El cambio de escenario internacional, con la aceleración de las devaluaciones de las principales monedas respecto del dólar, en el orden externo, pero también las señales confusas emitidas por el ala económica con medidas a contramano de fomentar la generación de divisas por la vía del comercio, y el excesivo uso de reservas para regular infructuosamente el mercado de cambios, no solo aceleraron la inflación y acentuaron la perspectiva de recesión, sino que también pusieron en duda la capacidad del mercado interno de financiar el saldo de vencimientos de deuda e intereses de la deuda pública no cubierto por organismos internacionales.

Tardía pero oportunamente, el Presidente emitió un mensaje escueto que busca dar tranquilidad a los mercados, al informar a la sociedad en su conjunto que  su gobierno cerró un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que el organismo “adelante los fondos necesarios para garantizar el cumplimiento del programa financiero” del 2019.

Ahora viene la etapa más difícil, lograr que los mercados crean que el anuncio sea suficiente para despejar no solo las dudas sobre el riesgo de incumplimiento de alguna parte de los vencimientos de la deuda pública, sino que las necesidades de financiamiento previstas no tiendan a crecer por efecto de la devaluación del peso, y la perspectiva de agudización de la recesión.

Una idea de lo que se estima debería revisar el Gobierno en sus postulados del Acuerdo con el FMI difundido el 12 de junio y firmado por el directorio el 20 de ese mes, sería releer ese documento:

1. Para “disminuir las tensiones en nuestro balance de pagos, permitiendo operar flexiblemente a nuestro tipo de cambio como un amortiguador de shock, incrementando nuestras reservas internacionales, disminuyendo nuestro déficit de cuenta corriente, y reduciendo nuestras necesidades de financiamiento”, se debería dejar que alcance el nivel que equilibre oferta y demanda, sin que se pierdan divisas de la autoridad monetaria con licitaciones diarias que al final del día terminan entregándose a precio de remate.

2. “Proteger a los sectores más vulnerables de la carga necesaria de esta recalibración de la política económica”, eso requiere adoptar medidas que por un lado refuercen la asistencia a los sectores de bajos ingresos con aumento de las asignaciones y bonos de emergencia, pero al mismo tiempo instrumentar un anticipo de emergencia del pago de impuestos en proporciones crecientes para los sectores de medianos a altos ingresos, y en particular a las grandes empresas, para que no se debiliten las finanzas públicas.

3. “Acelerar el ritmo de reducción del déficit primario del Gobierno nacional”. Ese objetivo debería ser sustituido por el compromiso de disminuir el déficit financiero, esto es el final; porque lo que comenzó a inquietar a los inversores internacionales, pero también a los locales que en los últimos meses mantuvieron un activo atesoramiento de divisas, es que el ahorro primario se pierde rápidamente con el aumento del pago de intereses de la deuda en dólares, por el efecto del salto del tipo de cambio.

4.“Continuaremos con nuestros esfuerzos para racionalizar el empleo público”, hasta ahora no se han visto progresos, por el contrario, mes a mes se ve en las estadísticas del Ministerio de Trabajo, y en el Boletín Oficial, que se incrementa la nómina, y nunca baja, cuando se advierte que en la burocracia de la administración pública, esto es excluidos sanidad, seguridad y educación, que crecen al ritmo vegetativo, persiste la incorporación de cargos altos. No se conocen los resultados de la baja del ausentismo, y menos de aumento de la productividad del empleo público.

5. Hacer pronósticos creíbles y cumplibles. El Presupuesto 2018 se hizo con una meta de inflación del 10%; cuatro meses después “se recalibró” la meta al 15%; y en menos de 6 meses se elevó a 32% para el cierre del año, pero ya quedó superada, según las expectativas del mercado.

6. No adoptar medidas que revelen la incapacidad de recortar el gasto público, como fueron los decretos sorpresivos con la firma del ministro de Hacienda en busca de quitar beneficios al sector privado como el recorte a la tercera parte de los reintegros de impuestos a los exportadores, y la suspensión del cronograma de recorte de las retenciones a los derivados de la soja; más aún cuando se busca el objetivo de fomentar la generación de divisas por parte del sector productivo.

7. Explicitar un plan económico. Hasta ahora se han visto enunciados y acciones aisladas por cada Ministerio, pero que no logran dar la idea de coordinación en busca de objetivos consistentes.

8. Lo más relevante, dejar de subestimar las señales que emiten los mercados, y al mismo tiempo abrirse a la ronda de consultas a los más encumbrados economistas de la Argentina, independientes, pero también de la oposición, en busca de consensuar iniciativas para revertir una crisis cambiaria que, según los indicadores de la economía real, parece sobreexagerada.

9. Explicitar el Programa Financiero, y, en particular transparentar en las licitaciones de Letes en qué proporción participan bancos e inversores privados, y en cuánto sectores del sector público, como la Anses, para dar una señal de mejora o no de la confianza en los bonos de la deuda pública.

10. Que el tipo de cambio deje de ser el ancla fallida de la inflación. El salto a $32 en cuatro meses es el resultado de haberlo “pisado” desde el segundo semestre de 2017 hasta el primer trimestre de 2018. La suba acumulada desde la unificación del mercado el 17 de diciembre de 2015 no está muy lejos del alza promedio de los precios al consumidor del 130% desde entonces.