Por Daniel Sticco
Se lanzó una nueva campaña, previa a la relevante, para renovar parte de las Cámaras Legislativas de la Nación, y el eje inicial pasa por la crítica a la política económica del Gobierno de parte de los líderes de la oposición; y por la reafirmación del cambio a favor de la inclusión de parte de los referentes del oficialismo.

El común denominador en ambos casos es la ausencia alarmante de precisión e inviabilidad de lo que se denuncia y reclama, en un caso, y de lo que se hizo en algunos frentes, en el otro.

Claramente, en esta columna no es mi intención analizar cada uno de los discursos, donde poco o nada se habla de propuestas concretas y aplicables en lo inmediato para aspirar a un país mejor, y menos se dice que con eso se podrán exterminar de un día para otro los flagelos que se arrastran por décadas, por no decir casi un siglo.

Del lado de la oposición se remarca a menudo que el Gobierno no cumplió con las promesas de campaña de trabajar para la pobreza cero y que tampoco bajó los impuestos, en particular a las ganancias de los trabajadores y, por tanto, se asegura: “La plata no alcanza a más sectores que antes”.

Más allá de que hay diversas formas de estimar el nivel de pobreza, entre las que sobresalen: por ingreso, el recurso monetario mínimo que necesita una familia para comprar una canasta básica de bienes y servicios; y por necesidades básicas, que agregan a las de alimentación las de hábitat, creo que en el mundo no existe la receta para pasar de un nivel de pobreza de más de 30% de la población a cero, no sólo en 19 meses, sino en 10 o 20 años.

No solamente eso, cualquier economista y sociólogo experimentado sabe bien que en procesos como los que ha transitado la Argentina durante décadas, el cambio de Gobierno por si sólo no frena la inercia del crecimiento de la pobreza, más aún en casos como el actual, donde se asegura que la realidad social impide tomar medidas de shock para provocar una violenta transferencia de ingresos de los que más generan riqueza a los que no están en condiciones de aportar nada al proceso productivo. Basta con ver las reacciones permanentes al aumento de las tarifas de los servicios públicos, no sólo para impedir la falta del suministro que hubiera provocado sostener el subsidio a costa de deteriorar al extremo la matriz productiva y comercial, sino también para liberar recursos para implementar una tarifa social que aún sigue siendo acotada en proporción al gasto, aunque desde el Gobierno aseguran que cuatro millones de familias fueron beneficiadas con un valor base muy bajo.

Lo mismo se advierte en las críticas a la supuesta promesa incumplida de la baja de impuestos, como si la eliminación de las retenciones a las exportaciones, no sólo de las mineras, sino también de toda la cadena industrial, las economías regionales, y la mayor parte de las explotaciones agropecuarias extensivas, como ganadería, maíz, trigo, girasol, y gradualmente soja, no fueran gravámenes que afectaban a la rentabilidad de los productores y, con ello, a la producción y el empleo directo e indirecto, y ser fuente de pobreza.

Una reflexión similar cabe para el caso del impuesto a las ganancias de los trabajadores. Es cierto que muchos aún tributan, y no porque ganen fortuna, ya con un ingreso equivalente a 1.500 dólares por mes un trabajador soltero y sin cargas de familia sufre cada mes retenciones por parte de su empleador por orden de la AFIP, pero eso no quita que el cargo es sustancialmente menor al que hubiese tenido lugar si no hubiera mediado una reforma en 2016 que elevó el mínimo imponible y redujo las alícuotas con escalas más amplias que demoran el paso a la superior por el simple aumento del salario en paritarias.

Aquí también, como el caso de la “pobreza cero”, avanzar más rápido, esto es, eliminar el impuesto a las ganancias a los poco más de un millón de trabajadores, un 5% de la oferta laboral, aunque casi el 20% de los ocupados en la formalidad en relación de dependencia, hubiera exigido un recorte singular del gasto público, principalmente de los subsidios a las tarifas de los servicios públicos, e incluso atenuar el ritmo de obra pública y la generación de empleos directos e indirectos, para no profundizar un déficit fiscal total equivalente a 8% del PBI que es la principal causa de la inflación y consecuentemente de la multiplicación de la pobreza.

En ambos casos, se trata de medidas resistidas por la diligencia política, que condicionan la política económica.

Del lado del oficialismo, el discurso muchas veces carece de solidez, amén de los severos desaciertos en varios frentes más vinculados con la comunicación que con la gestión en el área social, como cuando se resalta: “El Banco Nación está entregando un crédito hipotecario cada tres minutos por sucursal”, según dijo el jefe de gabinete de ministros en un programa de televisión de alcance masivo, y lo repiten varios funcionarios y legisladores. Sin embargo, no es así: un crédito hipotecario cada tres minutos equivale a 20 por hora, 160 en una jornada de 8 horas, 3.200 en un mes de 20 días y poco más de 38 mil en un año, “por sucursal”, que son 700, con lo que el total ascendería a 27 millones en 12 meses, suficiente para exterminar el déficit habitacional en todo el país en un año, y comprar y vender más de tres veces en un año todas las viviendas del país.

O cuando se incita a la población a no comprar en los supermercados, bajo el argumento demagógico de que hay un abuso enorme en el precio de los alimentos, como si no lo hubiera en el resto de la cadena comercial alimenticia, e incluso en muchos servicios privados y profesionales donde el cobro según el perfil del cliente parece ser la regla dominante, por barrio o especialidad. Poco o nada alude el político a la severa presión tributaria nacional, provincial y municipal que afecta a toda la cadena desde la producción hasta la entrega del producto o la prestación del servicio al consumidor, además de la enorme carencia de infraestructura básica.

No hay duda de que la realidad socioeconómica, con más de 30% de pobres, severas limitaciones para generar empleos de calidad y consecuentemente posibilitar un impulso de la actividad económica, a menos de dos años del nuevo Gobierno, es aún crítica, como cuando comenzó, en diciembre de 2015, con algunos avances, pero también con retrocesos en diversas partes de la geografía nacional.

La pregunta que cabe es si el saldo neto tan pobre, aun cuando se han eliminado severas restricciones a la creación de riqueza y consecuentemente de empleos, como fueron el cepo cambiario, el fin del default, el cierre de la economía y el alejamiento de los mercados financieros internacionales, es producto de la incapacidad y los desaciertos de la política económica actual o es el resultado de la inercia de años de desmanejo de la cosa pública que no fue alertado por la nueva conducción. Junto a la carencia de propuestas superadoras de la diligencia política en general y el logro de consensos para avanzar más rápido por el camino declamado; o de todos, aunque en proporciones que parecen más inclinadas para un lado que para el otro, según el cristal con que se lo analice.