Una economía casi sin moneda, por la preferencia de gran parte de los argentinos con capacidad de ahorro de no quedarse en pesos y guardar dólares, y sin margen para aumentar impuestos, porque hace décadas que el país perdió la posibilidad de acceso al crédito, interno y externo, llevó al Gobierno nacional a buscar el auxilio en la emisión del Banco Central para financiar los primeros costos de la llegada de la CONIV-19 a la Argentina.

Esa política cuenta con el casi unánime respaldo de los economistas profesionales, pero tiene riesgos de generar costos mayores a futuro si no se complementa con otras medidas desde el propio Estado, hacia el interior de la administración pública.

Jorge Vasconcelos, vicepresidente e investigador del Ieral de Fundación Mediterránea alerta en el último informe de la entidad: “en abril, la base monetaria está subiendo a un ritmo de 70% interanual, 20 puntos porcentuales por encima del Índice de Precios al Consumidor, y de la variación del tipo de cambio oficial. Y habrá emisión monetaria adicional por la suba de gastos públicos y la brutal caída de la recaudación, por el rescate de Leliq que financia la expansión del crédito bancario y también por un creciente superávit de la balanza comercial”.

Y alerta, además, que para acotar parcialmente esa acumulación de factores de expansión monetaria, “no conviene recurrir a las cuasimonedas”, como ocurriera en los primeros meses de la salida traumática de la convertibilidad, a comienzos de 2002, sino que lo más recomendado es apelar a “algún mecanismo de ahorro forzoso en salarios estatales por encima de cierto umbral. Esto facilitaría el uso transitorio de la ‘coparticipación’ de adelantos del Banco Central”, al Tesoro Nacional.

De todas formas, el informe privado advierte que el mecanismo de absorción de esa expansión transitoria de pesos no debiera ser la vigente de colocación de Letras de Liquidez en los bancos a una tasa de 38% anual, sino el “desdoblamiento del mercado de cambios, con el Banco Central vendiendo una fracción de los dólares del superávit comercial en el segmento financiero”, manteniendo el Impuesto País que en marzo generó unos $7.000 millones, de modo de “ampliar el arsenal de instrumentos para manejar la macroeconomía. Se abriría también un canal para el flujo de capitales de las empresas, facilitando el cálculo económico para inversiones”.

La propuesta de uno de los economistas de la entidad mediterránea es que “la apertura de un segmento financiero para el mercado cambiario, debería partir de la baja de la alícuota del Impuesto País y aumentar de manera progresiva el cupo de compra, para ir testeando al mercado, de modo de generar un ingreso fiscal apreciable por el impuesto, que se habrá de sumar a las ganancias cuasifiscales del propio Central”.

Y si bien los anuncios oficiales vienen subrayando que el actual régimen cambiario no podría modificarse por bastante tiempo, Vasconcelos justifica su propuesta en que: “hay dos factores que justifican una revisión: por un lado, la previsible ampliación del superávit comercial en 2020, por caída de las importaciones, permite pensar en dos objetivos a la vez, acumulando reservas pero al mismo tiempo mejorando el manejo de las variables nominales (esterilizando pesos), con un plus de recursos de origen fiscal y cuasifiscal nada despreciables. Por otro lado, la superposición de factores de expansión monetaria acicateada por la pandemia, obliga a recurrir a ese tipo de mecanismos de regulación de la liquidez, más genuino que la multiplicación de Leliq”.

De ahí que considera clave “la necesidad de un replanteo de la política económica a partir de la irrupción de la crisis global”, pero observa: “los anuncios siguen limitados a medidas de apoyo a sectores afectados, algo imprescindible pero que, al mismo tiempo, agrega signos de interrogación respecto de la posibilidad de que la economía encuentre algún sendero de equilibrio en el nuevo escenario”.

El economista sostiene que los cimientos para manejar la macroeconomía serían más firmes si la reestructuración de la deuda pública llegara a buen puerto. “Lo que está en juego es sólo el 25,7 % del total (deuda bajo legislación extranjera), por lo que cada punto de tasa de interés que se reconozca a este segmento implica 0,25 puntos de carga para la deuda total. Ha habido un aggiornamiento en el enfoque de la negociación, pero falta lo principal: un programa fiscal para la etapa posterior a la pandemia que deje atrás décadas de desaprensión en este plano”.

La preocupación de uno de los economistas Jefes de Ieral de Fundación Monetaria cobró mayor entidad luego de que el jueves la AFIP informara que la recaudación tributaria registró en marzo una caída en términos reales de más de 8%, la mayor pérdida observada desde marzo de 2018 cuando el gobierno de Cambiemos debió comenzar a transitar las oficinas del Fondo Monetario Internacional en busca de auxilio financiero.

Y como entonces, Vasconcelos estima: “La demanda de emisión por motivos fiscales apunta a ser extraordinaria entre abril y mayo, a raíz de la brutal caída de la recaudación impositiva por un lado y los fuertes requerimientos de partidas de gasto social y de apoyo al empleo privado, por el otro”.

Esto se potencia por el hecho de que las medidas impulsadas por el Banco Central para aumentar la oferta de préstamos a favor del sector privado se apoyan en el rescate de Leliq. Aunque la capilaridad no sea satisfactoria, en cuanto al acceso de las pymes al crédito, esa decisión ya es operativa, con una inyección de pesos del orden de $130.000 millones por mes, en forma acumulativa, de aquí a junio”.

El economista de Ieral de Fundación Mediterránea precisa: “La cuestión entonces no pasa por emitir o no emitir. Simplemente se trata de encontrar mecanismos que minimicen el riesgo de descontrol de la macroeconomía”, porque según alertan otras consultoras privadas los perjuicios sociales que generaría la vuelta a la aceleración de la tasa de inflación para financiar el aumento esperado en el déficit fiscal serían superiores a los actuales provocados, en términos de actividad, por la cuarentena preventiva para contener la expansión de la CONIV-19.

“Para acotar la expansión monetaria de origen fiscal se necesita que el gasto público en las tres jurisdicciones (nación, provincias y municipios) se concentre en las partidas urgentes y que para las remuneraciones por encima de cierto umbral se aplique algún tipo de ahorro forzoso. No se trata de medidas simbólicas; hace falta que haya cierta compensación para que las erogaciones totales se mantengan bajo control, en el contexto de brutal caída de la recaudación impositiva”, destaca el informe privado.

Sólo a través de un “compromiso firme por el lado del gasto, será más justificable que el Tesoro ‘coparticipe’ a provincias y municipios los pesos transferidos desde el BCRA, de modo de compensar parte de la merma en la recaudación”, y evitaría, en caso contrario, la tentación al regreso de “la proliferación de cuasimonedas en el interior del país, que es desaconsejable en las actuales circunstancias, porque desorganizaría el funcionamiento de la economía más de lo que ya está alterado”, concluye el economista mediterráneo.