“De la distribución de puestos de trabajo en la Administración Pública Nacional que se reparte en 288.138
asalariados en el Poder Ejecutivo, más 71.797 contratados; 28.756 trabajadores en relación de dependencia en
Empresas del Estado, al que se agregan 2.632 independientes; y 22.221 por tiempo indeterminado en otros
entes del sector público nacional no financiero, más 289 por cuenta propia, surge que la proporción de
asalariados por contratados cayó al mínimo histórico de 4,5, desde un pico de más de 10 a 1 en 2016; y a
1,24 si se excluyen los 204.000 ocupados por el sistema de Seguridad y Defensa nacional”.
Así surge de un nuevo informe del Instituto de Estudios Laborales y Sociales de la UCES, el cual destaca que
“la composición del empleo por Ministerio, por tipo de contratación no es homogénea”, de acuerdo con los datos
del Boletín Fiscal correspondiente al tercer trimestre del último año.

Los casos extremos corresponden a Desarrollo Social con 6,7 contratados por asalariado; Comunicaciones
6,5; y Cultura 3,4; por un lado; y Justicia y Derechos Humanos; Ciencia y Tecnología; Trabajo y Seguridad
Social con proporciones mínimas, por el otro, como así también en ocupaciones en blanco y en negro, esto es
sin aportes al sistema previsional.

Modernización del Estado

El elevado caudal de personal contratado, a plazo fijo, pero con renovaciones automáticas, entre seis meses y
un año, según los casos, ha sido habitual en el Estado, como mecanismo de aliviar las cargas laborales de la
nueva nómina.
Al parecer, a partir del corriente año en el Ministerio de Modernización se han fijado el objetivo de
comenzar a revertir ese fenómeno, como parte del programa de racionalización del gasto público total,
aumento de la productividad laboral y regularización del empleo, en el que los contratados pasen a ser la
excepción y se vinculen a tareas transitoria