Desde la fundación del Banco Central en 1935, con un debut singular en el que su primer presidente, Ernesto Bosch, ejerció la conducción del ente rector de la política monetaria por espacio de más de 10 años, desfilaron por la máxima conducción del organismo creado para asegurar “la estabilidad de la moneda” y propender al bienestar general 59 funcionarios, con un promedio en el cargo apenas superior al año y medio.

La renuncia aparentemente sorpresiva de Luis Caputo, en medio del cierre de las negociaciones del Acuerdo II con el FMI, probablemente para no repetir la experiencia de su antecesor, Federico Sturzenegger, que se fue justo después de la firma del Acuerdo I con el organismo, no le hace nada bien a una institución que no logra remontar su triste pasado, y que claramente ha fracasado en sus diversos roles:

1. La inflación en la Argentina volvió a ubicarse entre las más altas del planeta, y de acuerdo con el Presupuesto 2019 promete no abandonar esa condición el año próximo.

2. Lejos de constituirse en un organismo independiente del Poder Ejecutivo Nacional, en particular de las variables políticas del Ministerio de Hacienda, ha vuelto a someterse a la intervención del Gobierno central.

3. Parece que ya se olvidó el daño que se le hizo a la institución con la fallida conferencia de prensa del 28 de diciembre donde se le “pidió” al antecesor de Luis Caputo que participe del anuncio de la “recalibración de la meta de inflación”, y la exigencia de desandar el camino de la suba de las tasas de interés, para impulsar la actividad y el consumo. El resultado fue la aceleración de la inflación, el inicio de la corrida cambiaria y el ingreso a una nueva etapa recesiva.

La labor de Caputo fue severamente cuestionada, y nada defendida por Hacienda, por haber “dilapidado” en tres meses los USD 15.000 millones del primer tramo de asistencia del Fondo Monetario Internacional para despejar la incertidumbre de los inversores internacionales, sin que evitara una tremenda devaluación del peso.

Sin embargo, los datos del Banco Central dan cuenta de que de los USD 14.000 millones que cayeron las reservas desde el ingreso de ese préstamo del FMI, menos de USD 4.500 millones fueron utilizados para intervenir con ventas en el mercado de cambios al contado, ymás de USD 9.000 millones fueron utilizados por la Tesorería para pagar vencimientos de deuda pública.

Pero eso ya es historia antigua, y lo que seguramente se preguntarán los mercados es cuál será la nueva política monetaria y cambiaria que Hacienda le prometió a los técnicos del FMI para cerrar el acuerdo II y que deberá ejecutar el hasta ahora número dos del ministro Nicolás Dujovne, Guido Sandleris.

En cualquier caso, será clave, si el Gobierno realmente está preocupado por reconstruir las instituciones, que el Banco Central tenga capacidades para que, sin desentonar con la política del Poder Ejecutivo, pueda ejercer su autonomía, y una vez más deje de estar sometida al poder político que arrastra más de 80 años de fracasos.

Una vez más, la Argentina está a merced de la ansiedad de la dirigencia política y de gran parte empresaria, y más aún sindical, que quiere  ver resultados inmediatos, cuando todo cambio estructural que pretenda ser sustentable, debe pasar por pagar costos hoy para poder disfrutarlos en el futuro.

Y una entidad como el Banco Central que compite con el Ministerio de Economía en la carrera por superar el récord de 100 ministros en los últimos 100 años, no es un buen camino para revertir el clima de desinversión que mantiene el país y que en el segundo trimestre de 2018 apenas representó 14% del PBI, 10 puntos por debajo del mínimo necesario para poder crecer de modo sostenido y no caer en crisis recurrentes.