En la Carta de Intención que el Gobierno nacional le presentó al FMI el 12 de junio, antes de la firma formal del acuerdo de crédito por hasta USD 50.000 millones en 3 años 8 días después el 20 de junio, destaca que “en nuestro programa, planeamos sostener el gasto en asistencia social y, en el improbable caso de que la situación se deteriore, nos comprometemos a destinar recursos adicionales al financiamiento de nuestros programas de asistencia social más efectivos”.

Y un concepto similar se observa en la síntesis que los técnicos del Fondo dieron a la prensa el último viernes, y que el jefe de la misión en Argentina, Roberto Cardarelli sintetizó en la cuarta respuesta ¿Cómo protegerá el Gobierno el gasto social en el marco del plan?: “El Gobierno propuso algunas medidas que ayudarían a los sectores más vulnerables. En primer lugar, el programa establece una cantidad mínima de gasto del Gobierno federal en determinados programas de asistencia social bien enfocados y altamente efectivos, tales como las transferencias condicionadas de efectivo que llegan a la mayoría de los pobres y grupos vulnerables. En segundo lugar, si la economía empeora, el Gobierno puede aumentar el gasto hasta un 0,2% del PBI ($30.000 millones) por año calendario, si cree que tiene margen en el presupuesto. En tercer lugar, el Gobierno puede tomar medidas para proteger a las personas que no están suficientemente cubiertas por la red de protección social”.

Y en un singular informe de 125 páginas sobre “Argentina:  Pedido de Comunicación de Prensa del Acuerdo y Reporte del Equipo Técnico”, se destaca que “el foco estará sobre programas que cubren a niños por la red existente social de seguridad: el programa de Asignación Universal por Hijo, (AUH) y para embarazado (AUE) que tienen una cobertura razonablemente amplia, y han mostrado para mejorar resultados socioeconómicos en la población objetivo”.

Sin embargo, en la página 14 del análisis se especifica que para este año en que se proyecta una aceleración de la tasa de inflación al rango del 30% anual, y desaceleración del crecimiento del PBI de un 2,9% en 2017; y 3,6% en el primer trimestre de 2018 a un promedio modesto de 0,4%, con sendas caídas en el segundo y tercero, contempla la ampliación de la cantidad de beneficiarios de los planes sociales, pero a costa de un ajuste nominal promedio individual inferior a la suba prevista en los precios al consumidor.

Del cuadro previo surge en primer lugar que el modesto crecimiento esperado en la actividad económica no es suficiente para detener el dinámico aumento de los beneficiarios de planes asistenciales: 4,9% en el caso de las Asignaciones Familiares; y 5,1% en los de la AUH; de 8,1 a 8,5 millones de personas en el primer caso, de los cuales pasan de 4,2 a 4,4 millones en el segundo.

Pero cuando se analiza el monto de la partida presupuestaria para cada caso se observa que para las Asignaciones Familiares totales suben 25% y para la AUH en 24%; en ambos casos unos 5 puntos porcentuales por debajo de la inflación.

De ahí, se desprende un deterioro del poder de compra real que no se corresponde con el objetivo de “proteger a los más vulnerables”, sobre todo porque el incremento nominal de la asignación monetaria individual se prevé para este año en apenas 19,2% para el promedio general, que se desagrega en 19,8% para el universo de perceptores de AUH y 18,4% para el resto.

Margen compensatorio

Un atenuante, y a efectos de evitar un claro perjuicio de la situación social mientras transita un invierno muy frío, no sólo en lo económico, sino más aún en lo climático, el Gobierno podría disponer, amparado en que la inflación acumulada en los pasados 12 meses ya ascendió a la zona del 30%, un incremento en hasta $15.000 millones de la partidas para asignaciones familiares.

El informe de marras de los técnicos del FMI resalta que “si las condiciones económicas empeoran de tal manera que el Gobierno juzgue que los beneficios del programa universal de subsidios es insuficiente o el nivel de solicitantes se vuelve más alto de lo esperado, podrá ampliar la partida presupuestaria en esos programas específicos hasta en el equivalente a 0,2% del PBI, unos $30 mil millones, por año del calendario”, esto es en $15 mil millones en el segundo semestre de 2018.

En ese caso, y siempre que la tasa de inflación no exceda a fin del corriente año del 30%, cada beneficiario de las asignaciones familiares habrá recibido una mejora nominal de sus ingresos de 29,3% en el promedio general, con 30% para los perceptores de la  AUH y 28,4% para el resto.

Pero en esas circunstancias la demanda de planes asistenciales será muy superior a la planificada, por lo que el ingreso medio de los sectores más vulnerables volverá a caer.

La única manera de que la población vulnerable por sus carencias de ingresos deje de crecer es que la política económica ponga más el acento en ordenar las finanzas públicas, con la reducción del gasto público al nivel soportable por la sociedad; que en la creación de impuestos, o suspensión de la reforma tributaria, como propone el acuerdo con el Fondo Monetario, para que el sector privado pueda asumir el rol que nunca debió perder de ser el principal, por no decir el único, impulsor de la generación de riqueza y mejora del bienestar del conjunto de los residentes.

No se trata de disponer un despido masivo para achicar la nómina de trabajadores del Estado a cargo del gobierno central y pedir, a través de pactos fiscales que las provincias sigan los mismos pasos; sino simplemente de poner énfasis en el necesario aumento de la productividad de la Administración Pública, y de la eliminación de cualquier puesto que sólo cuenta para cobrar un sueldo pero que no cumple función alguna, empezando por los eternos ausentes que sólo aparecen para reclamar su haber o protestar en pedido de un aumento salarial.