Nadie quiere hacer el ajuste. Ésta es la principal conclusión que se alcanza luego de ver como Gobernadores, “Barones del Conurbano”, productores agropecuarios, cámaras empresariales, legisladores, sindicalistas, colectivos sociales, la oposición, el propio Poder Ejecutivo y hasta la Iglesia Católica intentan tirar unos a otros el mayor esfuerzo para recortar impuestos, subsidios, presupuestos, obras o estructuras; lo que confirman que ninguna de las corporaciones e instituciones sociales o políticas de peso entienden que el ajuste es inevitable, es decir, podrá ser voluntario o compulsivo, mayor o menor, pero el recorte de Gasto Público que va a realizarse deberá tener un impacto profundo y real sobre los desequilibrios macroeconómicos que exhibe la Argentina.

Por ahora, la crisis está contenida, pero lejos de haberse disipado. Es cierto que el Banco Central no tuvo que vender divisas en la semana que pasó, pero sí lo hicieron los bancos oficiales. Es verdad que el equipo que encabeza Federico Sturzenegger está atacando desde diversos flancos para “desactivar” la “bomba” de las Lebacs, pero es un proceso que llevará meses y, en el mejor de los casos, no reducirá la deuda, al contrario, la aumentará y la extenderá en el tiempo, a la espera de un mejor clima financiero local e internacional, del que nadie puede dar plazos o certezas.

Es cierto que los depósitos se mantienen, casi milagrosamente; pero el monto administrado por los fondos comunes de inversión cae y siguen saliendo dólares de las reservas del Banco Central (más allá de los programados pagos de deuda externa); y, para defender al sistema financiero, por estas horas se intentan modificar las condiciones del Plan Procrear y, en paralelo, retocar los créditos hipotecarios UVA, que tanto los clientes, como los bancos, han ralentizado en su tramitación.

La venta de seguros contra default crece al ritmo de las declaraciones de apoyo a favor del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de algunas entidades empresariales, confirmando una tendencia que hace 20 años vemos en la Argentina: Aquellos que tienen dinero, apoyan al Gobierno de turno mientras toman medidas defensivas contra el estallido de la crisis, cuando no hacen negocio, tal como sucedió con los contratos de futuros de dólar durante la decadencia del kirchnerismo.

Que quede claro: Industriales, banqueros, empresarios, productores agropecuarios, desarrolladores inmobiliarios y todo aquel que tiene un capital importante produciendo, frenaron sus los planes de expansión y comenzaron a tomar medidas defensivas, ante un potencial fracaso del Gobierno de Mauricio Macri en la instrumentación de aquello que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional por estas horas.

Este comportamiento no sólo responde a la historia de las sucesivas crisis argentinas vividas desde el regreso de la Democracia, sino ante la falta de confianza que genera un Nicolás Dujovne revestido con un rol que le queda demasiado grande (“Ministro Coordinador”) y que, ahora, deberá hacer en meses el recorte de Gasto Público que, en su momento, programó para realizar en 3 años. Una tarea titánica, si contara con el apoyo de todas las corporaciones sociales y políticas, pero más inmensa ante la negativa de todos de pagar el “costo” de un gradualismo mal aplicado.

En reserva, los Gobernadores peronistas son los más crudos en el diagnóstico. Para ellos, esta crisis es consecuencia de las malas políticas aplicadas por la Casa Rosada y debe ser el Poder Ejecutivo quién cargue con el grueso del ajuste. Es la respuesta a los intentos de la Jefatura de Gabinete de pedirles a los Gobernadores que se hagan cargo de parte de la obra pública que tenía planificada la Nación, algo que fue descartado de plano por ellos.

Pero quién terminó de darle un giro a la discusión fue el gobernador de Córdoba, Juan Carlos Schiaretti, quién destrozó la estrategia de su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, quién quería bajar el IVA de las facturas de los servicios públicos a la mitad, sacrificar coparticipación, pero asegurarse las obras públicas programadas para este año. Desde “La Docta” vino la idea de que la Casa Rosada deje de financiar con el Presupuesto Nacional obras de AySA, los subsidios y obras de Edenor y Edesur; y la parte de la Justicia que debe pasar al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires; lo que implicaría un ahorro de casi 1 punto porcentual de PBI, pero destrozaría las cuentas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, ambas con fuerte déficit fiscales e importantes niveles de endeudamiento hoy, sin todas esas cargas adicionales. Curiosamente fueron 2 áreas clientelares del PRO (ni siquiera Cambiemos) en 2017, y quieren repetir en 2019 (sí, clientelares ¿quién dijo que la clase media argentina no es clientelar? Terminemos con la farsa clasista de lo clientelar).

La propuesta cordobesa, con su dote de nefasta “picardía peronista”, fue tomada por la Casa Rosada, quién no quiere que el tema sea una barrera para exigir a los Gobernadores su propio ajuste; por eso analiza opciones. En principio, AySA es la menos compleja. Tiene las cuentas saneadas. No es caso de las distribuidoras de electricidad, donde quedan cuentas por saldar. Pero el problema es cómo estructurar sus órganos de gobierno, aunque Provincia, Ciudad y Nación tienen experiencia ya en la Corporación del Mercado Central -que funciona más allá de algunas quejas por la herencia de Guillermo Moreno– y también en Acumar, que sí ha resultado ser un enorme fiasco en su intento de sanear el Riachuelo y la Cuenca del Río Matanza pero el respecto habría que preguntarle a Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no al Poder Ejecutivo ni a los poderes municipales. Otra experiencia conjunta Nación/Provincia es CEAMSE (Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado).

En la Provincia de Buenos Aires, los intentos de la gobernadora María Eugenia Vidal por “limpiar” de impuestos provinciales y tasas municipales las boletas de los servicios públicos encontró un fuerte rechazo de un grupo de intendentes kirchneristas, los mismos que se oponen a la implementación del “Pacto Fiscal” que se votó en territorio bonaerense a fines de 2017. No es un grupo importante, pero impiden que el macrismo lleve adelante el ordenamiento de las cuentas públicas provinciales y municipales, algo que no se hace desde hace más de 25 años en ese distrito.

Incluso, la idea de María Eugenia de lanzar un “retiro voluntario” en la Provincia de Buenos Aires, una idea que se adelanta a lo que deberá realizar Mauricio Macri a nivel nacional; tuvo un fuerte rechazo de los gremios bonaerenses, pese a que, en el mejor de los casos, lo tomarían menos de 20.000 de los 300.000 empleados públicos que tiene la Administración Pública provincial. ¿Cuál es el problema con el plan? La merma de afiliados a los gremios y la menor recaudación obras sociales que eso implica para las obras sociales.

El “globo de ensayo” sobre el cambio en la política de rebaja de las retenciones fue todo un éxito. El Gobierno sabe que el Fondo Monetario Internacional va a solicitar un fuerte aumento en la recaudación para poder cerrar las cuentas públicas, lo que implica que la Casa Rosada no puede seguir reduciendo presión fiscal a ningún sector, como que deberán eliminarse todos los subsidios que se otorgan hoy. Ahora, que el campo está en alerta, y en cierto sentido disipado de un cambio en el tema retenciones, el Poder Ejecutivo puede proponer un freno en la baja de alícuota sobre la soja, por lo menos por 2 años, no sin que muchos pataleen, pero al final, el campo va a tener que aceptarlo como un “mal menor”.

En el campo amenazan con una fuerte contracción en la siembra de la próxima campaña. Las primeras proyecciones hablan de un techo de 130 millones de toneladas, de una merma en la superficie cultivada de hasta 15% y menores rendimientos por más baja aplicación de fitosanitarios y fertilizantes (para bajar los costos de producción). Sería una pésima noticia, dado que ya esta cosecha, tal como lo adelantó la Bolsa de Cereales de Rosario, tendrá 30 millones de toneladas menos de las esperadas, lo que implica US$ 7.500 millones de ingresos menos para los productores agropecuarios y US$ 8.000 millones menos de negocios para todo el país, lo que impactará en 1 punto porcentual menos de crecimiento del PBI.

Pero este freno en la rebaja de retenciones va a requerir de una contraprestación: Un mayor ritmo devaluatorio. ¿Está preparado el Banco Central para ofrecer dólares por encima de los $25, cuando hoy el mercado no se los demanda? Quizás esa sea la clave: El equipo de Federico Sturzenegger va a esperar una señal del mercado de que la cotización del peso está retrasada para comenzar a correr el límite actual. Será, sin duda, otra pulseada entre el mercado y el Central que deberemos esperar.

En la senda de minimizar el “costo político” del ajuste, el Gobierno envió al Vaticano al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, quién tendrá un encuentro con el papa Francisco y su par del Estado pontificio. El tema principal seria el apoyo que la Iglesia Católica le está dando al Movimiento 21F que encabezan Pablo Moyano y Sergio Palazzo, junto con colectivos sociales, agrupaciones kirchneristas y grupos de la izquierda combativa, los mismos que llenaron la Avenida 9 de Julio el pasado viernes 25/05.

El Canciller argentino llevaría una pregunta directa de Mauricio Macri: ¿Apoyará el Papa la continuidad del sistema democrático o va a seguir alentar a los que proponen el “Club del Helicóptero”?, según apuntaron nerviosas fuentes oficiales. También estarían en la agenda

> la despenalización del aborto (el Gobierno tiene datos de que la votación, en el Senado, puede ser afirmativa, luego del giro que tuvieron el gobernador Schiaretti y el senador nacional Miguel Pichetto); y

> la implementación de un plan de “contención social” para cuando se ejecute el ajuste que pide el FMI.

No son temas menores los que se van a tratar en el Vaticano, pero muestran al Gobierno de Mauricio Macri intentando negociar alianza con quienes ante ignoraba, despreciaba o trataba con displicencia, como son los colectivos sociales, sindicalistas, Gobernadores, “Barones del Conurbano” o el propio Vaticano. Es el reconocimiento de la debilidad que tiene el macrismo en el poder, luego de 130 semanas de evitar compartir el poder con radicales y lilitos, de negociar acuerdos políticos serios o de alcanzar alianzas con empresarios, banqueros e industriales.

De esta forma, el Gobierno de Mauricio Macri deberá hacer el ajuste que no quiso hacer; debió recurrir a sus aliados en “Cambiemos” para evitar rupturas, intenta seducir Gobernadores o Intendentes cuando, antes, se los “compraba” con algunas obras públicas o giros de fondos especiales; y negocia con sindicalistas a los que hace sólo 6 meses intentó imponerle una Reforma Laboral sin consultarlos. En pocas palabras: el Presidente de la Nación deberá hacer en el próximo año y medio todo lo que no quiso, no supo o no pudo hacer y, en el camino, mantener la fantasía de ganar una elección presidencial, que a todas luces, se definirá en el balotaje.