpretadas como una señal de hacia dónde se quiere avanzar. En este contexto, me inclino por medidas de alivio fiscal (el citado caso de reducción generalizada de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial por tiempo determinado), compartido con el esfuerzo de toda la población, incluyendo todo el personal del Estado en sus tres niveles -Nacional, provincial y municipal- porque todo el sector privado, formales e informales, están haciendo un severo ajuste.

– Una reflexión final sobre la coyuntura, pensando en el día después de la pandemia que, naturalmente, aún no se sabe cuándo ocurrirá, pero que hay señales que podría ocurrir en corto plazo, menos de un año…

– Hay quienes aprenden de la experiencia y quienes nunca lo hacen. Hay muchas cuestiones que nos dejará esta experiencia, incluyendo la suprema lección que los argentinos nunca aprendimos: en una emergencia se está mejor preparado si se cuenta con superávit fiscal y con fondos anticíclicos.

Los países que están expuestos a catástrofes (maremotos, terremotos, etc.) enfrentan el tema con prevención en primer lugar, y con políticas prudenciales (fiscales y monetarias), fondos de emergencia y con seguros (cuando ello es factible). Esperemos que los sobrevivientes de la Argentina aprendan.