El 23 de agosto llegaron al país el equivalente a USD 4.334 millones por la ampliación del capital del FMI en USD 650.000 millones, del que la Argentina es socio y por tanto recibió el proporcional a su participación en el organismo que nació tras la crisis de la Segunda Guerra Mundial, determinada por su contribución al PBI Mundial.

Esos recursos fueron ingresados al Balance del BCRA en la cuenta del activo “Colocaciones realizables en divisas”, con un salto semanal equivalente a USD 5.803 millones, de los cuales, según el Informe Monetario Diario correspondieron a ingresos desde “Organismos Internacionales” USD 4.319 millones, y también con signo negativo en la cuenta “Asignaciones DEG”, en ese caso coincidente con los USD 4.334 millones de marras, a un nuevo monto total de USD 4.785 millones, los cuales por la caída del dólar en el mundo desde ese momento hasta el cierre del balance al 7 de septiembre permitieron sumar en el registro contable otros USD 25 millones.

Y según definió la propia directora-gerente del FMI, Kristalina Georgieva, es como “un fuerte pinchazo en el brazo para el mundo (referencia a una vacuna) y, si se usa sabiamente, una oportunidad para combatir esta crisis sin precedentes”. En tanto, los economistas del FMI expresaron en un documento de 45 páginas los “lineamientos” y “recomendaciones”, desde el tratamiento contable y estadístico de esos fondos, con énfasis en la “transparencia” y advertencias de que si bien son fondos de ayuda, su uso imprudente implica “riesgos” en términos de políticas fiscal y monetaria, sostenibilidad de la deuda y obligaciones a afrontar en el futuro”.

Justamente, el uso de una parte no menor de esos recursos por parte del Banco Central para contener la escalada de los tipos de cambio alternativos al regulado oficial, al viernes previo a las PASO sumaba poco más de USD 840 millones, equivalente a casi 20% de dicha inyección de DEG a las reservas internacionales, no sólo comenzó a inquietar a los economistas del sector privado, sino también al propio Fondo Monetario.

No fue casual que, al cierre de la semana, a pocas horas de las elecciones primarias en la Argentina el staff del organismo multilateral hizo saber su posición sobre la sostenida caída de las reservas del BCRA, la cual no evitó la ampliación de la brecha cambiaria: “el Gobierno necesita un plan macroeconómico y estructural creíble y sólido que pueda ser apoyado por la comunidad internacional”. En el informe, que en exclusiva dio cuenta Infobae: “Recuperación divergente y desequilibrios globales”, los economistas del organismo de crédito internacional hicieron una evaluación general del país y sostuvieron que “la posición externa en 2020 era más débil que el nivel implicado por los fundamentos a medio plazo y las políticas deseables”.

De ahí que destacaron: “La consolidación fiscal favorable al crecimiento, combinada con políticas monetarias prudentes, es esencial para mantener un fuerte superávit comercial, reconstruir las reservas internacionales, recuperar el acceso a los mercados y garantizar la sostenibilidad de la deuda, aunque esta vía dependerá de la evolución de la pandemia mundial”.

Retórica interesada

Claramente, la sutil advertencia del Fondo de cómo asignar mejor los recursos extraordinarios que recibió la Argentina, como la totalidad de los países miembros del FMI, y recordar sus preferencias por las políticas fiscal y monetarias prudenciales, aún en tiempos de crisis sanitaria, se inscriben en el marco de asegurarse el recupero del crédito stand-by que le otorgara a la Argentina a mediados de 2018 y cuyo último giro se concretó en junio de 2019, por un total de USD 44.867 millones, o de marcar los términos para concederle al Gobierno de Alberto Fernández el reperfilamiento de los vencimientos.

El presidente, Alberto Fernández, espera llegar, sin apuro, a un buen acuerdo con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (Reuters)

En 10 días el Tesoro deberá pagarle al Fondo, sólo en concepto de capital, USD 1.880 millones; otros USD 1.880 millones en diciembre; USD 17.778 millones en 2022, desagregados en USD 722 millones en enero; tres pagos bimestrales de USD 3.581 millones cada uno en marzo y abril, junio y julio; y septiembre y octubre; y final en diciembre por USD 2.855 millones; USD 18.854 millones en 2023; y el saldo de USD 4.836 millones el año siguiente.

Esos números son los que mira el mercado, y ante la resistencia del gobierno a presentar un plan creíble, más allá de que el próximo miércoles el ministro de Economía ponga a disposición de los legisladores la estimación de gastos y recursos y supuestos macroeconómicos del Presupuesto 2022, comenzó a acelerar la búsqueda de refugio en los activos externos y volvió a ampliar la brecha cambiaria entre la cotización oficial, regulada, y los dólares alternativos.

De ahí que para Alejandro Rodríguez, director de la Licenciatura de Economía de la Universidad del CEMA (Ucema) “más que tener la Argentina un problema con el Fondo, el FMI tiene un problema con la Argentina”.

Pero no se debiera perder de vista que el FMI no es un banco comercial, o un fondo de inversión, que puede sufrir enormes pérdidas para sus accionistas o a quienes confían sus ahorros, sino que es “un club de países” que aportan para contribuir a la estabilidad del sistema monetario internacional, y por tanto, incurrir en default con el organismo no sólo llevaría a quedar aislados de los mercados financieros globales, sino también a perder el poco financiamiento comercial que aún mantienen las empresas comerciales cuando exportan e importan bienes y servicios.

Para un gobierno populista, mantener un crédito con el FMI no es bueno, como quedó demostrado con la cancelación total anticipada en un pago durante la presidencia de Néstor Kirchner, con el uso de las reservas del BCRA, porque considera que pone “condicionamientos” a la política económica.

Sin embargo, a ese estado se llega por la recurrente tendencia de la dirigencia política en función ejecutiva a incurrir en exceso de gasto público sobre recursos reforzados con nuevos impuestos, al punto que repetidamente pierden el crédito del sector privado comercial, y de los propios residentes; y sólo acceden, a cambio de un plan económico sustentable los organismos internacionales.

También a los acreedores privados, que una vez más dieron su voto de confianza al Gobierno, en la última renegociación de vencimientos con el ministro Martín Guzmán, en agosto 2020, les interesa que la Argentina ordene sus cuentas fiscales y monetarias, porque de lo contrario caerán en un nuevo estado de incobrabilidad, como lo anticipa el aumento del índice de riesgo país, desde 1.120 puntos básicos el 14 de septiembre, cuando JP Morgan modificó el indicador con el ingreso de los nuevos bonos del canje, hasta 1.540 pb el último viernes; y también la ampliación de la brecha cambiaria y la pérdida de efectividad del uso de reservas para estabilizar el mercado.

Y por supuesto a la sociedad trabajadora, porque observa que en los países con las cuentas públicas ordenadas, y en particular con estabilidad de precios y sin excesivos controles de cambios, los ingresos y calidad de vida es singularmente superior a la que registran en la Argentina.

La llegada del refuerzo de los DEG posibilitó elevar las reservas brutas del BCRA a poco más de USD 46.300 millones, y las líquidas propias a USD 6.500 millones, pero 13 días hábiles después cayeron a 45.761 y 5.781 millones de dólares, respectivamente.

Y dado que el mensaje definitivo de las urnas al Gobierno se dará el próximo 14 de noviembre, no son pocas las consultoras que creen que de acá hasta fines de diciembre podría haber una nueva caída en las reservas del Banco Central, tanto por la persistencia de la propia incertidumbre que general el escenario preelectoral, como por el uso para cancelar el próximo vencimiento de USD 1.900 millones con el FMI.

En ese caso, al ritmo de ventas de dólares por parte del Banco Central en las últimas dos semanas, el presidente de la entidad, Miguel Pesce, vería el regreso de los activos externos a la zona de USD 41.000 millones en términos brutos totales y cercano a cero las netas propias líquidas antes de las elecciones generales de medio de término del 14 de noviembre, agravado por la estacionalidad negativa del comercio exterior: se debilitan las exportaciones y se afirman las importaciones, en particular si se persiste con la estrategia de ancla cambiaria para forzar la desaceleración de la inflación.

El último cuatrimestre se caracteriza por la baja estacionalidad de las exportaciones de origen agropecuario y la tonificación de las importación, en particular si se mantiene el ancla cambiaria (EFE)

La consultora Equilibra que dirige Martín Rapetti destacó al cierre de la última semana: “a este ritmo, las reservas netas se volverían negativas hacia fin de año”. Y ensayó “las opciones con las que cuenta el BCRA para moderar el drenaje de reservas:

1 – Endurecer restricciones por ejemplo, sobre tenencias de tipo de cambio de bancos;

2 – Cerrar el grifo para importadores;

3 – Acelerar con fuerza el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial.

Este último punto es algo poco probable al menos hasta después de los comicios generales de noviembre próximo, como ocurriera en enero de 2014, después de las elecciones de medio término de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando el entonces ministro de Economía, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, devaluó e inició el ingreso en una nueva etapa contractiva de la economía que terminó en el cambio de gobierno a fin del año siguiente.