En el mundo coexisten dos o tres sistemas de ahorro para la jubilación de la  población trabajadora activa: reparto, capitalización individual y mixto.

El primero es el que rige en la actualidad en la Argentina, que consiste en distribuir lo percibido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) de aportes personales y contribuciones de las empresas en el caso de los asalariados registrados entre el total de jubilados y pensionados.

El segundo, por el contrario, apunta a que cada trabajador constituya un fondo de capitalización en un administrador privado, regulado por el Estado, las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP), que se crearon a fines de 1993, con vigencia desde el año siguiente, que con una sana cartera de inversiones aseguraba una cobertura vitalicia o una renta futura a partir de la edad de retiro, según las opciones elegidas al final del período.

Mientras que el tercero es una combinación de ambos.

Claramente, el sistema de reparto cayó en quiebra a partir de un escenario insostenible, tanto por la extensión de la esperanza de vida de la población adulta que se retira del mercado de trabajo como por las recurrentes crisis fiscales que caracterizaron y aún están presentes en el país, que derivaron en shocks inflacionarios y financieros. Más las consecuentes decisiones de la política de echar mano a los fondos de los jubilados para pagar deuda externa, como al Fondo Monetario Internacional, pese a que era el crédito más barato al que tuvo acceso el país como miembro; y el gasto improductivo e ineficiente de las mal llamadas políticas populistas. Porque lo que hicieron fue perjudicar más a la mayoría de la población con la incorporación al régimen de todo adulto mayor que ni tuviera una cobertura previsional de modo directo, independientemente de que reciba una pensión, o el sustento del jefe del hogar.

Para disimular ese escenario, la dirigencia política votó castigar a todos los argentinos y a sus empresas no sólo con más impuestos para derivarlos a la Anses, sino que se ensayaron políticas fracasadas que desalentaron la inversión y, con ello, el crecimiento y el empleo. Hasta provocar que de una situación manejable de casi tres aportantes por jubilado, un par de décadas atrás, se pasara a la situación actual de apenas poco más de uno que aporta y contribuye con el 27% de su salario para un universo que demanda percibir el 82% móvil del ingreso medio de un trabajador activo.

Pese a que esa relación es insostenible y torna imposible asegurar a los jubilados haberes mínimos que cubran la canasta básica de pobreza, que se dice que se ubica en unos 17 mil pesos, casi una vez y media el haber mínimo que perciben más de tres millones de jubilados y pensionados, el populismo votó destinar parte de los menguados recursos a planes asistenciales, principalmente la asignación universal por hijo, que con el nuevo Gobierno fue extendido a los trabajadores monotributistas y autónomos.

Más recursos para los jubilados, no menos

Pese a ese descalabro de las finanzas previsionales, en los debates por la reforma del régimen voces interesadas y poco amigas de las estadísticas reales dijeron: “El Gobierno le quitará en 2018 70 mil millones de pesos a los jubilados con el cambio del empalme de la fórmula previsional, sin advertir que, el año anterior, por la herencia recibida, habían perdido mucho más con la fórmula actual; y que este año, por el contrario, recibieron en los primeros nueve meses de 2017 casualmente unos 70 mil pesos más que lo hubieran obtenido con un ajuste por la inflación del período (27%) respecto de un año atrás.

Según los datos del Ministerio de Hacienda, en los primeros nueve meses de 2016, pese a que la Anses obtuvo 353 mil millones de pesos entre aportes y contribuciones, pagó jubilaciones, pensiones y sentencias en firme por poco más de 507 millones de pesos. Incurrió en un déficit de 154 mil millones de pesos que cubrió con las transferencias de impuestos nacionales, como parte de ganancias, IVA, combustibles, cheque, internos, entre otros.

Un año después, en similar período de nueve meses, el organismo que conduce Emilio Basavilbaso obtuvo ingresos directos de aportantes por 465 mil millones de pesos, y pagó en total 710 mil millones de pesos. Los primeros subieron 32% y los segundos, 40 por ciento. El resultado no fue otro que un explosivo incremento del déficit primario, antes de las transferencias de impuestos nacionales, del 59%, a más de 245 mil millones de pesos.

Los desaciertos del pasado explican el angustiante presente

Cuando, en 1994, comenzó a regir el sistema de capitalización, con la creación de las AFJP, con adhesión voluntaria de los trabajadores para transferir sus aportes personales obligatorios del 11%, más algún depósito adicional también voluntario, mientras que las empresas debían continuar con la contribución del 15% a la Anses para sostener el sistema de reparto; se sabía que inicialmente, hasta los primeros 20 años, aproximadamente, iba a ser una caja predominantemente receptora de recursos, con mínimos pagos de  haberes, correspondientes a pensiones por fallecimiento o incapacidad accidental del trabajador antes de la edad de retiro.

Sin embargo, ese fue uno de los argumentos esgrimidos por otro gobierno populista para apropiarse de esos fondos, con la venia del Congreso que rápidamente anuló una ley cuando no había llegado a los 14 años de maduración; con el argumento falaz de las “exageradas comisiones que cobraban las AFJP, se quedaban con más de un tercio del ahorro mensual de los trabajadores”. Ello para poder solventar un sistema que empezó a quedar desbalanceado cuando, en 2006, el Gobierno de Néstor Kirchner dispuso incorporar de prepo a 1,4 millones de personas al régimen de reparto jubilatorio, un 19% del total de entonces.

Es cierto que las AFJP en promedio cobraban entre 3,5 y 4 puntos porcentuales de los 11 sobre el salario mensual que aportaba el trabajador a su fondo de ahorro, pero no sólo una parte se destinaba a cubrir un seguro de vida, sino también el costo de administrar los fondos y el pago de impuestos.

Pero muy pocos destacan, incluso los defensores de sistema, que esos 3,5 a 4 puntos porcentuales del  haber mensual que no pasaban a formar parte de su ahorro previsional, al cabo de 14 años del sistema de capitalización, habían pasado a representar milésimas del fondo acumulado, una proporción varias veces inferior a lo que hoy cobra cualquier fondo de inversión y de administración de carteras de ahorro.

La consecuencia es que hoy, casi 10 años después de la vuelta al sistema de reparto pleno, el sistema previsional exige nuevos cambios, porque no sólo se inventaron moratorias para asegurar la cobertura previsional al “98%” de los adultos mayores, cuando muchos de ellos no lo necesitaba pero adhirió para “compensar” las falencias del régimen con su cónyuge, pareja o familiar cercano.

No sólo eso, de haber persistido el sistema de AFJP el ahorro nacional, habría alcanzado una masa crítica varias veces superior al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, que asciende a poco más de 60 mil millones de dólares, alrededor del 12% del PBI, del cual casi el 60% se destina a financiar al Estado, en lugar de cubrir su propio déficit operativo. Sino que hubiese permitido financiar al Tesoro con recursos domésticos, sin generar atraso cambiario y pérdida de competitividad de la producción nacional, con el desaliento a la inversión que provoca el atraso cambiario originado por el financiamiento externo del desequilibrio fiscal.

La ansiedad del política por tener soluciones inmediatas a problemas estructurales, con recursos de un sistema deficitario y de un universo débil para pelear por sus derechos, y la ignorancia de muchos hicieron que una vez el sistema previsional colapsara y exigiera enmiendas que se sabe que serán transitorias, si no se ataca el problema de fondo de no contar con políticas superadoras que no se sustenten en nueva quita a los jubilados, ni en reformas tributarias que dicen que baja impuestos, pero crea muchos.

Tal vez sea hora de que en algún momento se comience a pensar no sólo en generar empleos y reincorporar a la formalidad a los ocupados en negro, para mejorar la relación entre aportantes y perceptores del haber jubilatorio, sino también de recrear un sistema voluntario de capitalización a través de las compañías de retiro, sin injerencia del Estado y, por tanto, sin la obligación de invertir en bonos públicos, para recrear el ahorro privado genuino.