En las últimas horas trascendieron algunos lineamientos sobre los criterios de la reforma tributaria que el Gobierno nacional se prepara para enviar al Congreso.

Se sabe que la carga impositiva en la Argentina está, en promedio, entre las más elevadas del planeta, con estimaciones que van desde el 42% al 50% del PBI, según los diferentes criterios de medición, sobre los denominados impuestos al trabajo o cargas laborales no salariales de bolsillo, y el siempre duro de roer impuesto inflacionario.

Y mucho más alta si se calcula la presión tributaria sobre los que realmente pagan todos los gravámenes, porque la economía opera con un grado de informalidad del orden de 40%; y peor aún si, además, se estima el efecto del impuesto indirecto que muchos pagan, porque el Estado ha resultado ausente, o mantiene severas deficiencias en la prestación de servicios básicos de agua, seguridad física, educación, atención médica, entre muchos otros.

De ahí que así como en la Argentina ocurren crisis recurrentes, y se espera siempre un corte definitivo, también aparece en el centro de la escena la necesidad de impulsar un cambio en el régimen tributario, para aliviar las cargas sobre las personas y las empresas. El momento actual no parece la excepción.

Como siempre, una vez más pareciera que se vuelve a caer en los errores del pasado al crear nuevos impuestos o, lo que es lo mismo, extender los existentes a toda la economía, bajo el argumento que parece irrebatible de tender a la “equidad tributaria”, eliminando exenciones, como por ejemplo a la “renta financiera”, y proponiendo otros, a través del revalúo de activos de las empresas, con un cargo inicial del 5 a 10%. Si bien en este caso aseguraría en perspectiva dejar de pagar el Impuesto a la Ganancias por el mero efecto de la inflación, el cual ha sido pagado injustamente de modo creciente en los pasados 15 años, al ritmo del alza de los precios, en el inicio determinaría un nuevo castigo sobre las finanzas de las empresas.

Mientras se alienta sostener el distorsivo impuesto a los débitos y créditos bancarios (al cheque) para financiar al desequilibrado sistema de la seguridad social, porque hay menos de 1,5 aportantes de hasta un máximo de 27% de sus ingresos brutos, y cero en el caso de los monotributistas que tienen otro ingreso en una actividad principal, por cada jubilado y pensionado al que se dice que debe recibir el 82% del salario equivalente a un activo en su rubro.

Poco o nada se dice sobre que la principal equidad tributaria es la que hace que más paguen impuesto, no porque se crean impuestos, sino porque se cierran los canales que alientan la evasión y la marginalidad, en particular en el campo laboral, y la inflación que siempre castiga más a los más débiles, como asalariados y pequeñas y medianas empresas, y por tanto de modo genuino se los logra incluir en el sistema formal.

Es cierto que también un principio de equidad tributaria requiere eliminar todas las exenciones que derivan, técnicamente, en elusiones legales del impuesto, y que se estimaron en el presupuesto 2018 en torno a 3% del PBI, apenas por debajo del déficit fiscal primario esperado para el año próximo.

Sin embargo, la propuesta más que pensar en crear y extender los impuestos a otros sectores exentos, debiera ser bajar todas las alícuotas generales para que el contribuyente cumplidor de todas las normas reciba un ahorro real, no parcial en unos tributos que luego se lo licua con la creación de otros “por única vez”, para lograr el objetivo real de bajar la presión tributaria total y generar un ambiente amigable para la inversión y el aumento de la competitividad y la productividad, con la liberación de recursos al sector privado, que cuenta con innegables potencialidades de recursos naturales y humanos,.

Asignatura pendiente

Además, en los considerandos de la reforma tributaria debería quedar asentado que el objetivo no es sólo contar con un sistema tributario justo, equitativo, progresivo y estable, sino también que los poderes ejecutivos se comprometen a reducir el tamaño del gasto del Estado, según pautas internacionales de eficiencia, de manera de quebrar la histórica decisión de la clase política en pensar siempre en aumentar el gasto y luego en crear impuestos para pagarlo, incluyendo el inflacionario.

Si esa tendencia histórica no se revierte, y una vez más se trabaja en consensos para crear impuestos y extender los existentes, en lugar de encarar un cambio de fondo que alivie en serio la presión tributaria y se asuma el costo de achicar el peso del Estado para liberar recursos al sector privado que, al menos en la Argentina, siempre ha sido más eficiente que el sector público, se volverá a caer en un parche más.

El Presidente dijo: “Argentina no le tiene que temer a las reformas, es crecer”. Parece que hay áreas del Gobierno que no piensan en eso, sino en repetir viejas recetas, de quién no paga, dentro de la formalidad, para incluirlo en el zoológico fiscal, en lugar de encarar la difícil pero necesaria tarea de atacar los canales de la informalidad y sus causas.