Entre los economistas que ya están en el Congreso y aspiran a renovar su banca se encuentra el santafecino Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja desde 2015. Laspina accedió al Congreso en 2014, luego de que Miguel Del Sel renunciara para lanzarse como candidato a gobernador.

En plena campaña, que lo lleva a estar prácticamente más horas en el aeropuerto y en vuelo, que en su provincia y en la Ciudad de Buenos Aires, Laspina visitó la redacción de Infobae para analizar una coyuntura que los economistas opositores no muestran reparos en calificar de “desastre” y, al mismo tiempo, anticipar cuál cree que será la agenda legislativa después de las elecciones de octubre.

Antes de plantear la primera pregunta, Luciano Laspina se anticipa a la entrevista y describe el cuadro de situación que percibe hoy:

-En primer lugar no hay duda de que la economía está en recuperación. Ya nadie discute, incluso los más críticos, que la reactivación es un hecho, en todo caso algunos cuestionan que es lenta, o que no es generalizada, y que hay sectores que aún no arrancaron, pero nadie está diciendo que este año la economía no va a crecer. A lo sumo plantean si eso es suficiente para recuperar la caída del año anterior. En segundo lugar, hay un análisis contrafáctico que se debería hacer, que es: ¿a dónde iba esta economía si el presidente Mauricio Macri no hubiese asumido y hubiese seguido la política del kirchnerismo; si Daniel Scioli hubiese sido un Nicolás Maduro, o una Alicia Kirchner? Y la respuesta es sí, hubiese sido eso, Venezuela, o peor. Creo que la historia le va a reconocer al actual Presidente por haber evitado una megacrisis, como las que siempre ocurrían cuando hay un cambio de régimen político y económico. Sobre todo luego de un gobierno en retirada que se va y le entrega la llave del avión en picada y le dice arreglate como puedas. Generalmente, la receta fácil que muchos recomendaban era “hacé un megaajuste, echale la culpa al gobierno anterior, la economía se empieza a recuperar y vuelve a ganar las elecciones”. Eso hubiera implicado un aumento al 50% de la pobreza, crisis social, desnutrición infantil, y una nueva ruptura del tejido social que no se repara por décadas. Por supuesto, eso implica que muchas de las tareas que se necesitan para poner la economía en funcionamiento se siguen haciendo, como bajar la inflación, lograr un marco de precios relativos más adecuado, tener una política regulatoria que promueva la inversión y el empleo, tener una estructura tributaria acorde con el resto de Latinoamérica, contar con un sistema energético que provea no sólo energía en el corto plazo, sino también un horizonte para poder invertir en la Argentina. Todo eso se está haciendo, y ha posibilitado que no tengamos el típico movimiento en ve corta del PBI real, esto es caídas brutales y recuperaciones milagrosas, sino que tenemos un camino de recuperación suave, pero sostenido.
-Con el comienzo de la campaña para las PASO se paralizó el Congreso, y con ello se percibe también cierta parálisis en la acción del Gobierno para romper la inercia de la recesión que mantienen diversos sectores, estancamiento del empleo en un bajo nivel, con insuficiente poder de compra de los salarios, y en la reversión de la discrecionalidad en el manejo de la cosa pública. ¿Es así, o se sigue avanzando en varios frentes a la vez para que la recuperación de la economía sea extendida a toda la sociedad?

-Las grandes reformas macroeconómicas pasaron por el Parlamento en 2016. La más importante se vincula con la aprobación de la salida del default, porque significó un cambio estructural que posibilitó recuperar el crédito externo y normalizar el frente financiero. Este año es electoral, y con ello el marco político para lograr acuerdos es mucho más débil, pero creo que después de las elecciones viene una agenda de desarrollo, no de ajuste como a veces dicen desde la oposición, que es la que tenemos que discutir para que la Argentina pueda crecer de manera sostenida. En ese sentido, el Parlamento, naturalmente, es una caja de resonancia de toda la política, y en un año electoral es difícil encontrar acuerdos para seguir avanzando. Si usted me pregunta si este ha sido un año en el cual se demoraron algunas reformas, debo decir que ciertamente sí; pero creo que lo que se hizo el año pasado fue muy fuerte, e importante; pero ahora necesitamos la consolidación política en octubre, para poder seguir consensuando leyes en el Congreso que permitan avanzar hacia una segunda etapa, en la que se pueda avanzar hacia una mejora de la estructura tributaria; de la sostenibilidad fiscal de mediano plazo; el mercado laboral, básicamente para reducir la enorme informalidad, con más de 1 de cada 3 trabajadores que están en esa situación. Creo que después de las elecciones va a haber una ventana de oportunidad grande, de varios meses, en donde vamos a poder encontrar acuerdos con sectores opositores.
-Ese análisis lo hacía el Presidente de la Nación en julio de 2016, antes de la presentación del Presupuesto de este año, y le había dicho a Infobae que tenía en mente presentar una reforma tributaria y laboral, justamente porque lo más urgente ya lo habían hecho. Sin embargo, lo postergó. Este año tampoco, porque es electoral. ¿Cree que se podrá lograr consenso para que después de las elecciones se acuerde el debate de esas reformas, que probablemente se extienda al 2018, y por tanto rija a partir de otro año electoral, pero entonces por fin de mandato?

-Creo que después de las elecciones se va a crear un marco de diálogo, por supuesto en función de cuál sea el resultado, para sentarse a consensuar reformas que el país necesita, como la tributaria; en lo laboral se refiere más bien en la necesidad de bajar los impuestos al trabajo, para de alguna forma incentivar la formalización laboral. El Ministerio de Trabajo está avanzando con acuerdos con sectores, por rama de actividad, para que puedan mejorar la productividad y la competitividad. Veo a sectores de la oposición que tienen una visión más moderada, más racional, de los desafíos que enfrenta la Argentina del riesgo de volver al pasado, de apostar al fracaso de este Gobierno. La excepción es el caso extremo de los legisladores del kirchnerismo más duro, que tienen una representación fuerte en la Cámara de Diputados y va a ser bastante menor en el Senado.

-Seguramente va a haber consenso para debatir la baja de los impuestos y las cargas laborales. ¿Cree que el oficialismo podrá lograr el mismo respaldo para achicar el gasto, sobre todo para avanzar con la reducción de los subsidios a los servicios públicos? Porque es ahí donde la oposición se muestra más incisiva, aunque contradictoria, porque por un lado dice que no se pueden aumentar las tarifas porque se afecta a los sectores más desprotegidos, y por el otro reclama que hay que bajar los impuestos, cuando se arrastra un elevado déficit fiscal que cuesta reducir y por tanto presiona sobre la inflación y la tasa de interés, y con ello sobre la recesión y la pobreza.

-Nuestra apuesta es que el gasto público vaya perdiendo peso en términos del PBI, esto es, a medida que vaya creciendo el tamaño de la economía. Eso se hace, primero, reasignando subsidios, que es lo que se está haciendo con las tarifas. En realidad mantuvimos la Tarifa Social que hoy beneficia a más de 4 millones de hogares, y se redujo el subsidio a otros sectores, y obviamente apostando al crecimiento de la economía. Es el camino más viable desde el punto de vista político y social. Este año va a ser de caída del gasto público en términos del PBI, sin embargo lo haremos con el porcentaje de inversión social más alto de los últimos años. Hemos focalizado ahí el esfuerzo del gasto, además de seguir adelante con el plan de infraestructura; y obviamente mantenemos un manejo muy austero del resto de los gastos corrientes.

“Mantuvimos la Tarifa Social que hoy beneficia a más de 4 millones de hogares; y se redujo el subsidio a otros sectores”
-La economía argentina se caracteriza por tener muchos impuestos distorsivos, y algunos que se crearon de emergencia, y quedaron permanentes, como Ganancias. Ahí el Gobierno quedó a mitad de camino, porque se le cuestiona que no cumplió con la promesa de campaña de eliminarlo para los trabajadores asalariados. ¿Va a formar parte de la reforma la exención para la denominada cuarta categoría, o cree que la franja de altos ingresos debe seguir tributando?

-El debate está abierto. En la Comisión Bicameral de Reforma Tributaria se planteó la comparación con varios países: en los más desarrollados se observa que tienen mínimos no imponibles proporcionalmente más bajos que en la Argentina y alícuotas más reducidas, por tanto alcanza a más gente, pero pagan menos. Creo que no estará en el centro de discusión de la Reforma Tributaria la cuestión del Impuesto a las Ganancias. Por supuesto vamos a esperar el proyecto del Poder Ejecutivo en octubre, pero creo que hay varios frentes con impuestos distorsivos, como al Cheque y las cargas laborales que encarecen muchísimo el costo de contratación. Eso pesa sobre el bolsillo del trabajador y sobre las cuentas de la empresa, y determina que se genere mucho trabajo informal, o directamente que no se generen puestos netos. Creo que hay que dar un debate muy grande con las provincias en materia de Ingresos Brutos. El otro día se presentaba un análisis que mostraba que sustituir Ingresos Brutos por una alícuota adicional sobre el IVA implicaría llevarla del 21% al 37%, es decir la tasa más alta del mundo, cuando ya está entre las más elevadas de la región, y entre las más altas del planeta. Esa sobrealícuota está ocultando el enorme peso de los impuestos provinciales que han crecido de manera desmesurada en los últimos años, y es una de las razones de por qué los productos en las góndolas son tanto más caros que en otros países. Por supuesto que no es materia de análisis del Congreso Nacional, pero sí creo que hay que poner en discusión una revisión integral del sistema de impuestos y del federalismo fiscal, para ver de qué forma se puede ir sustituyendo Ingresos Brutos por otros impuestos menos distorsivos y regresivo, y que, de alguna forma no desfinancie a las provincias.
-¿En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados han estimado cuánto van a aumentar los ingresos coparticipables con las provincias por el mero crecimiento que comienza a mostrar la economía?

-Ese camino es el que nos hemos fijado para reducir el déficit fiscal, que el aumento de los recursos le ganen al de los gastos por la vía del crecimiento y no por la reducción de las erogaciones. En el caso de las provincias lo que planteamos es discutir una Ley de Responsabilidad Fiscal, que establezca para las que tienen déficit la obligación de mantener el gasto corriente en términos reales, y de no expandir la planta de personal más allá del límite que tiene que ver con el crecimiento de la población para la prestación de determinados servicios, como salud, educación y policía. ¿Por qué es esto? Porque en los últimos años ha habido un crecimiento del empleo público descontrolado; los gastos corrientes se han desbordado y no se han hecho obras públicas. Esa es la discusión que viene, muy integral. Ojalá podamos, y ojalá la dirigencia esté a la altura del desafío de sentar a todas las provincias y ver cómo replanteamos la cuestiones impositiva, del gasto, en Nación y provincias. Hoy el gran problema que tiene la Argentina en materia tributaria y de gasto está más concentrado en las provincias que en la Nación. El impacto más fuerte que nos aleja de la competitividad del mundo no es la estructura tributaria de la Nación, más allá del Impuesto al Cheque que es anómalo en términos de la región, que lo estamos analizando, sino la diferencia más grande con Chile, con Uruguay, que además son países unitarios, es la enorme incidencia de los municipios y de las provincias en las empresas. Cuando se instala una fábrica, el intendente va y le cobra un impuesto sobre una ganancia implícita, más una tasa municipal en función de cuánto gana, cuánto exporta, cuánto factura. Ahí es donde está el corazón del problema. Nosotros como legisladores nacionales podemos hacer una parte, y como representantes de los ciudadanos de la provincia, porque no somos representantes del gobierno del distrito. Por ejemplo en 2012 el gobernador de Santa Fe dispuso un impuestazo tremendo y ahora no quiere bajar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos sobre los créditos hipotecarios, como lo hicieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, que podría abaratar la cuota de esos préstamos para la clase media. Esa voracidad fiscal de las provincias es el cambio más fuerte que se ha dado en los últimos años. Si se observa lo que sucedió con la recaudación en la Argentina, cuando se compara con la década del 2000, ha sido en gran medida Ganancias sea por la Cuarta Categoría, sea por la falta de ajuste por inflación en las empresas, y después los impuestos sobre el comercio exterior, como a las exportaciones; y en las provincias por la suba de las alícuotas de Ingresos Brutos, en todos los distritos.
-¿Cuándo habla del Impuesto al Cheque, en qué está pensando, en eliminarlo, o en mantenerlo como pago total a cuenta de otros impuestos, para inducir al blanqueo de una gran parte de la economía?

-Hay que esperar la propuesta del Poder Ejecutivo, pero creo que todo lo que planteemos será gradual, porque la Argentina no se puede dar el lujo de generar un desfinanciamiento con una Reforma Tributaria rápida, por tanto estimo que en el caso del Impuesto al Cheque haya que tomarlo como una suerte de pago a cuenta, con lo que no sería tan gravoso como es actualmente.

-Usted se refirió al federalismo, ¿cree que después de las elecciones de octubre se podrá lograr el consenso necesario para cumplir con el mandato de la Reforma Constitucional de 1994 de debatir un nuevo régimen de coparticipación de los impuestos con las provincias?

-Sé que el ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio, está trabajando en ese tema. Pero es difícil, porque se trata de una Ley Convenio que requiere la aprobación de todas las provincias, en un contexto de enormes extensiones de las transferencias, donde está la judicialización del Fondo de Conurbano Bonaerense que ha presentado la gobernadora María Eugenia Vidal a la Suprema Corte de Justicia. Creo que sería un objetivo de máxima, me parece de mínima que nos tenemos que sentar para discutir la reforma impositiva y cómo generamos compensaciones para tener una mejor estructura tributaria. Por supuesto que estaría bueno generar mejores mecanismos de incentivos para que haya mejor correspondencia fiscal, para que haya premios y castigos en materia de transferencias a las provincias en función de si recaudan, si gastan bien, de asistir a las jurisdicciones más vulnerables socialmente. Pero lo importante en esta etapa es rediscutir el federalismo fiscal en el marco de un proyecto gradual de reforma tributaria que nos aleje de una situación en las provincias que creo está en el corazón del problema de competitividad de las empresas.
-Como representante en el Congreso Nacional de los ciudadanos de Santa Fe, una jurisdicción que es la segunda o tercera más rica del país, siempre está la disputa con Córdoba, ¿cómo describiría la realidad económica de la provincia, luego de la eliminación de la mayor parte de las retenciones a las exportaciones, la unificación cambiaria y la apertura los mercados internacionales?

-Santa Fe fue una de las provincias que en 2016 creció, eso tuvo que ver con la recuperación del sector agroindustrial. Como el resto de la economía tiene blancos y grises, es decir sectores que están en franca expansión y otros, como los industriales ligados a la metalmecánica más golpeados por la recesión en Brasil. Pero, en síntesis es una economía en crecimiento, muy beneficiada por el nuevo conjunto de políticas, y es una de las que está destinada a crecer por encima del promedio nacional en los próximos años. Eso no quiere decir que haya sectores industriales que estén más golpeados por la recesión en Brasil, por el freno al consumo el año pasado, sobre todo en el conurbano rosarino donde hay un conjunto de establecimientos más ligados a esos factores. Otra cosa que va a potenciar el crecimiento de Santa Fe es que es una de las más beneficiadas por el Plan de Infraestructura del presidente Mauricio Macri, porque está en el corazón productivo de la Argentina y por ahí pasan todas las venas logísticas de la producción, los puertos fluviales y el desarrollo agroindustrial, que le dará atracción a las inversiones como no se ha visto en muchos años.

– Ese plan de inversiones genera mano de obra, tanto directa como indirecta, ¿por qué cree que los candidatos de la oposición centran su campaña en que hay un amplio sector de la sociedad que no percibe el cambio y que el oficialismo no quiere hablar de la economía?

-Si se miran los datos objetivos se observa que ha comenzado una recuperación del salario real en la mayoría de los trabajadores formales, de los que tienen acceso a las paritarias; y otros que aún no han podido recomponer sus salarios, y ganarle a la inflación. Eso tiene que ver con una economía que se está reacomodando y que está empezando a crecer de manera muy lenta. Generalmente sucede que los beneficios del crecimiento del PBI sobre los salarios, sobre el empleo, tardan en llegar, porque llegan cuando se consolida la reactivación. Eso es lo que ha pasado en todas las recuperaciones en la Argentina. Si se veía en esos momentos la sensación térmica se advertía que no se percibía en la población, porque siempre hay un rezago: primero las empresas empieza a crecer con su planta de personal y reincorporación de turnos del personal suspendido, no despedido, y luego comienzan a dar trabajo, mejorar salarios, a capacitar y elaborar proyectos. Eso es lo que está pasando hoy con una economía que crece por tercer trimestre consecutivo respecto del anterior, de manera suave. Por eso creo que van a pasar unos meses más para que le llegue a los trabajadores de todos los sectores.
– Después de las PASO la preocupación del Gobierno se centrará en la presentación el 15 de septiembre de las pautas del Presupuesto 2018 y el Plan Financiero. Algunos economistas de la oposición sostienen que ese programa de financiamiento debiera incluir la delegación al Congreso de la potestad de determinar cómo va debe ser la ejecución a lo largo del año en términos de plazo, tasas y moneda ¿le parece que ese es el rol del Poder Legislativo?

-¡No, para nada!, me parece un grave error intentar que el Congreso sustituya la tarea del ministro de Finanzas. La verdad es que nunca ha funcionado así, y por supuesto que está en parte en las delegaciones naturales que tiene que darle el Congreso al Poder Ejecutivo Nacional, que pueda definir una estructura de financiamiento que sea la mejor, según la oportunidad, mérito y conveniencia que evalúe el Ministerio de Finanzas, en función de las condiciones de mercado, de la estructura de la deuda y de otras muchas variables técnicas que el legislador no está en condiciones de manejar de manera ejecutiva para hacerlo. Sería un error, hay como una sobreactuación respecto de ese tema. Se le puede exigir o poner algunos parámetros dentro de los cuales se pueda mover el Poder Ejecutivo, para acotar de alguna forma la estrategia de financiamiento. Pero ponerse a evaluar caso por caso las emisiones, o evaluar cuál es el plazo óptimo, la estructura de tasas, la moneda, los mercados, la legislación por la cual hay que emitir, que lo haga el Congreso de la Nación no tiene ningún sentido.