En el segundo mes de plena implementación del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un déficit primario de $251.287 millones y un resultado financiero con un rojo de $308.219 millones, tras el pago de $37.227 millones en concepto de intereses de la deuda pública.

Como en el caso de los dos meses precedentes, gravitó en ese desempeño el efecto negativo de la cuarentena sobre las actividades productiva y comercial, porque generó un movimiento de pinzas de fuerte disminución de los recursos tributarios, e incremento sustancial del gasto social derivado de las medidas paliativas que implementó el Gobierno para los sectores más vulnerables.

El impacto sobre las cuentas públicas ha alcanzado una magnitud singular, no sólo porque a nivel primario (como se denomina al resultado previo al registro del pago de intereses de la deuda pública) un año antes había sido superavitario en $25.974 millones y ahora no sólo se esfumó sino que se multiplicó por casi 10 a pero con saldo negativo que informó la Secretaría de Hacienda, sino porque fue el más alto para un mayo en más de 30 años, probablemente desde la hiperinflación de 1989 que derivó en la entrega anticipada del mando de quien fuera el primer presidente del regreso de la democracia, Raúl Alfonsín.

Las estadísticas, con las severas limitaciones que tienen en la Argentina, donde en tres décadas no sólo se cambió más de cuatro veces la metodología de registro de las finanzas públicas, sino que se adoptó el criterio “base caja” por el cual se informan los movimientos percibidos del lado de los ingresos y lo efectivamente pagado, en el caso del gasto, el cual cuenta con un ejecutado que es siempre sustancialmente más alto, muestran con contundencia cómo este año, por efecto directo de la extensión de la cuarentena que comenzó el 20 de marzo el déficit fiscal ingresó en un tobogán, con aceleración de caída que aún no alcanzó su máximo.

Claramente, del lado de los ingresos tributarios se observó el derrumbe en valores reales por la severa limitación de la movilidad social y suspensión de actividades en el sector productivo y comercial que derivaron en muchos casos en cierre definitivo de establecimientos y pérdidas de puestos de trabajo, junto a suspensiones de personal con recorte de la nómina salarial, al no resultar suficiente la ayuda estatal.

Mientras que del lado del gasto se agregaron no sólo las necesidades de medidas paliativas de ingreso para los sectores más vulnerables, con partidas de unos $80.000 millones para el Ingreso Familiar de Emergencia, del cual quedó en mayo un saldo impago de unos $10.000 millones; sino también refuerzos para las arcas provinciales y también a las empresas de servicios públicos, como contrapartida al congelamiento de tarifas, se elevaron 179% en los últimos 12 meses. Estos dos rubros representaron casi un tercio del aumento del déficit fiscal en ese período.

El Gobierno intentó hacer ahorros, como se observó en la cuenta salarios con una suba de 24,1%, casi 20 puntos menos que la tasa de inflación desde mayo de 2019; y también en otros gastos de funcionamiento y pago de pensiones, con aumentos del 39%, e incluso de recorte en la partida de jubilaciones, con la suspensión de la aplicación de la fórmula que fijó la Ley de Movilidad Jubilatoria, la cual al tener un alto sesgo hacia el pasado en que la inflación fue notablemente más alta, pudo contener el crecimiento de esa partida presupuestaria en más de 10 puntos porcentuales.

Sin embargo, el resultado neto de último mes fue uno de los peores de la serie histórica, probablemente más negativo que el registrado durante la hiperinflación de mediados de 1989 y principios de los noventa, alcanzó un monto equivalente a USD 3.600 millones a nivel primario y USD 4.400 millones, el financiero, a un ritmo de más de 10% del PBI.

Junio, con proyecciones peores

La extensión de la cuarentena hasta el 28 de junio provocará otro mes con muy bajo nivel nominal de recaudación tributaria y caída que estudios privados ya estiman en más de 20% en valores reales.

Mientras que, del lado del gasto, a la también extensión del Ingreso Familiar de Emergencia que sumará unos $20.000 millones a las erogaciones de mayo, por el pago adeudado a más de 1 millón de beneficiarios de $10.000 que cobrarán doble este mes, se agregará el efecto estacional del pago del medio aguinaldo al personal y al conjunto de jubilados y pensionados; el incremento de las transferencias de asistencia al conjunto de provincias, y un nuevo incremento de los “subsidios económicos”, por efecto de la prórroga por otros 180 días de los aumentos de los cuadros tarifarios.

Semejante exceso de gasto sobre ingreso pudo sostenerse por la laxitud de la política monetaria del Banco Central con giros crecientes a la Tesorería, en parte en carácter de ganancias contables, y en parte de adelantos transitorios, aunque con el riesgo de generar presiones sobre la tasa de inflación y del tipo de cambio en el momento en que comience a flexibilizarse la cuarentena.