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El ex secretario de Hacienda destacó en una entrevista con Infobae el poco margen de la política fiscal para enfrentar las limitaciones que impone la pandemia sobre el conjunto de la economía por la falta de previsión. Recuerda lo importante que hubiese sido no estatizar los fondos de pensión privados

Semana a semana los pronósticos de los economistas ajustan severamente a la baja en lo que respecta al nivel de actividad, como mostró el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central que ya en la última semana de marzo, en medio de la primera cuarentena, pasó de una caída esperada del PBI de 1,2% la agudizó a 4,3%, y seguramente volverá a profundizarse en la próxima revisión. Sobre todo, porque el FMI hizo lo propio sobre el cierre de la semana: “prevé la peor caída desde 1929 y que los países pobres y con deuda insostenible, como la Argentina, corre gran riesgo”.

Sin embargo, el equipo económico, desde el ministro Martín Guzmán, su par en Producción y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, y la directora general de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, parecen no advertir que la COVID-19, como toda pandemia, no sólo se caracteriza por su alcance global en lo sanitario, sino también, en sus perjuicios económicos sobre el conjunto de los factores de la producción de bienes y servicios, y por tanto la hora exige medidas de alcance general.

Naturalmente, las primeras acciones debieron encaminarse hacia los sectores más vulnerables de ingreso y que prácticamente no cuentan con reservas financieras como las micro y pequeñas y medianas empresas. Pero la extensión y profundización del escenario recesivo local y mundial, parecieran exigir acciones de carácter amplio y en consenso con los actores del sector privado, de modo de evitar perjuicios que se tornen permanentes en materia de actividad, empleo y pobreza.

Claramente, la realidad fiscal y la pérdida de grados de libertad de una economía inmersa en la estanflación, exige ser muy cuidadosos con las políticas de expansión del gasto y del financiamiento a través de la emisión, casi única fuente en esta coyuntura en la que pocos sectores pueden mantener su actividad, y mucho menos los que pueden contar con más demanda y responder con incremento de su producción.

En busca de un análisis de quién conoce en profundidad los secretos de las finanzas públicas, Infobae entrevistó a Pablo Guidotti, ex secretario de Hacienda de la Nación y viceministro de Economía, entre agosto de 1996 y diciembre de 1999, y actual profesor Plenario de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella.

– Frente a los problemas de arrastre que implica una economía con un período largo de estanflación y nueva crisis de deuda ¿Qué grados de libertad en el plano fiscal cree que tiene el Gobierno para atenuar el costo generado por la prevención de la pandemia sobre la actividad productiva y comercial en general?

– La economía argentina tiene muy poco margen para responder a la crisis actual con política fiscal porque durante muchos años no se previó la creación de espacio en las finanzas públicas (ahorro). Se permitió que la deuda pública como porcentaje del PBI creciera más allá de niveles prudentes y se destruyó el mercado de capitales doméstico con la estatización de los fondos de pensión privados. Hoy en día el país paga el costo de su falta de previsión: no hay acceso al mercado internacional de capitales, no hay mercado de capitales doméstico relevante y el sistema financiero es muy chico en relación al PBI y tiene una alta proporción de sus activos con el sector público. En consecuencia, la principal fuente de financiamiento del Estado hoy volvió a ser la emisión monetaria del Banco Central de la República Argentina.

– Las finanzas públicas se enfrentan con el fenómeno de la pérdida de recursos por la profundización del cuadro recesivo y aparición de notables interrupciones en la cadena de pagos, y al mismo tiempo con demanda de mayores gastos por parte del sistema de salud y de asistencia a los sectores más vulnerables por los efectos directos e indirectos de la pandemia, como ex secretario de Hacienda ¿Qué margen observa para reasignar partidas presupuestarias, y en particular qué ahorros podrían ejecutarse, para no generar una singular escalada del ya abultado déficit fiscal casi secular?

– El gasto público argentino se duplicó como proporción del PBI entre 2003 y 2017. Esto generó un fuerte aumento de la presión tributaria en los tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal, que impide una reactivación económica sostenida. Poder reducir el gasto público es posible, pero requiere decisiones políticas difíciles que la clase política argentina no parece estar dispuesta a enfrentar. Además, en la situación de crisis actual, es particularmente complejo plantear una reducción del Presupuesto, un tema que deberá ser central en la discusión económica post-crisis.

– La elevada magnitud del déficit fiscal financiero y el bajo nivel de eficiencia de la burocracia que caracteriza al Estado ofrecen oportunidades para reducirlo en el primer caso e incrementarla fuertemente en el segundo ¿Considera que sería éste el momento para comenzar a dar señales concretas en esa dirección, o lo pondría como prioridad para el día después de la pandemia?

– La situación actual hace que cualquier ajuste fiscal importante sea complicado. Esto no quita que, con poco espacio fiscal, el Estado debe enfocarse mucho más en la eficiencia del gasto y en la efectividad de los programas que se diseñan para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

– La principal fuente de recursos de los gobiernos, nacional, provincial y municipal, en estos dos últimos después de los originados en los giros de coparticipación, es el cobro de impuestos ¿Cree que el Gobierno tiene posibilidad de retrasar los vencimientos, o debe disponer de líneas de crédito subsidiada a los contribuyentes, para sostener la cadena de pagos, incluido el pago de los impuestos? ¿Cómo resuelven este problema otros países que no cuentan con ahorro fiscal previo, ni fondos compensadores?

– Es muy importante que el Estado asista a las empresas para que no quiebren o produzcan despidos masivos. Es indudable que la cuarentena produce un shock negativo de oferta fenomenal. Esto no se puede evitar, pero lo que sí puede evitar el Estado es que los problemas se magnifiquen y se produzca una destrucción permanente en la capacidad productiva. Este es, en mi opinión, el objetivo central que debe tener la respuesta de la política económica.

– Dada esta coyuntura inesperada, y por tanto atípica, ¿Cree que el Gobierno debiera mantener la decisión de no contar con un presupuesto actualizado, y consensuado con los jefes de bloque de los partidos políticos, y continuar ejecutando partidas aprobadas en 2019 con una inflación 50% menor a la actual?

– Creo que es un error desde el punto de vista de la institucionalidad no contar con un Presupuesto votado por el Congreso. No recuerdo que, desde la sanción de Ley de Administración Financiera, haya habido año en el que el Poder Ejecutivo no haya contado con un Presupuesto tratado por el Congreso. Creo que la incertidumbre no es excusa para que la Argentina no tenga un Presupuesto aprobado.

– El Gobierno ha concentrado las medidas paliativas en los sectores más vulnerables de ingresos, pero la CONIV-19 así como no discrimina entre la población ni país, tampoco lo hace sobre las empresas sin embargo más allá de que ha ampliado el listado de actividades esenciales, mantiene un carácter selectivo ¿Cree que habría que comenzar a tomar medidas de carácter general, aunque con exigencias de horas más flexibles?

– Creo que el objetivo que debiera priorizar el Gobierno es atenuar dentro de lo posible los efectos multiplicadores del shock de oferta que produce la pandemia. Para eso debe concentrarse en minimizar la pérdida de capacidad productiva; evitar despidos masivos y quiebras; no llegar al corte en la cadena de pagos; impedir una crisis financiera, además de priorizar la atención a los sectores más vulnerables. Es una tarea difícil con recursos limitados, por lo que todos los agentes económicos debemos estar dispuestos a ayudar.

– ¿Comparte la suspensión de los despidos en el sector privado que dispuso el Gobierno, como el anuncio de baja de sueldos de algunas empresas afectadas por el derrumbe de sus actividades? ¿Son decisiones que pueden contribuir a agravar los problemas de oferta y demanda?

– No comparto la resolución de problemas mediante prohibiciones. Es necesario entender que si las empresas no venden y no tienen ingresos prohibir despidos solo simplemente va a generar más quiebras que destruyen la capacidad productiva futura. Las relaciones laborales deben adaptarse a esta situación de emergencia que, si se actúa responsablemente, será transitoria. Si todos se emperran en mantener los ingresos inalterados y obligar a las empresas a asumir todos los costos, aun cuando no pueden hacerlo, se producirá una catarata de quiebras que nadie va a poder controlar ni impedir.

– El Ministerio de Economía, más allá del atraso en su hoja de ruta, mantiene la intención de avanzar de modo virtual con el proceso de renegociación de la deuda bajo legislación extranjera, mientras decidió la suspensión de pagos hasta fines de 2020 de los compromisos bajo legislación nacional ¿Comparte ese criterio?

– Creo que el proceso de renegociación de la deuda viene mucho más lento de lo anticipado y las perspectivas son más complicadas a medida que pasa el tiempo. Entiendo que la suspensión de pagos sobre la ley de legislación doméstica es un puente para que luego se la dé a estos bonos igual tratamiento que se le dará a la deuda emitida bajo legislación extranjera.

Lo importante es entender que la negociación con los acreedores no pasa por dar argumentos sobre por qué no podemos pagar, sino que pasa por lo que efectivamente la Argentina está dispuesta a pagar. Para la los acreedores siempre está disponible la alternativa de recurrir a las cortes de Nueva York donde lo único que importa es el cumplimiento de los contratos.

La situación actual, que ha deprimido más los precios de los bonos argentinos, no necesariamente ayuda ya que surgen otras opciones que pueden ser más atractivas que el riesgo argentino.

El Ministerio de Economía debe aclarar qué va a hacer con la deuda intra-sector-público, debe producir proyecciones macroeconómicas que sean más realistas sobre la economía y el “exit yield”, la tasa a la cual se descuentan los flujos de los nuevos bonos y que permite calcular los precios, debe aclarar cuál es el esfuerzo fiscal que está dispuesto a hacer en el mediano plazo (hoy argumenta que el superávit primario alcanzará niveles del 1% del PBI para el 2031) y, fundamentalmente, tiene que mostrar en forma creíble cómo se producirá una reactivación en la actividad económica; y cuáles serán los motores del crecimiento económico en el mediano plazo. Sin que se resuelvan estos temas, creo que será difícil llegar a un arreglo, a menos que éste sea muy amigable para los acreedores.

– El FMI, junto con otros organismos de crédito multilateral han ampliado su oferta de préstamos a los países que lo necesitan. El Gobierno decidió en diciembre no utilizar los desembolsos pendientes por más de USD 12.500 millones del acuerdo stand-by vigente desde mediados de 2018. ¿Cree que se puede utilizar? ¿Debiera pedirlo el Gobierno?

– Creo que los fondos que ofrece el FMI deben ser solicitados. En una situación tan excepcional como la que se vive hoy, el rol del Fondo Monetario Internacional es muy importante a nivel global. Creo que no solicitar los recursos disponibles por motivos ideológicos simplemente hará aún más difíciles las condiciones para la población argentina.

– En materia universitaria los establecimientos privados se muestran más aceitados para implementar el estudio a distancia que los del sector público, ¿Qué ha cambiado con la extensión de la cuarentena y qué recomendaciones les diría para las instituciones públicas que cuentan con alumnado de menores recursos?

– La tecnología para hacer educación a distancia está disponible a un costo accesible. En la Universidad Di Tella estamos funcionando de esta manera, salvo en cursos especiales que fueron reprogramados. El Ministerio de Educación debiera considerar de manera prioritaria asistir a los colegios y universidades públicas para adoptar las tecnologías necesarias para realizar educación a distancia y proveer a los alumnos las herramientas para poder acceder a esta forma de enseñanza. Dentro de los programas de gasto público, éste puede ser uno de los más efectivos en términos de la relación costo-beneficio.

– ¿Cómo se imagina a la Argentina para el día después de la pandemia?

– No es fácil. La Argentina enfrenta una fuerte crisis que es anterior a la generada por la pandemia. La pandemia, todos esperamos, pasará, pero la Argentina necesita entender cómo la economía volverá a crecer. La discrecionalidad, la falta de respeto al imperio de la ley, la falta de un mercado de capitales, de credibilidad en la política monetaria, la alta presión tributaria, son todos factores que hacen muy difícil invertir en la Argentina y, sin inversión, no hay crecimiento económico de largo plazo.

El día después de la pandemia es cuando la clase política deberá dedicarse a entender y resolver el por qué Argentina está en un proceso sostenido de atraso con respecto al promedio de las economías en desarrollo y de países emergentes.

– ¿Una reflexión final?

– Creo que este es un momento para tratar de sepultar la grieta y juntar todos los esfuerzos para resolver una situación que es más grave y persistente que la generada por la COVID-19.