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El economista destaca en una entrevista con Infobae que el PBI caerá más de 10% en el segundo y tercer trimestre. Explicó por qué el índice de riesgo país se multiplicó por 5 desde agosto, frente a menos de 2 veces en el promedio de la región

La pandemia de la COVID-19 está haciendo estragos en grandes economías, al punto que se estima que la mitad de la población económicamente activa del mundo -oferta laboral-, perdería transitoriamente el empleo o sufriría recortes nominales de ingreso, y agravaría el cuadro recesivo, porque retrasará la recuperación de la actividad global.

En la Argentina por ahora nadie se atreve a imaginar un escenario de esas características, aunque ya los datos anticipados de marzo, con apenas un tercio del mes en cuarentena, dieron cuenta de una caída de la actividad global del orden de 10% y primeros pronósticos de contracción de hasta 15% en todo el año, superior a la depresión de 2002, cuando la economía acumulaba 4 años en recesión, y fue sorprendida por devaluación, default y pesificación de los depósitos en dólares a una paridad muy inferior a la del mercado libre.

Cada vez más economistas coinciden en destacar que esa reacción contractiva se explica por la concurrencia de exceso de aislamiento de la sociedad y suspensión de la mayor parte de las actividades productivas y comercial, con los limitados instrumentos de política monetaria y fiscal para suavizar el impacto, no sólo presente, sino también a futuro.

Y si bien en la última semana se observó un incipiente cambio de expectativas, aunque no muy fuerte, en torno a la posibilidad de un acuerdo entre Gobierno y acreedores que despejó la posibilidad de default de la deuda, no son pocos quienes alertan que esa condición es necesaria, pero no suficiente para revertir el atraso ya casi estructural de la actividad productiva y comercial que condujo a un altísimo núcleo duro de pobreza por arriba del 35% de la población, sino que se requiere “normalizar” la situación macroeconómica, con vuelta hacia el equilibrio de las finanzas públicas y de las cuentas externas; reducción en un 10% del PBI de la presión tributaria y diseño de un programa de incentivos a la inversión y exportación del amplio abanico de oportunidades que se proyectan después de la pandemia: en el agro, la minería, Vaca-Muerta y la industria del conocimiento, de modo de atraer los activos externos de argentinos, y revertir el constante flujo negativo de divisas de quienes tienen capacidad de ahorro.

Uno de ellos es Luis Secco, director de Perspectiv@as Económicas, quien accedió a una nueva entrevista con Infobae, para conocer su lectura del momento actual y de sus recomendaciones de política económica para el futuro inmediato.

– Se sabe que la pandemia de la COVID-19 encontró a la economía en su conjunto muy debilitada y al Gobierno con mínimos instrumentos de política económica ¿Esas dos características pueden explicar la multiplicación por 5 del riesgo país en apenas 8 meses, muy lejos de las subas que registraron el resto de los países de la región, con excepción de Ecuador?

– En efecto, la situación de la Argentina pre pandemia era extremadamente frágil. El gobierno de Alberto Fernández no había logrado revertir la crisis de confianza que se desató en el otoño de 2018 y que se profundizó a partir de las elecciones primarias de agosto de 2019. Creo que este es un aspecto central a tener en cuenta para analizar tanto lo que sucede en estos días durante la cuarentena, como a la hora de pensar qué es lo que nos puede deparar el día después. Los pronósticos de crecimiento e inflación eran negativos y las perspectivas de recuperar el crédito externo y las inversiones de riesgo, independientemente de cómo saliera la renegociación de la deuda pública, eran también muy poco auspiciosas.

Además, las primeras medidas tomadas por el nuevo Gobierno reflejaban su preferencia por más Estado, más impuestos, más regulaciones y más controles, cuando buena parte del sector privado y de la mayoría de los sectores productivos reclamaban (y reclaman) lo contrario. Recordemos que medidas como el aumento de las retenciones; la doble indemnización; la Ley de Góndolas; el enésimo capítulo de Precios Cuidados; el congelamiento del precio de los combustibles; y de las tarifas de servicios públicos, se tomaron antes de que el brote de la COVID-19 llegara a la Argentina.

Recordemos también que el mismo Gobierno mostraba algunas dudas acerca de si lo hecho desde que había asumido era necesario para reactivar la economía, toda vez que tanto el Presidente, como el ministro de Economía, en más de una ocasión, manifestaron que (más adelante) darían a conocer el programa económico que sí permitiría hacerlo. Una suerte de promesa que se dejó de lado cuando se encaró en forma más concreta la renegociación de la deuda, pero que volvió a tomar algo de fuerza en las últimas semanas.

Sobre la cuestión específica del índice de Riesgo País, con el brote de la COVID-19 expandiéndose por todo el planeta, y a partir de sus consecuencias sobre la actividad económica, el comercio y los activos de riesgo globales, algunos de los aspectos idiosincrásicos de cada país pueden pasar algo desapercibidos. Pero está claro que la prima de cobertura de nuestro país, tanto en sus niveles como en su evolución más reciente, refleja un nivel de desconfianza y de dudas que nada tiene que ver con la de sus pares. Esas dudas exceden las que hoy plantea el futuro de la pandemia y sus consecuencias. Porque las debilidades coyunturales y estructurales de la macroeconomía argentina no desaparecerán por arte del coronavirus y, peor aún, podrían agravarse como consecuencia de las respuestas de política llevadas adelante por el Gobierno.

– ¿Comparte lo hecho hasta ahora por el Gobierno para enfrentar los costos y desafíos que plantea la llegada de la COVID-19 a la Argentina?

– Intentaré aclarar mi posición. Estamos frente a un shock global de características únicas que, por lo tanto, no encuentra respuestas ni en los libros de historia, ni en la memoria colectiva de ningún país o nación. Navegamos en aguas desconocidas y, sobre todo en materia sanitaria, vamos aprendiendo sobre la marcha. Y éste es un problema central para la economía: no tenemos certezas sobre la duración del brote, ni sobre cuándo habrá un tratamiento o una vacuna que permita levantar las cuarentenas obligatorias sin riesgos de que se produzca un peligroso rebrote. En este contexto, mi impresión, es que el Gobierno se inclinó demasiado pronto por un aislamiento obligatorio muy estricto. Preocupado por la necesidad de achatar rápidamente y todo lo posible la curva de casos activos, para ponerla en línea con la infraestructura sanitaria disponible, dejó de lado cualquier consideración económica.

Más allá del sesgo economista con el que puedo estar analizando el problema, habría resultado pertinente tener en cuenta que también existe una infraestructura económica a la cual ajustar el ritmo de la pandemia. Esa está dada, como surgía de la pregunta anterior, por las condiciones previas, por la disponibilidad de instrumentos de política capaces de paliar las consecuencias económicas del shock global y de las propias restricciones sanitarias impuestas, y por las características propias del sistema económico argentino (como la alta informalidad y una reducida bancarización). El Gobierno puso en marcha entonces medidas de aislamiento muy estrictas, paralizando la actividad económica y utilizando políticas tendientes a compensar las consecuencias de esa parálisis, tal como lo hicieron la mayoría de los países. Pero lo hizo sin tener las mismas espaldas que el resto de los países o sin que operen mecanismos más automáticos para enfrentar condiciones macro inesperadas (como seguros de desempleo de amplio alcance que se gatillan rápidamente). Además, lo hizo en un contexto de altísima fragilidad fiscal y monetaria, y sin acceso al crédito.

Mientras el resto de los gobiernos anuncian que sus programas de estímulo fiscal y monetario permitirán que sus economías se recuperen rápido post pandemia, en Argentina –aun cuando el Gobierno recita el mismo credo– existen muchas dudas de que ello pueda ser así. Básicamente porque un déficit fiscal primario que promete llegar a niveles del orden de 7% a 8% del PBI y su financiamiento exclusivamente monetario (emisión del BCRA o colocación compulsiva de bonos en el sistema financiero) no hará más que agravar las sospechas de que vamos camino a un nuevo round de inestabilidad nominal (más exceso de oferta de pesos, más presiones inflacionarias y devaluatorias), que lejos de facilitar la recuperación de la actividad económica, la comprometerán.

Estamos hablando de cifras enormes, que muchas veces resulta difícil de visualizar, pero tengamos en cuenta que la base monetaria en lo que va del año ya aumentó en $700.000 millones y que en lo que resta del año el Tesoro necesitaría recibir del Banco Central unos $2 adicionales. El crecimiento de la base se encuentra hoy en el orden del 70% anual y de mediar la expansión antes mencionada, el stock podría llegar incluso a triplicarse hacia fines de año.

– Mencionó la cuestión de la informalidad de la economía y la baja bancarización pero el Gobierno parece que no está aprovechando la extensión de la cuarentena forzosa y las medidas de cobertura social para revertir ese defecto estructural con mensajes de docencia sobre los beneficios que implicaría para la sociedad en su conjunto operar en blanco ¿Cuál es su lectura?

– Son dos problemas estructurales de larga data que en cierta medida están relacionados. Ambos reconocen un origen común: la recurrencia del Estado argentino de “cazar en el zoológico”, no sólo a través de una presión tributaria alta y creciente en el tiempo, sino también a través de confiscaciones y estafas recurrentes en detrimento del ahorro financiero canalizado a través del sistema bancario y los mercados de capitales locales. En muchas oportunidades, la única forma de preservar el ahorro y el patrimonio (cualquiera sea el tamaño de ellos) ha sido para muchos argentinos la opción de guarecerse en la informalidad. Y cuanto mayor informalidad, más limitada es la posibilidad del sistema financiero de actuar como proveedor de servicios financieros.

No por nada el tamaño del sistema financiero argentino, medido por los préstamos al sector privado en relación al PBI, es el más pequeño de la región (salvo Venezuela y Haití). Sólo intermedia los pocos ahorros que se canalizan localmente, presta a las empresas del sector formal y únicamente provee medios de pago a dos tercios de la economía total (porque el tercio restante es totalmente informal). La pandemia de la COVID-19 puso de manifiesto, más claramente, algunas de estas debilidades. Como también me parece que puso en evidencia algunas dudas o falta de consenso en el Gobierno respecto de la necesidad de continuar favoreciendo los procesos de innovación financiera y la competencia de intermediarios financieros no bancarios en los mercados de crédito y de provisión de medios de pago.

De hecho, antes de la pandemia, se tomaron algunas medidas que desincentivaban la operación de algunas fintech en esos mercados. Esas señales algo confusas se agravaron durante las últimas semanas, sobre todo cuando buena parte del Gobierno puso en el centro de la escena a los bancos como los grandes culpables de la lentitud de respuesta de las medidas de asistencia social y financiera a personas y empresas. En realidad, los bancos no son los culpables si las medidas son mal diseñadas o si se pone en peligro la solvencia de las entidades. Las cuales, recordemos, dada su naturaleza (acá y en cualquier lugar del mundo) intermedian primordialmente fondos de sus depositantes (y muy poco capital propio).

– ¿Cómo ve la economía? ¿Se sorprendió como el Ministerio de Desarrollo Productivo por el impacto recesivo adicional que trajo la COVID-19, aún en sectores esenciales y con posibilidades de teletrabajo?

– No entiendo la sorpresa. Ya habíamos visto en el resto del mundo primero el colapso de la oferta a partir de la interrupción de las cadenas productivas a escala local y global (sobre todo de aquellas más dependientes de insumos industriales) y luego el colapso de la demanda como consecuencia de los efectos de las restricciones sanitarias sobre los sectores no esenciales y sobre el resto de los sectores cuando se resienten el empleo y los ingresos de las familias. Desde un principio y más allá de la forma en la que el Gobierno ha decidido ir anunciando la extensión de la cuarentena obligatoria (en cuentagotas), sabíamos que no sería por unos días que la actividad económica de muchos sectores sería igual a cero.

El aislamiento total en Wuhan, China (que fue el primer lugar en imponer restricciones extremas a la movilidad) duró 76 días. ¿Por qué pensar que duraría menos en Argentina? Incluso aunque durara la mitad de ese tiempo, no existe margen para que la actividad de todos los sectores económicos no se vea afectada. Es cierto que hay algunas ramas como la producción de alimentos o de productos frescos, o de insumos y productos médicos y farmacéuticos, y algunos para la higiene del hogar que se han mantenido en niveles razonables. Pero lo que no se consume del resto de los productos y servicios, no se gasta, además de que no todas las familias han tenido la capacidad para mantener sus ingresos en los niveles pre pandemia.

Con perspectivas inciertas para el futuro, en el caso que alguna familia tenga la posibilidad, la decisión pasa más por ahorrar esos recursos que por destinarlos a gastar en bienes no esenciales o imprescindibles. En cuanto a la producción de servicios profesionales, consultoría, programación, etc., en muchos casos las empresas (que son sus principales demandantes) han reducido su demanda y suspendido planes, así que no ha sido fácil mantener los niveles de actividad previos, ni siquiera teniendo la posibilidad de hacerlos desde el hogar vía teletrabajo. Esta modalidad ha sido fundamental y ha permitido para mantener a las empresas en funcionamiento a niveles gerenciales y administrativos, incluso en el caso de empresas con plantas totalmente paradas y vacías. Pero incluso en este aspecto ha quedado en evidencia también la falta de inversiones en materia de infraestructura de comunicación y de velocidad en la transferencia de datos.

Según las previsiones de Perspectiv@s Económicas, la caída de la actividad agregada del segundo y tercer trimestre sería como mínimo del orden del 10% interanual. Lo que llevaría a que el PBI resulte similar a la que teníamos en 2007. O sea, 13 años sin crecimiento. Digamos otra “década perdida”.

– ¿Qué análisis hace de la política monetaria y financiera del Banco Central, que por un lado inunda el mercado de pesos y casi duplica la base monetaria, y luego se arrepiente y da marcha atrás y expande fuertemente los instrumentos de regulación monetaria, como las Leliq a 28 días y pases a 1 día de plazo, cuando fue una de las principales críticas que le hiciera al gobierno anterior?

– La política monetaria es claramente inconsistente y está reñida con la estabilidad nominal. Hay muchas voces que sostienen que no hay alternativa. Que no queda otra que financiar todo lo que haya que hacer en materia fiscal con emisión de pesos. Pero ello no significa que no pueda hacerse nada para que una emisión descomunal no se convierta en un ticket seguro al descontrol nominal. Porque, por ejemplo, lo peor que podría suceder es que esa emisión conviva con un nuevo round de caída de la demanda de pesos, la cual –está bastante claro– no sabe de cepos y mucho menos los reconoce como obstáculo, toda vez que el premio por quedarse en pesos se ve artificialmente reducido por una política de tasas de interés cuanto menos imprudente.

El BCRA y el Gobierno pretenden tasas de interés bajas y muy negativas en términos reales para favorecer el financiamiento a bajo costo de las personas y empresas afectadas por el frenazo de la actividad económica, pero a través de ellas desincentiva la demanda de instrumentos en pesos y favorece la demanda de dólares. Un proceso cuyas consecuencias ya empezaron a verse en los mercados cambiarios que operan libremente y que, como dije al principio, afecta las perspectivas de estabilidad de precios más allá de los controles y congelamientos. Controles que a medida que pasa el tiempo lucen cada vez más difíciles de mantener en el tiempo.

– Las monedas se han depreciado fuertemente frente al dólar, mientras que el peso, al no acompañar el ritmo, se apreció respecto de las divisas de sus principales socios comerciales ¿Qué recorrido espera para el corto plazo, y cómo puede afectar el ritmo inflacionario?

– Sí, estamos frente a un gran problema. Otro, lamentablemente. El tipo de cambio oficial ha quedado claramente retrasado frente al real y otras monedas importantes. El Gobierno lo viene utilizando como ancla de precios y de expectativas y vale la pena que recordemos que antes de la pandemia, tanto el Presidente como el ministro de Economía, mencionaban que el dólar oficial planchado, los precios congelados de la energía y de otros servicios públicos, y los Precios Cuidados eran los pilares de su política antiinflacionaria. Pilares que han sido ratificados durante las últimas semanas y que se vieron complementados por el congelamiento de precios de productos básicos con fecha valor 6 de marzo.

Creo que, si bien ha habido algunos rumores acerca de una eventual devaluación y si bien el Gobierno cuenta con una excusa (una explicación) para llevarla a cabo (todos los países devalúan por la crisis), dada su intención de aparecer como un gobierno popular comprometido con el bienestar de las grandes mayorías, no arriesgaría su aprobación y popularidad actual propiciando una devaluación del peso. Menos cuando eso podría ser visto como una “claudicación” frente a los intereses del mercado (y de oscuros operadores internacionales).

– ¿Dolarización sí o no? ¿Por qué?

– En la Argentina hemos probado todo tipo de arreglos cambiarios y monetarios. Tipo de cambio fijo; con devaluaciones prenunciadas; totalmente libre; administrado; con controles de capitales; múltiples, para el comercio y los servicios de turismo y financieros; la convertibilidad. Hemos sido un gran laboratorio, y prácticamente ninguno de ellos permitió alcanzar una estabilidad nominal duradera, a prueba de los descalabros fiscales y de la gastomanía estatal. En todos los casos, la idea fue mantener el peso como medio de pago y tratar de que, en la medida que existiera cierta estabilidad nominal, volviera a ser utilizado como reserva de valor. Pero ninguno de esos objetivos fue plenamente alcanzado. La dolarización sería renunciar a tener moneda propia y, por lo tanto, renunciar a la posibilidad de enfrentar cualquier crisis fiscal primero emitiendo e inflando y luego, a medida que la suba de los precios se descontrola, licuando el gasto y los desequilibrios fiscales que dieron origen al descontrol monetario.

Un corsé más fuerte que el de la Convertibilidad podría resultar igualmente vulnerable. Porque ¿cuál sería la razón para que algún político (eventualmente mal asesorado) no se despierte un día con la idea de emitir, frente a un shock externo, una sequía o una nueva pandemia, una cuasimoneda como para puentear la restricción de no tener una moneda propia sino el dólar? Tengamos presente que hoy hay gobernadores que piensan en emitir su propia moneda para poder financiar sus finanzas provinciales. O sea que dolarización sí o no, no es una pregunta a la que podamos darle una respuesta técnica o sólo económica. Hay una cuestión eminentemente política y hasta cultural que hace que cualquier régimen monetario luzca vulnerable frente a una clase política que ha mostrado a lo largo de la historia un accionar que no reconoce los límites ni de la consistencia económica ni del estado de derecho. Se podría pensar que el límite estará del lado del mercado, de nuestro lado, porque no aceptaremos la emisión de esa cuasimoneda, pero ¿acaso no es eso lo que ya sucede de alguna manera con el peso?

– El Presidente dijo que el ministro Martín Guzmán y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, están trabajando en un plan económico. ¿Cómo recibió ese mensaje?

– ¡No estaría nada mal! Pero soy escéptico. No teníamos plan antes y luce muy difícil armar uno ahora. Sobre todo, si pensamos que lo que se necesitaba antes era un programa integral de abordaje de los desafíos coyunturales y estructurales que enfrenta desde hace mucho tiempo la economía argentina. Pienso que, en estos momentos tan críticos, de haber tenido un programa económico –una hoja de ruta– hubiera sido más sencillo implementar medidas de emergencia sin que surgieran tantas dudas o sin que se produjera tanta incertidumbre de lo que nos deparará la post pandemia.

Después de todo, un programa económico sirve para eso, para poder apartarse de él bajo ciertas circunstancias y luego volver a esa hoja de ruta conocida por todos. El problema ahora es que no sabemos a dónde volveremos después de la pandemia. Navegamos en aguas desconocidas, pero sin un rumbo que retomar el día después. Además, me pregunto ¿estamos en condiciones de darnos el lujo, una vez más, de justificar todo tipo de inconsistencias so pretexto de la emergencia económica? Como dije antes, hay países que están bien preparados para hacerlo. Pero no es el caso de nuestro país. La política fiscal y monetaria ya era poco consistente antes de la pandemia y lo es más ahora.

Uno podría preguntarse ¿respecto de qué es inconsistente? Porque parece ser que la inflación no es una prioridad para casi nadie y menos para el actual gobierno, que lo único que importa hoy es la contención de la crisis sanitaria. Pero, vale la pena recordar, la inflación genera pobreza, hambre y marginalidad. Y ello también produce enfermedades y muertes y una reducción de la expectativa de vida de los que lo sufren en carne propia. La Argentina ha mostrado ser un laboratorio en el que de la pobreza no se vuelve. Más Estado no es la receta para combatirla. No hay política social que compense las consecuencias de malas políticas económicas. Es hora de que la política económica alargue su horizonte y priorice la estabilidad nominal y el crecimiento por sobre la distribución de ingresos.

– En pocos días vence el plazo de 20 días que se fijó Martín Guzmán para que los bonistas acepten el contrato de reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera ¿Qué expectativas tiene? ¿Se apresuró el Gobierno, o hizo lo correcto?

– El Gobierno puso en blanco y negro muy claramente desde el principio que el objetivo de la renegociación sería lograr el máximo alivio posible. Lo que se oponía por cierto a la idea de una negociación amigable. Además, también dejaba de lado cualquier posibilidad de lograr un reacceso rápido al financiamiento voluntario, toda vez que lograr el máximo alivio se logra posponiendo pagos y alargando plazos y reduciendo cupones. Incluso, tal como sucedió, una quita nominal de capital significativa no era clave en ese esquema. Lo importante para el Gobierno era pagar lo mínimo posible y la oferta de canje se delineó con ese objetivo en mente. Pero más allá de lo agresivo de la misma, hay otras cuestiones que hacen muy difícil su aceptación.

El Gobierno puso demasiado énfasis en la (in)capacidad de pago. “No podemos pagar” fue el principal argumento esgrimido desde el vamos. La pregunta que se hacen los acreedores es ¿y más adelante, podrán pagar? ¿Por qué deberíamos creerle a la Argentina esta vez? Ya mencioné que es muy difícil hacer predicciones durante la pandemia y que lo es mucho más sin una hoja de ruta o programa de por medio. El Gobierno dejó a muchos managers y estrategas de fondos sin algo que contar respecto de la sustentabilidad de la propuesta. Es una propuesta sin un relato de por medio. Ni siquiera está el relato de un programa con el FMI, el que de alguna manera se lavó las manos y le tiró todo el análisis de sustentabilidad por la cabeza al mercado. Tengamos presente que el Fondo Monetario Internacional es el principal acreedor de la Argentina y hoy no sabemos nada de cómo ni cuándo se pagará esa deuda.

El mercado espera una mejora de la oferta, pero las máximas autoridades siguen firmes en su postura de que no habrá mejoras. Si esto es realmente así, vamos a una larga negociación y, muy probablemente, a un perfeccionamiento del default. Lamentablemente, una buena parte de la clase política subestima los costos de la cesación de pagos. Tremendo error. El rebote será aún más difícil, porque ya no sólo se verá obstaculizado por las inconsistencias macro y las consecuencias inflacionarias de las políticas impulsadas antes y durante la pandemia. A ellas habrá que sumarles la falta de crédito internacional (comercial y financiero) para el sector privado y un nuevo retroceso en la reputación crediticia del país. No será fácil esconder o disimular el default en la polvareda global levantada por la CoronaCrisis, porque todo el mundo sabe que la Argentina venía flirteando con el default mucho antes de ella.

– Sorpresivamente, el Gobierno dispuso ausentarse del Mercosur, por oponerse a las negociaciones de libre comercio con países como India, Canadá, Corea y Líbano ¿Cree que es una medida que afectará el comercio con el principal socio, Brasil?

– El gobierno de Alberto Fernández viene mostrando una preferencia bastante clara por la discrecionalidad. Lo cual quedó reflejado en la Ley de Solidaridad o de emergencia económica que se aprobó antes de la pandemia de la COVID-19. El problema con la discrecionalidad, como decía antes, es que, si bien puede incrementar la rapidez de respuesta frente a un shock, tiende a generar una gran incertidumbre acerca de lo que es permanente y lo que es transitorio en materia de políticas públicas.

Sin programa económico y con mucha discrecionalidad mediante, tiende a prevalecer la hipótesis de que absolutamente todo puede ser transitorio: los impuestos, las políticas monetarias y financieras, las regulaciones, la política cambiaria, la ayuda estatal, los subsidios, los precios congelados, los acuerdos comerciales, etc. etc. etc.

Me parece que el caso Mercosur es un buen reflejo de esa búsqueda de discrecionalidad y de menores restricciones institucionales para hacer política. En este caso, lejos de ir hacia una apertura creciente con el resto del mundo, tal como lo favorecen los países de la región, la razón parece inclinarse, precisamente, por lo contrario. Los acuerdos comerciales (los tratados de libre comercio o las uniones aduaneras, incluso las imperfectas como el Mercosur) reducen la discrecionalidad en materia de política comercial y de inserción internacional. Como el anuncio se hizo fuera de cualquier marco de política económica (como dijimos no existe una hoja de ruta), se generó una gran incertidumbre de hacia dónde va la política comercial, cuáles serán los próximos pasos, y qué hará el resto de los países del grupo en relación con nuestro país. Estamos frente a otra dimensión de esa incertidumbre que es una seria amenaza para las chances de una recuperación rápida y ostensible de la actividad económica una vez que afloje la pandemia.