Siempre se sostuvo que la elaboración del Presupuesto Nacional es un trámite que no responde al rigor técnico que se utiliza en el sector privado, en el cual la proyección de los gastos y recursos se ajustan a las pautas preestablecidas de compromisos previos y proyección de los ingresos y gastos.

Eso quedó una vez más corroborado con la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 595, con la firma del presidente Mauricio Macri y la de todo su gabinete de ministros, en la que autoriza un aumento del gasto público de la administración central en $15.797,4 millones, pese a que sólo cuenta con recursos adicionales a los programados por apenas $797,4 millones.

De ahí surge un nuevo aumento del déficit fiscal previsto para el año en $15.000 millones, que se suman a otros $2.000 millones que la semana anterior habían decidido los ministros jefe de Gabinete Marcos Peña y de Hacienda Nicólas Dujovne.

Como establecen los considerandos de la medida y el análisis de los 38 folios que Infobaehizo del Anexo I del decreto de marras, la principal erogación no prevista se vincula con el impacto de la aplicación de la Ley de Movilidad Jubilatoria sobre la Asignación Universal por Hijo de $10.000 millones, a cargo de la Anses.

En menor medida, gravitan los efectos de la medida sobre los haberes de las jubilaciones y pensiones de todas las fuerzas de seguridad que suman unos $5.500 millones.

Mientras que para otras asistencias sociales se destinaron los casi $300 millones restantes.

Cabe recordar que la Ley 26.417 de Movilidad Jubilatoria del 15 de octubre de 2008 fue complementada el 15 de julio de 2015, con la Ley 27.160 que hizo extensiva la aplicación de la fórmula automática de ajuste de los haberes por la inflación en el semestre previo a la Asignación Universal por Hijo. Sin embargo, esos criterios no se toman en cuenta ni por el Poder Ejecutivo Nacional a la hora de elaborar el Presupuesto de cada año, ni el Poder Legislativo a la hora de debatirlo cada ejercicio, tras la presentación cada 15 de septiembre.

Y pese a que repetidamente ministros de gobierno resaltan los “ahorros” que están obteniendo por el descubrimiento de sobre precios y hechos de corrupción en el manejo de la cosa pública por parte de la gestión anterior, al final del día aprueba medidas que alimentan el gasto público, cuando debería hacer todo lo contrario, o al menos explicar el destino de los logros de la supuesta mayor eficiencia administrativa.