En la Argentina de hoy está todo por hacer, porque se avanza a un ritmo demasiado lento en aspectos que requieren una respuesta acelerada para el pobre y el indigente, como para gran parte de los jubilados y pensionados, que no pueden esperar mucho tiempo, más allá de que se intente compensarlos con planes asistenciales y tarifa social.

Sin embargo, predominan los grandes interrogantes, porque no sólo el Gobierno ha elegido la resolución de los problemas por la vía del gradualismo, sino porque además la sociedad en general, y los políticos y sindicatos en particular, suelen poner el grito en el cielo cuando se intenta aplicar el shock tarifario con red de compensación para los sectores de bajos ingresospara empezar a dar respuestas positivas, porque si bien afectan el índice general de precios de una vez, luego contribuyen a reducir sostenidamente en el tiempo la tasa de inflación.

Ni que hablar de la necesaria reforma laboral que ahora quedó desmembrada, también para hacer cambios graduales, y que se consideran claves para alentar mejoras de competitividad y productividad del trabajo, y de ese modo también contribuir a la reducción estructural del denominado “costo argentino”, otro pilar importante de la elevada inflación.

Después de más de 70 años de convivencia con tasas de aumento de los precios al consumidor a ritmo de dos dígitos al año, y que se extenderá al menos por otros dos, como se fijó en las nuevas metas para el corriente año y el próximo, y que ha sido la principal causa del virtual estancamiento interno de la capacidad de generar riqueza por habitante, y también del singular y sostenido retroceso en comparación con el resto del mundo, aún parece no comprenderse en casi todos los ámbitos que hasta que no se achique drásticamente el déficit fiscal total será casi imposible no sólo reducir sensiblemente los índices de pobreza, sino que la población perciba una mejora real en su situación, como ocurrió en 2017 y que se proyecta se repita en el corriente año.

Esa dicotomía, entre las urgencias de las compensaciones que se adeudan desde décadas, y el rechazo a la también urgente necesidad de eliminar la principal causa de la persistencia de un ciclo largo de alta inflación que provoca el recurrente desfase entre precios, salarios y jubilaciones, no sólo impide avanzar más rápido en la dirección deseada, sino que, peor aún, muchas veces se genera la sensación de que se retrocede de modo inquietante a estadios indeseados, y por eso en la previa a la reapertura de las primeras paritarias se reclaman compensaciones en los ajustes de jubilaciones y de salarios, como si no estuvieran, en promedio, en un proceso de incipiente mejora, como surge de diferentes fuentes oficiales que excedió largamente el 20% predominante en las negociaciones acordadas en el último año.

Indicadores alternativos

La alta tasa de inflación con que cerró 2017, del 24,8% a diciembre, generó la sensación de haber provocado un nuevo deterioro en el poder de compra de los salarios, en particular porque el Índice de salarios del Indec mostró hasta octubre una suba promedio de 24,2% respecto de diciembre 2016, aunque en comparación con octubre de 2016 había subido 28,2% en el caso de los trabajadores registrados en la actividad privada; 26% en el sector público; y una variación similar para los empleados en negro. Se trata de variaciones que surge de una encuesta a empresas y trabajadores que sólo toma en cuenta la base salarial, y por tanto no incluye el efecto de las horas extras o recorte de la jornada laboral por suspensiones, ni el adicional por presentismo, entre otros componentes del ingreso mensual final.

Pero un indicador más preciso es el que brinda el Ministerio de Trabajo sobre la “Evolución de los salarios del total de puestos de trabajo sel sector privado según rama de actividad”, porque surge de la ocupación principal registrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en base a los aportes y contribuciones mensuales de empleados y empleadores. En ese caso, tanto el promedio, como la mediana (el valor de ingreso no afectado por los niveles extremos, mínimos y máximos) registraron hasta octubre sendos incrementos del 28,2% a 29%, en cada caso, respecto de igual mes del año anterior, y del 30,5% a 31,7%, en el acumulado de 2017.

Mientras que otro indicador más completo, como es el RIPTE, Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables, que surge del  cociente entre las remuneraciones imponibles con destino SIJP (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y el total de trabajadores dependientes que figuran en las declaraciones juradas, porque no sólo el último dato oficial llega hasta noviembre, sino porque además, incluye a los trabajadores en relación de dependencia registrados en la actividad privada y en el sector público, es decir considera tanto al nivel del salario bruto como la nómina aportante. Ascendió a $26.177,50, y acusó sendos aumentos de 28,2% interanual y 26,5% desde diciembre de 2016.

Paritarias e inflación

No obstante la contundencia de los datos reales de remuneraciones, con notables brechas en los valores nominales, aunque más de una vez y media más altas de la que surge de las estadísticas de distribución del ingreso que registra el Indec, y con reducida dispersión en las tasas de aumentos respecto del año anterior, las primeras voces de dirigentes sindicales que se alzaron para la reapertura de las negociaciones paritarias se destaca el pedido de “compensación” por el desvío en 2017 de la inflación de la meta del 17% como techo al 24,8% final.

Sin embargo, no sólo en varias actividades, como es el caso de los docentes y estatales de la provincia de Buenos Aires, se activó la cláusula gatillo para compensar esos desvíos, sino que en general, los aumentos fueron aún mayores, y posibilitaron el reinicio de la tonificación moderada del consumo privado, en torno al 3%, según las estimaciones de las cuentas nacionales difundidas por el Indec.

Negar esa realidad, y las limitaciones que enfrenta la economía para dar respuestas más rápidas a los sectores asalariados y jubilados, mientras no se resuelvan con similar urgencia las causas que provocan los severos desequilibrios que arrastran las finanzas públicas y sus efectos sobre la actividad privada, sólo conducirá a sostener el flagelo inflacionario más tiempo que el previsto, y con ello se agravarán los efectos negativos.