En febrero se sumaron $1.066 millones a los $115.000 millones que habían ingresado desde agosto 2016 hasta fines de enero

A menos de 30 días del cierre del blanqueo de capitales en el país y en el exterior, en la AFIP destacan los enormes progresos que ya se han logrado en el ataque contra la informalidad en la economía, porque no sólo ha permitido cobrar en forma anticipada los recursos necesarios para cumplir con la meta de Reparación Histórica a los Jubilados y Pensionados, que se propuso la Ley 27.260, sino también avanzar con la política de reducción de impuestos a los contribuyentes cumplidores.

En la inauguración de la 135 Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional EL presidente Mauricio Macri recordó que “la exteriorización de capitales impulsada a fines de 2016, que hasta el momento superó los USD 100.000 millones, permitió una recaudación impositiva por ese concepto de 115.000 millones de pesos”.

Pero unas horas más tarde el Administrador Federal de Ingresos Públicos, Alberto Abad, informó en diálogo con la prensa, en la que participó Infobae, que “en febrero por el blanqueo ingresaron $1.066 millones”, de ahí que ya se superaron los $116.000 millones, y se prevé que al cierre del Régimen de Exteriorización de Activos se habrán superado con holgura el ingreso a las cuentas fiscales de $125.000 millones.

Sin embargo, esos $1.066 millones que ingresaron por el Impuesto Especial sobre los activos exteriorizados en los términos de la Ley 27.260 no fueron tan determinantes para el resultado de la recaudación del último mes, como fue lo captado por la reactivación de la actividad.

Abad destacó los aumentos de lo percibido por el IVA-DGI, que sintetiza la dinámica del consumo, con 41,5% de alza nominal; de lo captado por el gravamen sobre los Débitos y Créditos Bancarios 45,4%; y también por el Sistema de la Seguridad Social 40,2%, muy superior a una tasa de inflación que en comparación con el año anterior se desaceleró a menos de 33 por ciento.

Abad destacó el comportamiento de los tributos ligados a la actividad productiva y comercial, como IVA, débitos y créditos bancarios y lo ingresado al Sistema de Seguridad Social
Por el contrario, los efectos de la baja de las retenciones a las exportaciones de la economía pampeana, y en menor medida a la minería y a las economías regionales; de la suba del mínimo no imponible y ampliación de las escalas de Ganancias para los trabajadores; junto con la devolución de hasta el 15% sobre el consumo básico de los jubilados que perciben la mínima, y también los perceptores de la Asignación Universal por Hijo, con ingreso base también en el mínimo legal, explicaron según Abad la caída en términos reales de los ingresado por los dos primeros tributos.

Además, explicó Abad que “en febrero, por efecto de la mayor holgura de la recaudación, se pudo avanzar con las devoluciones y reintegros de impuestos, en un proceso arduo para “limpiar” el stock heredado, que significó mejorar el capital de trabajo de muchas pequeñas impresas, por un total de $4.000 millones, un 60% que un año antes. En el bimestre totalizó $8.452 millones, un 85% de incremento”.

En términos netos, esas devoluciones y reintegros de impuestos representaron más de un punto porcentual de la recaudación del año anterior

El mapa de la informalidad

Alberto Abad destacó que la AFIP estará abocada este año a atacar severamente los focos de informalidad, los cuales estimó en 30% en el caso del IVA; 34% en el Sistema de Seguridad Social (mercado de trabajo) y entre 40 y 45% en las declaraciones de Ganancias, tanto de las empresas, como personales.

Entre los diversos pasos ya dados, como el Blanqueo de Activos, y una singular tarea de administración tributaria, se destaca el cronograma de uso obligatorio del POS en las actividades del comercio, restaurantes, y también de monotributistas y profesionales.

Adicionalmente, se sumarán los acuerdos con sus pares de las provincias, como ya hizo Alberto Abad y su equipo, con los de Mendoza, la Ciudad y Buenos Aires, y en las próximas semanas rubricará con los de Chaco y Formosa, para no sólo intercambiar información tributaria de los ciudadanos, sino también coordinar estrategias conjuntas contra la informalidad.

Por Daniel Sticco