En junio se volvió a verificar una caída real de la recaudación de los principales impuestos nacionales cobrados sobre las operaciones domésticas. Tanto en IVA como en Ganancias, aunque dio una tenue señal de no agravamiento, en el sentido que las caídas fueron menos abruptas que en abril y mayo”, resaltan los economistas del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).

Y destacan que más allá de la extensión de la cuarentena que el Gobierno nacional decretó a partir del 20 de marzo, aunque con cierta flexibilidad para algunas actividades del sector privado, pero que ahora volvió a restringir para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), “junio se caracterizó por contar con 3 días hábiles más que en junio de 2019”, pero esa ayuda estadística fue insuficiente para evitar una nueva caída real a ritmo de dos dígitos porcentuales altos, 16,2%, al aumentar apenas 20,1% en valores nominales, a $545.963 millones.

Se trató de la quinta baja consecutiva en términos reales a ritmo de dos dígitos porcentuales altos en comparación con un año antes en que la economía ya había ingresado en recesión, porque ahora, con la extensión de la cuarentena a 100 días que superó en junio y que se extendió a gran parte del corriente mes, en particular en los centros urbanos con más de 500 mil habitantes, se profundizaron los efectos contractivos del consumo de la producción, aunque en algunos sectores, como el de los bienes durables, como automotores y motos, que lograron superar los niveles de un año antes, por el atractivo que representó la baja en dólares de las unidades.

“La transición del aislamiento social a distanciamiento social que rehabilitó en gran arte del país la producción y el comercio atenuó en junio el efecto de la caída en el nivel de actividad sobre la recaudación tributaria. Como se observa desde el inicio de la pandemia creció el acogimiento a los distintos Planes de Facilidades de Pago por deuda corriente. Las modificaciones normativas y la ampliación de las herramientas disponibles para la regularización de obligaciones vencidas también explicaron dicho incremento”, explica el informe del AFIP, habida cuenta de que en mayo la caída real había sido de 22,8 por ciento.

También contribuyeron a atenuar el efecto del pobre desempeño de IVA DGI, sobre la producción nacional, con un incremento nominal de 15,1%, casi 30 puntos porcentuales menos que la inflación, el estacional ingreso del saldo de Bienes Personales, por los “pagos correspondientes a los vencimientos por tenencias de acciones y participaciones societarias, y el incremento en la alícuota previsto en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, porque aportó un aumento nomina de 292%. Así como el Impuesto PAIS que generó $14.116 millones, y acumuló $47.705 millones desde su vigencia desde enero del corriente año.

En los 10 meses posteriores a las PASO, la recaudación tributaria acumuló 8 con aumentos nominales muy inferiores a la tasa de inflación, de los cuales sólo los 4 últimos se explican por los efectos dañinos de la cuarentena extrema que disparó la llegada de la pandemia del Covid-19 a partir del 20 de marzo, y la otra mitad por la falta de un plan económico que fuera capaz de cortar el ciclo recesivo que ya suma más de 30 meses.

Mientras tanto, minutos antes de difundir los datos de la recaudación de junio y el primer semestre, la AFIP, a cargo de Mercedes Marcó del Pont, comunicó la decisión de extender hasta el 31 de julio el plazo de adhesión a la Moratoria 2020 para micro, pequeñas y medianas empresas, monotributistas, autónomos y entidades sin fines de lucro. La normativa del organismo instrumenta la prórroga en los plazos del plan de regularización establecido el sábado pasado mediante la publicación en el Boletín Oficial el DNU 569/2020.

“La decisión pretende asegurar que la adhesión al régimen no se vea afectada por la pandemia y torne eficaz la recuperación de la economía perseguida por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva. La Moratoria 2020 permite que los contribuyentes regularicen deudas impositivas, de la seguridad social y aduaneras vencidas hasta el 30 de noviembre de 2019″, destaca la oficina de prensa de AFIP.

Aumento del déficit general

Las consecuencias negativas de tan pobre recaudación sobre las finanzas públicas provocada por la inédita crisis de actividad que provocó una cuarentena casi extrema para la movilidad de los trabajadores a sus fuentes de recursos a través del transporte público son, primariamente, tres:

1) sobre la Administración Central porque al mismo tiempo debió enfrentar mayor demanda de gasto social, y por tanto potenció el déficit fiscal;

2) las administraciones provinciales, porque la mayor baja de recursos se concentró en los impuestos coparticipables, es decir los que percibe la AFIP a través de la Dirección General Impositiva, pero que la mitad reparte entre las 24 grandes jurisdicciones en que se divide el país; y

3) sobre la red de 2.164 municipios de todo el país, que reciben una parte de los recursos tributarios de las provincias.

Hernán Letcher y Luciano Foggia del CEPA (Centro de Economía Política Argentina)recuerdan: el 89% del IVA (leyes 23.966 y 27.432), el 100% de los Impuestos Internos Coparticipables (Ley “la masa coparticipable bruta se conforma del 100% del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628), 26.674), además de otros impuestos menores”.

Sobre esa base, los economistas del CEPA estimaron una caída de los giros de la Nación al interior del orden de 12% en términos reales, las cuales se suman a las sendas disminuciones ajustadas por inflación de 11,5% en marzo; 18,7% en abril y 26,6% en mayo. En todos los casos respecto de los valores de iguales meses del año anterior.

El semestre finalizó con una recaudación tributaria total de $2,9 billones, subió 26,7% en valores nominales, mientras que se contrajo 14,5% en valores reales en comparación con similar tramo del año anterior.

De ese total $1,1 billones fueron destinados a la Administración Central; $961.181 millones al conjunto de las provincias; $676.157 millones al Sistema de la Seguridad Social y el resto de $134.851 millones a partidas “no presupuestarias”. En los tres primeros casos significaron disminuciones ajustadas por inflación de 14% a 16% interanual.