A dos años y medio en el Gobierno y más de 5 años de análisis de la realidad socioeconómica por parte de los equipos técnicos de Cambiemos que a través de la Fundación Pensar se venía preparando para esta hora, en el área económica la gestión no ha logrado construir certidumbre, o al menos acotar los riesgos, por empecinamiento en innovaciones no respaldadas por evidencias empíricas comparables con la historia particular de la Argentina.

La crisis o tensiones cambiarias comenzaron a manifestarse a partir de la intervención directa en el mercado por parte del Banco Central, más preocupado por reencauzar las expectativas de inflación, que por no afectar la actividad, el empleo y la planificación del sector exportador con la generación de un nuevo atraso de la paridad real entre el peso y el dólar, pese a las advertencias de gran parte de los economistas independientes.

Finalmente, una vez más el mercado marcó la cancha y dio claras muestras de que no está dispuesto a avalar un nuevo deterioro de la competitividad cambiaria, no sólo por los costos que implica para la economía real y el empleo, sino, principalmente por la creciente incertidumbre que genera la bola de nieve del déficit de las cuentas externas: rojo comercial, rojo de la cuenta del turismo, y rojo financiero derivado de las abultadas necesidades de financiamiento del desequilibrio externo de las finanzas públicas.

La elección del gradualismo fiscal, para achicar el gasto a niveles compatibles con la capacidad de generación de riqueza por parte del conjunto de residentes, cuando a todas luces se tienen claramente identificados las áreas donde se concentran los excesos de gastos, encontró su punto límite cuando los mercados comenzaron a poner tope al financiamiento sin límite, en particular cuando la plaza internacional dio señales de un cambio de escenario, con alta de tasas de interés que por ahora se ha frenado, pero no cambia su tendencia.

Ordenar las finanzas públicas

La estrategia inicial del equipo económico fue hacer descansar la baja del gasto en términos reales principalmente en la corrección esperada con el cobro del impuesto inflacionario y la esperada reactivación de la economía, más que en la eliminación de distorsiones históricas, muchas veces amparadas más por la costumbre que por restricciones de “urgencias sociales”, como es el caso de sostener un régimen de salarios para los choferes de funcionarios del Banco Central, o el factor de “enganche” a la suerte de la recaudación, en el caso de los miles de empleados de la AFIP, entre muchísimos otros ejemplos; como en un ataque frontal de la economía informal que se alimenta de una asfixiante presión tributaria.

Eso fue advertido por los inversores internacionales, como lo manifiesta el salto de la brecha del índice de Riesgo País entre el de la Argentina y Brasil, de menos de 100 puntos básicos dos años atrás, a 200 en la actualidad.

Sin embargo, a poco andar, y luego de un cambio de actitud y del rol de ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que dejó de ser uno más en el equipo de 21 ministros, se advierte que se vuelve a las intervenciones en el mercado de cambios, ahora a través de la Banco Nación con dólares de la deuda  externa del Tesoro, para evitar que se mantenga el drenaje de reservas. Pero al fin del día se observa que no sólo ese objetivo no se logra, sino que tampoco se esterilizan pesos que lleven a las entidades a desprenderse de Lebac.

Por el contrario, caen las reservas, suben las Lebac, se impide que el régimen de flotación estabilice el tipo de cambio en un nivel incentive la liquidación de divisas por parte de los exportadores, en particular del agro que pese a las menores cosechas en la AFIP estiman que hay retención de granos y oleaginosas y sus derivados, porque ha quedado demostrado que es buen negocio retener, más allá de que en el caso del complejo sojero cada vez, hasta fines de 2019 recibirá un plus mensual de 0,5 puntos porcentuales, por la baja legislada en las retenciones.

A la espera del acuerdo con el FMI

Si bien desde un principio se alertó que un acuerdo con el Fondo Monetario, más allá de la muy buena conexión entre el equipo económico  y los máximos técnicos del organismo, iba a llevar varias semanas en cerrarlo, aunque según dijo el Presidente “ocurrirá en los próximos días”, está claro que la situación actual de severo cambio de expectativas que apuntan a más inflación, por un tipo de cambio más alto y menor crecimiento de la actividad por el cuadro de incertidumbre, más los costos que sobre los bolsillos de las familias representa el lógico encarecimiento de los alimentos y de todos los productos y servicios vinculados con la variación del dólar; más el encarecimiento del crédito, exige anticiparse con medidas concretas.

La decisión del veto a la inexplicable ley para dar marcha atrás con aumentos de tarifas, principalmente en la Ciudad y provincia de Buenos Aires, que no sólo apuntan a reducir los subsidios a sectores que pueden pagar valores plenos, sino además aproximarlos a los que desde hace más de un lustro pagan en el resto de las provincias, en particular en aquellas donde sus habitantes registran niveles sustancialmente menores de ingresos, va en esa dirección.

Pero además, políticamente se requiere no esperar al acuerdo con el FMI para emitir señales concretas de recorte del gasto público improductivo, como la tolerancia de alto índice de ausentismo y no cumplimiento de la carga horaria de un alto porcentaje de empleados públicos en la administración central; así como presentar proyectos concretos de legislación laboral del empleado público que los equipare con los del privado; y para eliminar todos los plus sobre el salario que se observa en infinidad de organismos.

También en el plano monetario se debería actuar con anticipación en el desarme de la bola de nieve de la emisión de Lebac, aunque sin acudir, como en el pasado, a medidas confiscatorias o compulsivas.

Sobre todo porque existen instrumentos de regulación monetaria, como la suba de los encajes bancarios que posibilitan esterilizar de una vez el excedente de pesos que se deriva a la compra de dólares y a generar inflación. De ese modo, las entidades, que en conjunto tienen más del 40% de los casi 1,3 billones en circulación.

De ese modo se abandonaría el régimen de remuneración indirecta de los activos bancos, los cuales deben destinarse a financiar la actividad productiva y el consumo de las familias, y alentar la captación del ahorro privado con tasas más altas, para fomentar la monetización del sistema.

Los indicadores de actividad muestran claras evidencias de desaceleración en las tasas de aumentos, con el consecuente impacto sobre el empleo, pero aún no se ha derrumbado.

Eso es lo que se debería evitar, para que una vez recibido el acuerdo con el Fondo cambien las expectativas, de lo contrario, no sólo se habrán perdido el primero y el segundo trimestre, sino también el tercero.