Lentamente la actividad económica intenta dejar atrás el peor momento de la depresión que generaron las inevitables medidas iniciales de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio de covid-19, que el Gobierno nacional decretó desde el 20 de marzo y que se extendió en esos términos hasta avanzado el tercer trimestre del último año, junto al efecto inercial de dos años en recesión.

Los últimos datos provisorios del Indec a través del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a noviembre permitieron detectar que el PBI acumuló en 2020 una baja real levemente superior a 10%, y se amplió a casi 12% en términos por habitante, dado que según la tasa de aumento intercensal que se hace cada 10 años el organismo oficial de estadística la población crece a un ritmo de 1% por año.

Semejante grado de disminución de la actividad económica agregada se suma a las sendas retracciones en términos reales de 2% en 2018 y en 2019, los cuales en términos per cápita significaron una baja agregada real de 15,2 por ciento.

Es decir, de un nivel 100 en noviembre de 2017, previo al inicio de la crisis que disparó la decisión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, entonces a cargo de Marcos Peña, y del ministro de Economía, Nicolás Dujovne, de prácticamente intervenir el Banco Central que presidía el economista Federico Sturzenegger, el 27 de diciembre de ese año, el PBI por habitante pasó exactamente 3 años después a un índice levemente inferior a 85 puntos.

Para volver al nivel de PBI real por habitante en pesos constantes de 2017 la economía debe aumentar 18%, más 1% adicional por crecimiento de la población por cada año de demora en alcanzar el punto máximo anterior. Y al ritmo de 5% de reactivación real previsto en el Presupuesto 2021 llevará entre 3 y 5 años lograr ese objetivo.

En ese período el Indec midió que el conjunto de la economía perdió 2,2 millones de puestos de trabajo y se redujo la intensidad laboral diaria promedio en 1,22 horas.

Mínimas excepciones

Sobre 15 grandes sectores de actividad agregada, la estadística oficial acusa únicamente 3 ramas que escaparon al proceso recesivo acumulado en el trienio. Fueron los casos de los productores de servicios públicos de electricidad, gas y agua 5,8%; agricultura y ganadería y el conjunto de servicios de salud pública y privada 1,1% en cada caso. Aunque únicamente el primero tuvo un desempeño modestamente expansivo de 2,7% en el período en términos por habitante.

En el otro extremo, con bajas superiores al promedio se ubicaron la rama de la hotelería y restaurante, con más de 54% de receso, principalmente por efecto del golpe casi terminal que le asestó la crisis sanitaria, al punto que al cierre del año se encontraba gran parte de la industria de alojamiento para turismo y convenciones en estado de oferta de venta, y en el de la gastronomía con perspectivas extremadamente inciertas para poder resistir sin apoyo directo y más profundo de medidas del Gobierno.

La buena noticia es que, en general, el acervo productivo y comercial está casi intacto, y por tanto presenta un singular potencial de recuperación, aunque su velocidad dependerá de acciones oficiales orientadas a flexibilizar al extremo la presión tributaria, no solo nacional, sino también en los ámbitos provincial y municipal, y también en el plano laboral, de modo de facilitar la reinserción de trabajadores a riesgo de que alguna actividad no logre en la transición responder a la competencia necesaria para alcanzar óptimos niveles de competitividad y sustentabilidad.

Salvo el caso de la industria hotelera en particular, y de la gastronomía en general que requieren más que duplicar el nivel de actividad de fines de 2020 para volver a los registros de 2017, pero que contará con muchos establecimientos que no volverán a abrir, y otros que necesariamente tendrán que reconvertirse, el resto de los sectores podrían registrar “tasas chinas” de reactivación, esto es a ritmo de hasta dos dígitos por año en forma ininterrumpida durante más de un trienio.

Requisitos imprescindibles para revertir el ciclo

El consenso de los analistas locales e internacionales sostiene que se necesitará de políticas de apertura de la economía, contrario al cierre y exceso de controles cambiarios que obstaculiza el acceso a insumos, maquinaria e incluso competencia extranjera, por un lado, y claros incentivos a la generación de divisas a través de las exportaciones, de modo de poner en el mismo camino no solo al consumo interno, sino también a la inversión productiva.

El escenario internacional se presenta inmejorable: muy bajas tasas de interés; aumento de los términos del intercambio, porque los precios de exportación subieron más que los de importación y no se ven perspectiva de cambio en los inmediato, y está la mayor parte del acervo productivo y comercial disponible para ser más y mejor aprovechados.

La condición que falta, según el consenso de los empresarios y economistas de consultoras privadas es de carácter exclusivamente doméstico, diseñar un plan económico integral de mediano y largo plazo que genere confianza, con la perspectiva de: bajar la presión tributaria, reducir los controles cambiarios y de capitales; alentar el crédito y el ahorro privados, y encarar una política federal de dotar de eficiencia y productividad al conjunto del sector público, de modo que posibilite disminuir el peso del Estado y la presión inflacionaria que se deriva del financiamiento del crónico déficit fiscal.

Sólo así, empresarios y economistas coinciden en que la Argentina podrá cortar una larga racha de estanflación, como se define al cuadro de estancamiento y recesión con alta inflación; reducir rápidamente la pobreza y dar vitalidad al mercado de trabajo, no solo en cantidad sino también en productividad y nivel de compra de los salarios.

De lo contrario, y de persistir en el mundo en general, y en el país en particular atrasos en la producción y aplicación de la vacuna contra el covid-19, se anticipa que habrá espacio para otro año en recesión y destrucción de empleos.