La mayor parte de los economistas destaca que la inflación es el mayor enemigo del presupuesto familiar, porque erosiona la capacidad real de compra de los ingresos, más aún de los asalariados, porque se actualizan con rezago y por escalones que van del cuatrimestre al año.

Pero también se advierte que incluso con alta inflación como la que mantiene la Argentina, aún entre las más altas del planeta, es posible asistir a escenarios de reactivación del consumo, aunque no necesariamente en los canales tradicionales, como en supermercados y shoppings, como se desprende del crecimiento sostenido de la recaudación de IVA, tanto sobre productos importados como más todavía de fabricación nacional, que representan la mayor parte.

Eso es lo que comenzó a manifestarse a partir de mayo último, cuando, luego de pasar por un año duro de recomposición parcial de los precios relativos, como se define a la liberación del mercado de cambios, los aumentos de tarifas de los servicios públicos, la eliminación de la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, y ahora, aunque aún no ejecutada, la liberación de los precios de los combustibles, y la baja de algunos impuestos, en particular para las pymes, entre otros.

Un factor clave en el punto de giro del consumo global, tras haber transitado 11 meses consecutivos con caídas variables, con brechas negativas de hasta 16 puntos porcentuales entre el aumento nominal de los ingresos a la Administración Federal  de Ingresos Públicos (AFIP) por IVA y la tasa de inflación interanual, y que ahora, por el contrario, se ha tornado positiva en más de 10 puntos porcentuales, ha sido la sostenida desaceleración en el ritmo de alza de los precios, desde un pico de más de 45% en junio de 2016 a 23% en la actualidad.

Más aún porque se logró en un proceso en que el Gobierno mantuvo las autorizaciones de correcciones de precios en los sectores regulados, como a los combustibles, los cigarrillos, las medicina privadas, y los derivados de las bajas de los subsidios a los servicios públicos.

Señal de alerta

Sin embargo, el escenario todavía no aparece consolidado, pese a la euforia que silenciosamente mantiene el mercado de capitales, porque no sólo prevalecen muchos sectores con precios administrados, sino porque además en septiembre se acumularon cuatro meses con una inflación interanual por arriba del 23%, muy lejos de la pauta techo para el cierre del corriente año, y sideralmente alta respecto de la banda objetivo del 10%, con más menos dos puntos porcentuales para el 2018.

Así como la aceleración de la inflación afectó al consumo, y consecuentemente determinó una caída sostenida de los ingresos tributarios por IVA, y la desinflación firme provocó el repunte de la demanda agregada, principalmente de las familias, y también de la inversión productiva, la estabilización del alza de los precios por sobre el 20% al año puede volver a llevar al estancamiento general del gasto real de las familias y las empresas, con los consecuentes efectos negativos sobre la economía en su conjunto.

El Banco Central ha decidido manejar la política antiinflacionaria, o de desinflación como prefiere decir el presidente de la entidad, Federico Sturzenegger, a través de fijar la tasa de interés muy por arriba de la tasa esperada de inflación. Pero en los últimos cuatro meses parece haberse detenido su efecto sobre la suba de los precios, aunque estos no recibieron el efecto de la escalada del tipo de cambio en agosto.

Hay quienes sostienen que como la “política monetaria es hija de la política fiscal”, para que el Gobierno pueda no tanto cumplir con la meta de inflación que se fijó para 2018 en torno a 10%, que se considera extremadamente ambiciosa en un escenario de gradualismo de ajuste fiscal, sino al menos sostener la desinflación del 23% a un rango cercano al 15%, será necesario que elimine el financiamiento monetario de casi 1% del PBI del déficit fiscal, sustituya el abultado stock de Lebac por emisión de Letras del Tesoro a mediano y largo plazo, y encare un mayor recorte del gasto público en términos reales.

De lo contrario, se prevé que comenzará a debilitarse la recuperación del consumo, con el consecuente impacto negativo sobre la brecha positiva entre la variación de la recaudación de IVA y la tasa de inflación.