La actividad económica no despega, pese a que se perciben algunas señales de moderado repunte de la demanda, como en el caso de la industria, pero aún muy débil, como lo manifestaron los empresarios al Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De ahí la decisión dominante de proveer esas mayores ventas esperadas tanto al mercado interno como al resto del mundo, con la reducción de productos guardados en depósitos más que con la reactivación de la producción.

Claramente, después de un lustro de estancamiento de la actividad agregada, al que le siguió otro año de recesión, en particular en el sector real, como la industria y la construcción, cabe esperar algún rebote, pero todavía no aparece con la vitalidad que requiere una economía que necesita generar empleos netos para comenzar a reducir los elevados índices de pobreza heredados.

Ya se dijo que la lluvia de inversiones no pasa mucho más de los anuncios, porque el Gobierno les anticipó a los empresarios que analiza diversas reformas en los planos impositivos y laboral que contribuirán a tornar más rentables los proyectos, en particular los intensivos en mano de obra y con claro norte en la conquista de mercados de exportación. Y, por tanto, hasta que no se den precisiones sobre que los cambios no excluirán a los emprendimientos que se encaren previamente, ese importante componente de la demanda agregada difícilmente cobre impulso.

Pero poco se habla del costo de mantener el gradualismo en el camino de la normalización de la economía, como se define a la liberación de los cepos heredados, la vuelta al mercado internacional de deuda, y principalmente reducir el déficit fiscal y consecuentemente la inflación a parámetros similares a los que se registran en la mayor parte del planeta, para cimentar la vuelta al crecimiento relevante y sostenido de la actividad, no sólo comercial, sino también productiva, y la inversión pública y privada.

La persistencia de un desequilibrio fiscal en la administración pública de poco más de 8% del PBI, si se excluyen los efectos de los ingresos extraordinarios provenientes del blanqueo y la asistencia recurrente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), el Banco Central (BCRA) y otros organismos descentralizados y fondos fiduciarios, ha puesto un límite a la estrategia del Banco Central de avanzar con su objetivo de reducir la inflación por debajo del 17% anual hacia fines del corriente año.

Debilitamiento de la política monetaria

Una señal de alerta la emitió el informe monetario diario del BCRA sobre la variación de la cantidad de dinero en circulación entre el público: pasó de un aumento interanual de 16% en noviembre a menos de 12% en diciembre, pero rebotó a 19,4% en el último mes. Si bien pueden haber gravitado fenómenos estacionales, por la mayor propensión a la tenencia de efectivo en esa época del año, al tratarse de variaciones interanuales, ese efecto queda minimizado.

La base monetaria pasó de crecer menos de 16% en diciembre a más de 30% en enero, en comparación con el año previo

Además, si se mira el curso que en esos meses acusó la base monetaria, que agrega la tenencia en efectivo en bancos, así como los fondos inmovilizados por exigencias legales, se advierte que la trayectoria es más alarmante, porque pasó de expandirse 24% en noviembre y desacelerar a 15,5% en diciembre, a un ritmo de más de 30% en enero.

Semejante punto de giro no tiene otra explicación fuerte que la persistencia de un elevado ritmo del gasto público, el cual pareciera anticipar el inicio temprano de la campaña electoral de medio término con el uso de fondos públicos, mientras que aún no se advierten medidas concretas de racionalización presupuestaria por parte del ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

El papel de los subsidios

De ahí que el Gobierno ha decidido mantener como atenuante, pese al probado fracaso, la política de precios administrados o regulados para determinados bienes y servicios que sólo pueden moverse con autorización previa. Se trata de un cepo, aunque móvil según criterios discrecionales propios de políticos y también de economistas que no creen en la capacidad reguladora de los mercados.

Son los casos de las tarifas de la energía eléctrica, el gas, el transporte de pasajeros, los combustibles, los aranceles escolares, la medicina prepaga, el servicio de telefonía, la televisión prepaga, los cigarrillos, los pasos por los puestos de peaje, entre otros, e incluso los salarios, que se negocian en fechas fijas.

Si bien en la medición del Indec esos precios representan sólo poco más de uno de cada cinco pesos de gasto de los hogares, su influencia sobre las expectativas es sustancialmente relevante, porque el inicio de sus movimientos se asocia con el comienzo de un ciclo de alza en cascada, que sumadoa a factores estacionales afectan las decisiones de consumo presente y futuro; más aún cuando en la mayoría de los casos tienen lugar con notable anticipación a los esperados ajustes de las remuneraciones y las jubilaciones de bolsillo, en particular en los sectores de ingreso medio y bajo, que son los que más consumen en el mercado interno.

Los aumentos de precios regulados cada cuatro o seis meses, más que poco simpático, lucen contraproducentes a los objetivos del Gobierno de bajar la inflación y la pobreza
Se sabe que tomar medidas vinculadas con la autorización de aumentos de precios y tarifas puede resultar no simpático para un político, pero a la luz de los resultados de los primeros 13 meses de gestión del Gobierno de Mauricio Macri pareciera que repetir esa práctica cada cuatro o seis meses, según los casos, más que antipático, parece contraproducente hacia los objetivos de bajar sostenidamente la inflación y reducir la pobreza.

Tal vez sea el momento, o al menos exponerlo en la apertura de las próximas sesiones ordinarias del Congreso, de sincerar todas las variables y definir con los legisladores cómo se distribuyen los impuestos en subsidios a los sectores más afectados por la larga crisis que arrastra la economía doméstica, para a partir de allí encarar el camino hacia el crecimiento sostenido y la reducción de la inflación.

Por Daniel Sticco