Desde la notable pérdida de votantes en las PASO respecto de la elección presidencial de 2019, el Gobierno nacional se propuso encarar un ambicioso plan de “poner platita” en los bolsillos de los sectores más carenciados en busca de recuperar adherentes en las legislativas del próximo 14 de noviembre, y responder al reclamo a los ministros por parte de la vicepresidente, Cristina Fernández de Kirchner, por la subjecución del Presupuesto y recorte del déficit fiscal en un año electoral y con casi la mitad de la población en estado de pobreza.

En una economía que aspira a revertir las crisis recurrentes, la baja del déficit fiscal y subejecución presupuestaria debiera constituir una buena noticia, porque implicaría quitar el principal determinante de la alta inflación y caída del ingreso real de la mayor parte de la población, por el efecto nocivo de la emisión de pesos por sobre la demanda genuina de los agentes económicos. Pero, no es el criterio que predomina en gran parte de la conducción de gobierno.

De ahí que, desde la renovación parcial del gabinete de ministros, bajo la coordinación del JGM Juan Manzur desde el 20 de septiembre, se decidió la ampliación de la autorización total de gastos para el conjunto de la Administración Central en $188.102 millones, de los cuales 43% fue para el refuerzo de la partida del pago de intereses de la creciente deuda pública.

Fuente: Secretaría de Finanzas
Fuente: Secretaría de Finanzas

En ese período, la asistencia de pesos a la Tesorería por parte del Banco Central se redujo (recuperó) en $119.688 millones, como consecuencia del ingreso de recursos extraordinarios por el equivalente a $427.401 millones de los 4.300 millones de Derechos Especiales de Giros (DEG) que le giró a la Argentina el FMI, como país miembro, luego de que el directorio aprobara la ampliación del capital del organismo de DEG 650.000 millones, para financiar los gastos originados en la crisis sanitaria del Covid-19En ausencia de esa transferencia especial, el financiamiento del BCRA hubiese ascendido en unos $307.713 millones, monto muy superior a la citada ampliación presupuestaria en igual tramo del año.

Esa inyección de liquidez explica la aceleración del ritmo de inflación, principalmente por su efecto directo sobre las expectativas, porque en términos reales no sólo ese efecto se manifiesta con un rezago de 10 a 24 meses, según las circunstancias socio-macroeconómicas, sino que en simultáneo la entidad que preside Miguel Pesce absorbió del sistema bancario $197.800 millones, a través de las colocaciones de Leliq y Pases.

Un ejercicio similar desde el inicio del año determina que mientras el Presupuesto Nacional fue ampliado a través de 16 modificaciones dispuestas discrecionalmente por el Jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía -con excepción de una que se hizo a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 622 del 18 de septiembre, una semana después de las PASO- arroja un aumento nominal de la autorización total de gastos en poco más de $1,2 billones, 14,4% más que la partida original que se estimó con una meta de inflación de 29%, casi la mitad de la observada hasta el presente.

La décima sexta ampliación presupuestaria se publicó al cierre de la semana, a través de la Decisión Administrativa 1054, por la cual se le redujo en $2.785,1 millones la partida a cargo de “Obligaciones del Tesoro Nacional” para Asistencia Social, y se elevó en $3.000 millones la autorización de gastos al Ministerio de Desarrollo Social para ejecutar “Políticas Alimentarias” en lo que resta del año.

Cabe recordar que el DNU 622 avaló la apropiación por parte de la Administración Central como un recurso corriente de los $422.174 millones que cotizaban los DEG recibidos del FMI semanas antes, los cuales, como se mencionó, fueron utilizados para cancelar adelantos transitorios del BCRA y días después para pagarle el Fondo un vencimiento trimestral por el equivalente a USD 1.821 millones, similar al que vence en diciembre próximo-.

Uso de los recursos Presupuesto original

Los datos de la Secretaría de Hacienda sobre la ejecución de gastos de la Administración Central al 25 de octubre revelaron que de la partida original de $8,39 billones aprobada por el Congreso Nacional se habían ejecutado $7,7 billones, sobre un monto comprometido desde el inicio del año hasta ese momento de $7,84 billones, equivalente a 91,7%, significó 10 puntos porcentuales más que lo esperado al cabo de casi 10 meses.

Claramente, el principal determinante de la aparente sobreejecución del gasto público fue la severa subestimación de la tasa de inflación prevista por el ministro Martín Guzmán que hasta bien avanzado el año consideraba factible honrar el supuesto de 29%, poco más de la mitad del ritmo interanual que acusa desde el inicio del segundo semestre.

Pero también obedece al atraso del cumplimiento de los objetivos fijados para el año vinculados con la crisis sanitaria, como el proceso de compra y llegada de vacunas contra el Covid-19, cobertura de programas asistenciales a los sectores sociales y productivos más afectados por la caída previa de la actividad económica, y el deterioro de la seguridad física en gran parte del país.

De ahí que las carteras ministeriales que primero agotaron el uso de la totalidad de la partida asignada fueron las de Turismo y Deportes 201,7%; Desarrollo Social 132%; Cultura 131,9%; Salud 124,1%; Ambiente y Desarrollo Sostenible 115,6%; Economía 113%; Poder Judicial de la Nación 106,3% y Seguridad 103 por ciento.

En el otro extremo, sobresalió por la extrema austeridad el Ministerio de Transporte, con la ejecución de apenas el 47,4% del total de $190.968 millones por parte del conjunto de organismos a su cargo; al punto que fue uno de los pocos el Jefe de Gabinete de Ministro y el ministro de Economía decidieron recortarle el presupuesto inicial en poco más de $14.300 millones.

El balance general, sobre una vara de 81,6% de transcurso del año (298 días sobre 365), le permitió a Infobae detectar que de las 27 grandes áreas de la Administración Central que integran los 3 poderes de la República; Ejecutivo, Legislativo y Nacional, 21 superaron ese límite; 3 lo acompañaron sin desvíos (Ministerios del Interior, Agricultura y Ganadería y Desarrollo Productivo), y sólo 3 se ubicaron por debajo (Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete de Ministros y Ministerio de Transporte).

Ejecución de las partidas ampliadas

El cuadro cambió sustancialmente, con la ampliación de la autorización total de gastos en poco más de $1,2 billones, porque permitió “encuadrar” al conjunto de la Administración Central a las mayores exigencias nominales de recursos que impuso la aceleración de la tasa de inflación.

Sin embargo, siempre hay excepciones, al punto que pese al “relato” oficial de que “no se pagará la deuda hasta que pueblo no vea su futuro”, -según las efusivas palabras del presidente Alberto Fernández en el acto de Homenaje a 11 años de la muerte de Néstor Kirchner- el pago de servicio de la deuda pública es el que al 25 de octubre último aparecía en el primer puesto en el grado de ejecución del monto ampliado a $693.859 millones -incluye $81.100 millones de la Decisión Administrativa 1014 del martes último-, con 88,84% del total.

Le siguieron de cerca, en términos relativos el Ministerio de Economía, con 88,1% sobre $835.978 millones; el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat 86,38% sobre $115.937 millones -es el único que conserva la partida presupuestaria original-; y el Ministerio Público 85,81%, sobre $39.677 millones.

En tanto, con el nuevo reparto de las autorizaciones de gastos por parte de la dupla Juan Manzur y Martín Guzmán, registran subejecución del Presupuesto 19 de las citadas 27 grandes subdivisiones del gasto público central, entre los que se destacan casi la mitad, algunos todavía con alta demanda de asistencia social, como el Ministerio de Salud 74,3% sobre el umbral de 81,6% definido por el tiempo transcurrido desde el 1 de enero 2021; Educación 72,85%; Poder Legislativo Nacional 71,9%; Ministerio de Obras Públicas 71,2%; Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 69,46%; Jefatura de Gabinete 68,61%; Ministerio de Cultura 64,73%; Ministerio de Agricultura y Ganadería 59,63%; y Ministerio de Transporte 51,28 por ciento.

La persistencia de una alta brecha entre la tasa de inflación del 2021 y la ajustada en el presupuesto de gastos y recursos, junto al giro negativo para las finanzas públicas que significa la suba del precio internacional del petróleo, por un lado, y la baja de los precios de las materias primas que más exporta la Argentina, hace prever que en lo que resta del año se publicarán varias Decisiones Administrativas con la firma del Jefe de Gabinete de Ministros y el ministro de Economía que autoricen la ampliación de las partidas de gastos aprobadas hasta el presente, las cuales serán financiadas con mayor asistencia de pesos por parte del Banco Central.