Normalmente, en los países que crecen en forma sostenida y sustentable, en particular los en desarrollo, el ahorro y la inversión privada se ubican en niveles sustancialmente mayores a los de la Argentina, en particular en la última década, donde ese proceso fue singularmente manipulado, con fines políticos, hasta que se agotó.

Esa es una de las causas indiscutidas del estancamiento de la actividad productiva en los dos mandatos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, con caída en términos por habitante, y que dejó un efecto inercial negativo hasta los primeros meses del corriente año.

En un paso más hacia la normalización del sistema estadístico nacional, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer la “involución” del ingreso y el ahorro nacional en un período de 11 años: se inicia con el previo a la asunción de Cristina Elisabet Kirchner a la presidencia, cuando el ahorro nacional se ubicaba en torno al 22% del PBI y el consumo, en el orden del 76% del PBI; el resto correspondía a la variación de stocks. Concluye en el siguiente al fin de mandato, en 2016, ya con un ahorro debilitado a menos del 14% del PBI, mientras que el consumo se elevó a 84% del PBI, principalmente de la mano de un Estado que pasó a gastar 6% del PBI más.

De más está resaltar que semejante expansión del consumo de las familias, tanto dependiente del sector privado como más aún del sector público en sus tres niveles: nacional, provincial y municipal, fue de muy mala calidad, habida cuenta de que paralelamente se expandió a tasas alarmantes la población en estado de pobreza, porque fomentó la aceleración de la inflación a un ritmo de dos dígitos porcentuales altos.

La razón es muy simple, pese a que tanto la base del desarrollo como de la extinción de la pobreza se encuentra en la inversión productiva, que no es otra cosa que la contrapartida del ahorro, esto es, de lo que se deja de consumir en el presente en pos de un mejor futuro, en la década anterior al cambio de gobierno se hizo todo lo contrario.

Ese principio básico nunca fue comprendido por los defensores de las denominadas políticas populistas, porque se resisten a reconocer que el consumismo que no se apoye en el ahorro y en la inversión no sólo pasada sino también presente, además de conducir al retraso, deriva, peor aún, en un estado de insustentabilidad que agrava el cuadro social y que para revertir requiere de un plan de ajuste, claro está, de los que más tienen.

Pero no es para alarmarse, porque de las cuentas nacionales surge con claridad que el mayor esfuerzo lo tiene que hacer el sector público, que en apenas una década expandió su consumo en un 50% en términos reales, 6% del PBI, que casualmente es el déficit actual de las finanzas públicas, pese a que la presión tributaria sobre las familias y las empresas alcanzó el récord de más de 40% del PBI.

De ahí que no sorprende que, a meses de completar la primera mitad del gobierno, las autoridades nacionales se encuentren abocadas a delinear las pautas de sendas reformas laborales y tributarias que presentará al Congreso para volver a cambiar la estructura de la demanda agregada del conjunto de las empresas, las familias y el sector público, con mayor proporción de ahorro nacional e inversión (formación bruta de capital, en la jerga de las cuentas nacionales) que de consumo, principalmente del sector público.

Sólo así la gran torta de la riqueza nacional podrá crecer y brindar reales oportunidades de inclusión a gran parte de los hasta ahora excluidos, independientemente de que en términos relativos los números puedan mostrar menor participación del consumo nacional en términos del PBI.

Pero, dada la enorme brecha entre el punto de partida y las relaciones predominantes en el resto del planeta entre ahorro y consumo, es de esperar que los cambios que se propongan y aprueben con las reformas laboral y tributaria partan de acciones ambiciosas para que sus efectos positivos se manifiesten con rapidez.