El Banco Central, la AFIP y el Gobierno en general están abocados a cerrar los canales de evasión y marginalidad legal

La autoridad monetaria decidió en las últimas semanas penalizar, de modo indirecto, las tenencias de efectivo por parte de las entidades financieras. Lo hizo a través de un sistema de mercado de compra y venta de billetes entre los propios bancos, luego de frenar la integración de encajes bancarios con las transferencias de dinero físico al Tesoro del Banco Central, sino sólo de manera electrónica.

Desde los últimos tiempos del Gobierno anterior, que dejó un enorme efecto inercial para el actual, los bancos vienen registrando un exceso de efectivo en sus Tesoros sobre la exigencia legal, en una magnitud que no se veía incluso en los tiempos de la hiperinflación. En ese caso porque la velocidad de circulación del dinero entre los agentes económicos “volaba”.

Ahora, al parecer, el fenómeno se origina en la falta de reacción del crédito, que crece a menor ritmo que los depósitos porque determina una acumulación de la llegada de dinero a los bancos en una proporción absoluta muy superior al de la salida, en particular desde la sanción y la promulgación de la ley de blanqueo de capitales que provocó un singular exceso de pesos y de dólares.

Pros y contras
Está claro que existen múltiples razones para desalentar el uso de efectivo y fomentar la bancarización plena de la economía, que históricamente se ha mantenido en niveles muy bajos, no sólo en comparación con el promedio del planeta, donde influye el alto desarrollo de los medios electrónicos, como en la media de la región, tales como: seguridad ciudadana, practicidad, menores costos, formalización y transparencia, inclusión financiera, entre otros.

Varios precios regulados y atrasados, incluidas las comisiones bancarias, bajísimo ingreso de la mitad de los jefes de hogar y persistencia de factores que fomentan la marginalidad, impedirían avanzar aceleradamente hacia el uso del dinero electrónico

Pero también existen múltiples restricciones para impulsar una bancarización acelerada, y la destrucción de gran parte del dinero físico; más allá de que una economía que arrastra un abultado déficit fiscal y consecuente elevada tasa de inflación genera la asistencia financiera al Tesoro por 150 mil millones de pesos por año, equivalente a casi un 15% de la base monetaria promedio al cierre del último año.

Una de ellas es que casi la mitad de los jefes de hogar percibe un ingreso inferior a nueve mil pesos por mes. El último dato conocido a septiembre de 2016 lo ubicaba en ocho mil pesos, y en la mayoría de los casos no se genera por la vía de un sueldo o de un subsidio familiar que se acredita en cuenta bancaria que se puede movilizar con el uso de la tarjeta de débito bancario, sino a través de trabajos temporarios y changas de bajo monto, por el que no se paga con cheque, sino con dinero en efectivo. Es muy común ver los días de pago en algunas obras de construcción, donde los operarios hacen cola para recibir la paga, en particular en las áreas suburbanas.

Otra es la elevada informalidad de la economía, no sólo en el mundo del trabajo, sino también de profesionales y empresas, desarrollada al amparo de una maraña de regulaciones y sobrecostos durante más de 60 años que ha llevado a que la presión tributaria global se aproxime al 50%, con un mínimo de 20% o 25% para los que no pagan los impuestos directos y hasta el 70% o más de los que honran todos los grávamenes: impositivos directos, aduaneros y de la seguridad social. De ahí que parece acertado avanzar hacia el fin de esas prácticas, con penalidades, pero principalmente con la reducción de los impuestos de todo tipo y en los tres órdenes: nacional, provincial y municipal.

Y no menor es la persistencia de precios regulados, que suben a discreción del funcionario de turno, incluidas las comisiones que pueden cobrar los bancos, y la fijación de tasas de interés de referencias elevadas que constituyen un piso al nivel del costo de los préstamos de corto y mediano plazo, porque no logran romper con la inercia inflacionaria, como lo refleja el repunte de la inflación en enero y el proyectado para el semestre por el consenso de las consultoras privadas, tras haber descendido a 1,2% en diciembre.

A ese cuadro se agrega la persistencia de una alta dolarización de la economía, la cual se potenció con el éxito del blanqueo de activos y también de la amplia aceptación de los mercados internacionales de emisión de deuda pública y privada, porque obliga al Banco Central a comprar divisas con la entrega de pesos a la plaza interna, que luego debe esterilizar en gran parte con la colocación de letras, pases u otros instrumentos de regulación monetaria, que gravitan sobre el costo del dinero, e indirectamente de la inflación, porque aún no se advierte una respuesta reactivadora de la economía real de magnitud relevante.

Acelerar los tiempos podría afectar el costo del dinero y fomentar la dolarización, no ya como canal de ahorro sino para transacciones
Debate en los foros internacionales

La iniciativa de las autoridades del Banco Central no responde a un hecho aislado sino que es tema de debate en diversas partes del mundo, como quedó demostrado en el último Foro Económico de Davos, donde la disminución de los billetes en circulación fue uno de los temas salientes, porque no sólo se lo vincula con la informalidad, sino con prácticas de corrupción, narcotráfico y terrorismo internacional.

Sin embargo, en esos foros surgió que la reconversión de prácticas del pasado a la modernidad del mundo electrónico, en el que ya se pueden hacer pagos desde un teléfono celular, requiere un análisis de consenso con los principales actores, comenzando por los bancos, públicos y privados.

De lo contrario, hacerlo de modo precipitado no sólo podría afectar inicialmente los costos de las transacciones; sino que, peor aún, podría incentivar mayor dolarización, tanto para el pago de salarios y trabajos marginales, como en las compras en comercios de venta de productos de consumo masivos, como el de los alimentos frescos.

Por Daniel Sticco