En una semana activa en el logro de consenso de proyectos de ley destinados a normalizar la economía, con propuesta de reducción gradual de los denominados impuestos distorsivos, en la iniciativa de reforma tributaria que ingresó a Diputados; y de los costos laborales e incentivos a la eliminación de la informalidad del empleo, con la propuesta de reforma laboral que ingresará a Senadores, Infobae tuvo acceso a la redacción del nuevo “Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno”.

Se trata de mantener el espíritu de la Ley 25.917 de 2004, en cuanto a contención del gasto público en las provincias, con una modesta restricción de limitarlo a la variación de la tasa de inflación, en lugar del crecimiento real de la economía, esto de la suma del aumento promedio de los precios más el incremento que el año previo registre el producto bruto interno.

Sin embargo, como en el proyecto de ley de reforma tributaria se establece un cronograma de reducción gradual del Impuesto a los Ingresos Brutos, Sellos y la supresión de las “aduanas interiores”, las provincias que en su mayor parte están equilibradas deberán hacer un esfuerzo significativo para no caer en déficit fiscal y ser penalizadas con más restricciones en el ejercicio siguiente.

Sobre todo, porque el proyecto de responsabilidad fiscal mantiene el tope de 15% del nivel de endeudamiento respecto de los recursos propios excluidos de las transferencias por coparticipación a los municipios. De ahí que en los fundamentos de la iniciativa que acordaron los gobernadores con los ministros de Hacienda, Interior y Jefatura de Gabinete se estipuló “no aumentar la presión impositiva legal, especialmente en aquellos gravámenes aplicados sobre el trabajo, la producción, el sector productivo y su financiamiento. Este acuerdo tiene por finalidad común lograr el crecimiento de la economía nacional y las economías regionales, en la medida en que dichas decisiones no impliquen comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

A partir de 2020 las provincias que registren equilibrio presupuestario o pasen a superávit, podrán expandir sus gastos al ritmo del aumento del PBI, no más. Sin embargo, mantendrán la limitación del empleo de planta “cuando esté asociada a nuevas inversiones que impliquen una mayor prestación de servicios sociales, como educación, salud y seguridad”.

En este punto, la iniciativa habilita a que el creado “Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal determinará la relación óptima de cargos ocupados (permanentes, temporaria y contratados) adecuada a las características de cada jurisdicción, a los efectos de permitir excepciones”.

También, como establecía la Ley 25.917 de 2004, pero que muy pocos cumplieron, el Pacto establece que todas las jurisdicciones  deberán difundir “información trimestral de la ejecución presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado) clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios, detallando en estos tres últimos casos el tipo de acreedor”.

Mientras que en lo referente a la planta de personal cada jurisdicción deberá  informar sobre el “nivel de ocupación del sector público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año con un rezago de un trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y del personal contratado, incluido el de los proyectos financiados por Organismos Multilaterales de Crédito. El Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal deberá elaborar y publicar en su página web oficial toda esa información”.