Pese a que el mercado laboral se recupera muy lentamente en términos netos de altas y bajas, el saldo neto fue de 0,2% de la nómina en el total de respuestas a la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) entre empresas privadas registradas con más de 10 personas en relación de dependencia, el Ministerio de Trabajo volvió a detectar una aceleración en la tasa de “salida” de empleados privados de 1,5% en junio (87.600 asalariados formales), tras haber alcanzado un pico de 1,9% entre marzo y abril últimos (en torno a 110.000 puestos en cada mes), a 1,8% en agosto (103.300 personas).

En contrapartida, por tercer mes consecutivo aumentó la tasa de entrada al mercado de trabajo privado asalariado desde un bajo nivel de 1,4% de la nómina total en mayo y junio (unas 82.000 personas por mes), a 2% (casi 118.000 puestos), el mejor registro desde marzo, cuando por primera vez volvió a la relación piso que predominó entre 2003 y primeros meses de 2018, antes que se desatara el inicio de un nuevo ciclo recesivo.

Sin embargo, aún el mercado laboral está lejos de ingresar en un ciclo virtuoso de reactivación, porque se mantiene un bajo nivel de inversión productiva, sólo se concentra en algunas obras de construcción residencial y compra de máquinas y equipos para renovación de las instalaciones mínimas que requieren diversos sectores.

En consecuencia, la alta proporción de “renuncias” de personal a un empleo privado estable se atribuye más a un “acuerdo de partes”, entre trabajadores y empleadores, para poder escapar la vigencia de la prohibición de despidos, pese a que no son pocas la firmas y sectores que no lograr recuperar niveles de actividades mínimos para solventar el negocio; que a la existencia de oportunidades concretas de mejora de ingresos con la movilidad laboral.

Según la EIL, mientras que entre mediados de 2017 y fines de 2019 la proporción de desvinculaciones por renuncia se ubicó por debajo del 40% del total, con algunas excepciones, desde la irrupción de la pandemia de Covid-19 y el decreto que prohibió los despidos sin causa, esa relación saltó a picos de más de 60% en el primer trimestre de 2021, bajó transitoriamente en abril a 46% y desde entonces se estabilizó por arriba de 52%, representativa de un rango de 90.000 a poco más de 100.000 trabajadores. En agosto involucró a 103.300 asalariados privados formales, significó un ritmo de más de 1,2 millones de personas por año.

El relevamiento de la cartera laboral estimó que del total de las desvinculaciones 41,3% fueron decididas por las empresas frente a un promedio histórico de 20 años de 52%; y el resto por los trabajadores, entre las que se destacan, en segundo lugar las derivadas por finalización de obras (construcción) y de contratos a plazo fijo; y en menor medida por concluir el período de prueba; jubilación y 3,3% por despidos con justa causa (disciplinaria) y también 3,3% con causa, como el cierre de un establecimiento por falta de ventas.

Reacción presidencial y de los empresarios

Frente a ese escenario, no sorprendió que en su primer encuentro con los empresarios luego de las PASO el presidente Alberto Fernández eligió el cierre de la Convención Anual 2021 de la Cámara Argentina de la Construcción para pedirle a los empresarios que “no piensen” lo que cuesta el pago de esa compensación (despido), sino en “generar trabajo”.

Y agregó en un ámbito que es el más dinámico, tras la depresión que acusó en el primer año con crisis sanitaria: “El dilema no es discutir si hay una economía formal y una economía popular. El dilema es ver si podemos salir de la economía de la especulación y pasar a la economía que produce. Si triunfa la economía que produce, el trabajo va a existir”.

Claramente, se trata de una visión parcial de los parámetros que analizan a diario y en perspectiva el sector empresario, porque no sólo siempre tienen como norte la expectativa de ganancia, sino fundamentalmente los factores que pueden afectar a los costos de producción y venta, como el exceso de regulaciones, cambios de reglas para contratar y despedir personal, limitaciones para vender y comprar a clientes y proveedores del resto del mundo; legislación de nuevos impuestos, casi nunca se reducen o eliminan; y la erosión de la inflación no sólo de la capacidad de compra de los salarios de los trabajadores, sino también de las utilidades nominales que se pueden generar, clave para sostener un ciclo virtuoso de reinversión y capitalización.

Infobae consultó a los empresarios a lo largo de la semana, y el común denominador fue la preocupación por la falta de reglas claras y permanentes, como los altos costos laborales no salariales, es decir recursos que no llegan a los bolsillos de los trabajadores:

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y abogado laboralista: “Para que las pyme contraten personal hay que trabajar sobre los costos laborales no salariales, los impuestos al trabajo, los sobrecostos que hoy existen y que se hacen más gravosos cuando se trata de actividades mano de obra intensiva y de baja calificación. Así como el sistema de multas que incentivan aún más la industria del juicio y a las políticas de emergencia, como la suspensión de despidos y el agravamiento indemnizatorio, que fueron aplicadas en el marco de la pandemia y aún siguen vigentes”.

Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CACyS): “El crecimiento del empleo debe darse en el sector privado y para que ello ocurra hay que apuntar a que se creen nuevas empresas y se expandan las existentes o, en otros términos, a que se concreten más inversiones. En esta línea, es fundamental la generación de confianza y la reducción de diversos obstáculos al desarrollo de la actividad privada (elevada presión impositiva, falencias logísticas, trabas burocráticas) que se puede englobar en lo que se denomina ‘costo argentino’ y que la Argentina arrastra hace años”.

Eugenia Ctibor, presidente Cámara Industrial de Cerámica Roja: “Lo que está faltando son beneficios fiscales para favorecer el desarrollo, quitar esa presión constante, que permitiría generar nuevos empleos”.

Todas esas inquietudes no están presentes en las pautas presupuestarias para 2022, y tampoco en el discurso oficial que sólo se concentra en casos puntuales que no alcanzan para revertir un mercado laboral endeble, el cual como gran logro puede mostrar en algunos casos la recuperación de los niveles registrados dos años antes, prepandemia, pero que sigue sin dar posibilidades de absorción a los nuevos postulantes netos, que se estiman en poco más de 220.000 jóvenes por año.