Las ventas a precios corrientes en julio de 2019 relevadas en la Encuesta de Supermercados del Indec sumaron $55.080,7 millones, representó un aumento nominal de 40,2% respecto a igual mes del año anterior, nuevamente muy por debajo de la tasa de inflación, aunque levemente por arriba de la variación del promedio de los salarios en el sector formal de la economía.

Acumuló así 13 meses de caída en valores ajustados por inflación, una medida aproximada de las cantidades vendidas, la cual desde el inicio del año se mantiene una magnitud de dos dígitos porcentuales, siempre en comparación con un año antes.

Un desempeño recesivo similar registró el Indec en el caso de los Centros de Compras (shopping), donde también el monto total de las operaciones llevaba a esa fecha 13 meses consecutivos con volúmenes comercializados por debajo del año anterior. Sumaron $9.837 millones, 35,8% por arriba del año previo.

En los primeros 7 meses de 2019 la facturación conjunta de las cadenas de supermercados totalizaron $351.205 millones, en valores nominales y $164.495,3 millones en moneda constante. En el primer caso significó una suba de 41,8% en comparación con similar período de 2018, pero una contracción de 12,8% en volumen físico de operaciones.

Mientras que el total de las transacciones en los Centros de Compras desde el inicio del año sumaron $53.106,4 millones; y $24.713,7 millones en valores ajustados. Representaron un modesto incremento de 30,7% nominal, y una merma real de 14,6% en el segundo.

Expectativas más contractivas para agosto – septiembre

El cambio de escenario político-económico tras el resultado de las PASO, producto de una nueva devaluación a ritmo de dos dígitos en agosto, y consecuente aceleración de la tasa de inflación a 4% ese mes y en torno a 6% la previsión para el corriente mes, anticipan expectativas de profundización del escenario recesivo.

Un paliativo recibieron los jubilados y pensionados, con el cobro en septiembre del ajuste trimestral de la movilidad, que fue de 12,2%. Por el contrario, en el segmento de los asalariados los ajustes fueron parciales, según la dinámica de los tiempos pautados en paritarias.

De ahí que el Gobierno aceleró la reglamentación, por decreto del pago de un bono remunerativo de $5.000 a partir de octubre. Aunque su impacto se estima muy heterogéneo, dadas las severas limitaciones financieras que afectan a muchas firmas, en particular a las pymes industriales y de servicios no exportadoras.