La caída del proyecto del ley sobre la reforma política y electoral —que ha sufrido innumerables contratiempos— visibilizó la crisis política del Gobierno de Cambiemos.

Un proyecto como el que se había presentado a principio de año, luego de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, fue viendo recortadas sus posibilidades de avanzar debido, muy posiblemente, a la impericia y la obstinación de algunos decisores muy cercanos al presidente Mauricio Macri en cumplir el deseo presidencial sin ofrecer un panorama más certero sobre las posibilidades de que el proyecto pasara el tratamiento parlamentario, sus puntos débiles, los planes contingentes y los alcances de la negociación con el Partido Justicialista y el massismo.

Lo cierto es que el proyecto naufragó y además fue viendo recortados, paso a paso, sus más polémicos planteos. A saber:

-No se alcanzó consenso parlamentario para crear el ente o la agencia federal electoral para conducir las elecciones y asumir parte de sus competencias judiciales.

-No se pudo concretar un acuerdo federal sobre las fechas de realización de elecciones nacionales, conjuntamente con las elecciones provinciales.

-Tampoco se logró incorporar en el fallido texto la modificación que permitiera ordenar la dispersión electoral del sistema de partidos mediante la restricción en la selección electoral del ciudadano a una sola coalición en las PASO u otro mecanismo que lo intentara mejorar.

-Se cayó en la obstinación —rozando el fanatismo, en algunos casos— de defender el voto electrónico, al negar su condición y las vulnerabilidades harto denunciadas. No se planteó en el texto que se condicionara el cambio del sistema de votación al piso de la boleta única de papel. No se analizaron las diversas alternativas de conteo provisorio electrónico aplicables a una boleta única de papel.

Sin embargo, sí se incorporaron al temario sobre la reforma política y electoral la paridad de género y la obligatoriedad de los debates presidenciales, este último con flamante sanción la semana pasada.

Desde el Gobierno nacional expresaron que el proyecto de ley para modificar cómo se financia la política se presentaría luego del tratamiento del fallido proyecto de reforma política. El punto más importante del obsoleto sistema electoral argentino quedó otra vez pendiente de discusión, lo que prolonga los tiempos de poca claridad en torno al costo de las campañas y de sus mecenas.

En verdad casi nunca coincide lo declarado con lo exhibido en los despliegues de campaña por las principales agrupaciones políticas, más si son o fueron gobierno local, provincial o nacional. El mayor problema de la oscuridad en la financiación de la política está en el origen de los fondos.

Que un político sea financiado por el narcotráfico, el terrorismo, o incluso una mafia local resulta al menos inquietante, y necesariamente debería ser erradicado para evitar las consecuencias que este tipo de asociaciones criminales provoca.

La no reforma política y electoral ignoró la necesaria puesta en marcha de un plan federal de concientización de la importancia del voto, del trabajo de educación cívica que debería no desatender jamás el Estado para inculcar en el ciudadano la vocación por la participación activa en su democracia, con la mira puesta en la institucionalización de la vida partidaria y del propio sistema de partidos.

Un desafío de este tipo implica una voluntad a toda prueba y objetivos de cumplimiento estricto, como ser un padrón de autoridades de mesa, calificadas y responsables (en las últimas elecciones nacionales hubo casi un tercio de ausentismo).

Si el diagnóstico es errado, es lógico que se omita por completo la necesidad de continuar estimulando la proliferación de iniciativas ciudadanas que breguen por el control electoral, con innovaciones positivas tales como podrían ser: la figura del ciudadano fiscal independiente; la expansión de la oferta de observadores electorales, para sumar más organizaciones de la sociedad civil, entre otras iniciativas que mejoren la experiencia electoral nacional y, por imitación, local o provincial.

Para desalentar las prácticas antidemocráticas como las que vivieron en una condensada muestra pornográfica los tucumanos en las últimas elecciones provinciales, es preciso empoderar al ciudadano sin caer en la demagogia o la declaración políticamente correcta que elude ofrecer las herramientas mencionadas o desatiende las iniciativas que puedan surgir de una ciudadanía más preocupada por el control electoral que los propios políticos, los funcionarios y los próximos candidatos.

Tucumán no es la única situación feudal del sistema político nacional. Formosa, Santiago del Estero, San Juan, Catamarca, La Rioja o San Luis, por citar algunas, sin dejar de conocer la realidad del día electoral en una intendencia como Merlo, La Matanza y su inmensa geografía, Florencio Varela o San Martín. En todas se extiende el clientelismo y el patronazgo.

En todos estos lugares, las irregularidades electorales que se multiplican van desde la sustitución de la identidad del elector, la violencia contra fiscales y autoridades de mesa, la eliminación de la oferta electoral o el asalto del escrutinio de mesa y la modificación de los resultados electorales (situación que seguirá pasando con boleta única, electrónica o partidaria).

Sin fiscales no hay transparencia electoral posible. Mucho menos sin autoridades de mesa idóneas. Sin ciudadanía activa y comprometida con la democracia, tampoco. Es momento de aunar esfuerzos y trabajar en institucionalizar nuestra democracia desterrando las prácticas feudales, antidemocráticas e intolerantes.

La transformación de un sistema del tipo que fuere no es algo que se produzca de forma espontánea ni de la noche a la mañana. Es un proceso en el que es preciso dar pasos firmes en la dirección correcta. Eso no se logra a través de atajos ni propuestas mágicas de tintes demagógicos o simplistas.

Tampoco hay verdades binomiales, no es papel o computadora, no es Boca contra River; es nuestra democracia la que está en juego cuando tocamos el sistema electoral y político. La responsabilidad debe ser la mayor posible. Nada de esto dice un manual de marketing electoral y político, ni de campaña de timbreo o plan de redes sociales.

 

Por Pablo Olivera Da Silva