La percepción de una parte importante de la población y de los sindicatos es que la Argentina enfrenta una situación crítica, agravada por supuestos errores de política económica

En la semana, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) fue completando la difusión de los indicadores más sensibles correspondientes al primer año de Cambiemos, como empleo-desempleo, inflación y PBI. Sólo restan los de indigencia y pobreza, aunque en ese caso no se espera que los datos revelen una realidad muy diferente a los inquietantes números que mostró el Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA).

A partir de ahí surgieron generalizados análisis y percepciones de un deterioro social insostenible que llevó a ganar la calle y que se atribuyó, por parte de muchos dirigentes sindicales y también de algunos economistas y legisladores de la oposición, en exclusiva a errores e insensibilidades del nuevo Gobierno.

Los números tomados de modo aislado inquietan: la inflación Congreso pasó de 28% en 2015 a 40,5% un año después, a diciembre; el PBI se movió de un aumento de 2,6% a una contracción de 2,3%; los datos del mercado de trabajo no permiten hacer comparaciones, porque se quebró la serie, pero la tasa de participación se ubicó por debajo de 46%, el desempleo, en 7,6% y el subempleo, en 10,3% de los ocupados. Estadísticas de Trabajo dieron cuenta de recuperación de gran parte de los puestos que se destruyeron en el primer semestre, con un pico de poco más de cien mil personas.

Los números de la realidad socioeconómica, tomados aisladamente, inquietan

En ese escenario, el promedio de los salarios de la población registrada por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) aumentó 34,5%, aunque en algunos gremios superó largamente esa tasa, y en otros, claramente muy por debajo. En términos reales, significó una pérdida media del orden de cinco por ciento.

Inercia de política anterior

No hay duda de que la insuficiente comunicación de los actos de Gobierno, en particular en lo referente al inventario recibido y a las acciones tomadas para normalizar la macroeconomía, en particular en términos de contención a los sectores más vulnerables, contribuyó grandemente a esa percepción de que los males que se advierten hoy, a 15 meses de gestión, son casi de su exclusiva responsabilidad.

Sin embargo, cualquier economista y sociólogo bien preparado sabe que las decisiones y las acciones de política económica y social que se toman en el presente suelen tener sus efectos en al menos un año, y a veces más, si las medidas correctivas intentan ser graduales y no de shock. Dicho de otro modo, muchos de los resultados de hoy son las consecuencias de las decisiones gubernamentales tomadas con anterioridad al cambio de Gobierno.

Muchos de los resultados de hoy son las consecuencias de las decisiones gubernamentales tomadas en el pasado
La aceleración de la inflación del 28% al 40% en el último año fue la consecuencia de la desordenada política monetaria del cuatrienio del segundo período de presidencial de Cristina Kirchner, que culminó con la ahora olvidada operaciones de remate de dólares a futuro, entre agosto y noviembre de 2015.

Semejante movimiento de precios se atribuyó el efecto puntual de haber comenzado a normalizar las tarifas de los subsidios públicos y la eliminación de las retenciones; cuando de haberlos sostenidos hubiera derivado en consecuencias recesivas de mayor magnitud a la caída final del 2,3% que acusó el PBI, y no hubiera evitado el efecto inercial de la aceleración de inflación, porque está claramente probado que “la inflación es siempre, y en todo lugar, un fenómeno monetario”, como recuerda a menudo el economista Javier Milei, un ferviente estudioso de las enseñanzas del premio Nobel Milton Friedman.

Naturalmente, con semejante aceleración de la inflación, no debería haber sorprendido que también se intensificara el nivel de pobreza de los hogares, y más aún en términos de sus miembros, porque son justamente las unidades familiares con bajísimos ingresos las que tienen mayor cantidad de menores a su cargo, y mínimas posibilidades de incrementar sus recursos monetarios. Tal vez sería necesario que para esos casos el ajuste del valor de los planes asistenciales se modificara de semestral a períodos más cortos, pero eso ameritaría un trámite legislativo que a nadie se le ocurrió, ni al oficialismo, ni a la oposición. Pero eso no habilita para ignorar y cambiar al autor de esos efectos alarmantemente negativos.

Lo mismo podría decirse de los índices de actividad, en particular del consumo privado. Pero en este caso parece que muchos han olvidado de que en los últimos años ese principal componente de la demanda agregada creció, en promedio, a un ritmo superior a la capacidad de generación de riqueza, y más aún de la tasa de inversión, que era una de las variables claves para tornar sustentable ese camino. Y aun así las cuentas nacionales registraron una baja de 1,4%, muy lejos de las caídas registradas en otras épocas de reales crisis sistémicas, como la de 1989-1990 y 2001-2002, para no ir más atrás.

Todavía hay sectores afectados por el singular aumento de la carga tributaria y los cierres de mercados internacionales, y más recientemente por la crisis de Brasil, como la industria en su conjunto. Y también por los bolsones de corrupción que afectaron a la obra pública, y la señalada aceleración de la inflación, que postergó la esperada reanimación de los planes de vivienda y el crédito hipotecario.

Esperado cambio de tendencia

El giro de política monetaria a partir de abril de 2016, cuando se cancelaron los efectos heredados de la venta de dólares a futuro, ya comienza a manifestarse en la desaceleración de la tasa de inflación, del 40% en diciembre a menos de 30%, según la última medición del Instituto de Estadística de los Trabajadores de la CGT-CTA, y se proyecta en esa línea, porque si bien la suba de precios se mantiene en un ritmo alto en torno al 2% por mes, es sustancialmente inferior a las tasas que se observaron en igual período del año anterior.

Un recorrido parecido tuvo la tasa de interés de las Letras del Banco Central, ya que desde un 38% anual de punto de partida ahora se estacionó en torno al 23% anual.

Menos inflación y menos costo del dinero se prevé que comenzarán a derivar en reactivación del crédito, en esta etapa más focalizada en la inversión productiva y las necesidades de capital de trabajo que para consumo.

Sobre esa base, el consenso de las consultoras locales y extranjeras presupuesta que en 2017 la economía volverá a reactivarse y empezará a revertirse el deterioro de los indicadores sociales. Sin embargo, para no afectar esas expectativas el Gobierno debería acelerar la tarea de reducción real del gasto público para achicar más rápido el déficit fiscal y no dejar tan sólo al Banco Central en la tarea de domar la inflación. El acuerdo de Responsabilidad Fiscal con las Provincias es un gran avance, pero aún restan acciones concretas al interior de la Administración Pública Nacional.

Por Daniel Sticco