La decisión de proponer por ley el tratamiento igualitario de los ingresos salariales de las mujeres con el de los
hombres pareciera tener más motivaciones políticas de responder a demandas “igualitarias” que a razones
concretas.
Claramente que en toda actividad existen diferentes criterios de remuneración de los trabajadores, según
especialidades, experiencias, antigüedad, motivaciones, etc., y naturalmente por carga horaria; las cuales se
suelen aplicar con criterios generales, tanto para los diferentes géneros, como edades de los trabajadores.
Y si bien es cierto que tanto los indicadores del Indec, como del Ministerio de Trabajo dan cuenta de que “en
promedio” las mujeres cobran hasta un 35% menos que los varones, también revelan que en la media horaria la
franja femenina gana un poco más, un fenómeno que se comenzó a observar en la presente década en la
estadística del Indec de la Encuesta Permanente de Hogares; y también resaltaron los informes del Ministerio
de Trabajo y de instituciones privadas, como Idelas de la UCES.

Los indicadores socioeconómicos del Indec dan cuenta que al tercer trimestre de 2017 la población de toda la
Argentina se componía en 52,1% mujeres y 47,9% varones; con mínimas variantes entre las 6 grandes
regiones, como entre los aglomerados que tienen más de 500 mil habitantes, y los que tienen menos.

También es amplia la diferencia negativa en la participación en el mercado de trabajo, como en los indicadores
asociados de empleo y desempleo.
La EPH registra que entre la población a partir de los 14 años poco menos de la mitad de las mujeres, 47,9%,
forma parte de la población económicamente activa, esto es está ocupada o busca insistentemente
emplearse; mientras que entre los varones alcanza a 69,8%. Esas proporciones se reducen a 43,4% y 64,7%
en el caso de la tasa de empleo.
Por el contrario, la franja femenina evidencia una tasa mayor de desempleo, 9,5% de su oferta laboral; que
el de la masculina que fue del 7,3%, al cierre del tercer trimestre del último año.
Diferencias por categoría ocupacional
Sobre cuatro grandes divisiones que hacen los organismos oficiales se observa un empate entre el predominio
en cantidad de trabajadores registrados por sexo: Los varones en las categoría profesional, aunque con una
clara tendencia a cerrarse la brecha, al representar el 52,3% del segmento; y es claramente dominante entre
los operarios, poco más de dos de cada tres ocupados.
Por el contrario, las mujeres predominan en las áreas técnicas, con 57,5% del total y también en las áreas
sin calificación, sube a 58,8 por ciento.
También se percibe una virtual paridad entre las actividades donde el varón es predominante: construcción
94%; agro e industrias extractivas 89%; e industria 81%; y entre las que la mujer sobresale en cantidad:
servicio doméstico 99%; enseñanza 74%; y salud 71%; y uno donde las proporciones son más parejas: resto
de los servicios en general, la franja masculina ocupa casi el 56% de los puestos y la femenina el 44 por ciento.
El resultado neto, sobre una nómina de 8,4 millones de asalariados registrados al cierre del tercer trimestre de
2017, fue que la participación del segmento masculino era del 55,4%, con 4,65 millones; y el femenino ocupó el
44,6% restante, unas 3,74 millones. En este caso, la brecha resulta notablemente menor que la detectada en la
tasa de participación en el mercado de trabajo por género.

También la estadística oficial permite observar cómo es la participación por género, según el empleador sea
el sector público, o el privado.
Claramente, la alta participación de la administración pública nacional, provincial y municipal en la prestación de
los servicios de salud y enseñanza, determina que se constituya en el principal oferente de puestos que son
ocupados por las mujeres, aunque también con una brecha que se va cerrando; 53% a 47% los varones.
Por el contrario, en el conjunto de los empleados privados, la contratación en relación de dependencia registra
un predominio del 67% del segmento masculino; y más aún en los puestos jerárquicos.
Acciones de política de largo mediano y plazo
De todas formas, en el Ministerio de Trabajo aseguran que parte de su tarea está abocada a “encarar
programas de formación para la equidad de género, modificar la normativa sobre responsabilidades familiares y
correspondencia entre vida laboral y hogareña, como licencias parentales; de inclusión de la mujer en el sector
tecnológico; y articulación del trabajo doméstico remunerado para la mejora de las condiciones laborales y la
portabilidad de derechos a la seguridad social de las trabajadoras”, entre otras.
Esas acciones parecen más razonables, que legislar para regular los salarios, sea por género, edad,
localización geográfica, etc., porque cuando eso ocurre termina fomentando más, no menos, informalidad.
Por el contrario, sería sensato que la regulación conduzca a la eliminación de las exenciones, como las que
predominan en el sistema de jubilaciones, donde políticos y jueces no están alcanzados por niveles
máximos, como rigen para el resto de los trabajadores que pasan al estado legal de retiro, en los términos de
edad y años mínimos de aportes.